Sin duda alguna, el gobernador Alfonso Durazo mostró sensibilidad con el fenómeno de la vivienda en el estado; pero puedo decir con franqueza que esta preocupación tuvo sus francos tropiezos y resultados no esperados; veamos.
El tema de la vivienda es un universo donde los paradigmas, las facetas, como las opciones y operaciones, son diversas, entonces la situación no es nada sencilla y se complica más cuando los encargados de algunos sectores de la problemática de vivienda no tienen experiencias en esos campos; por ejemplo, no es lo mismo abordar viviendas del Infonavit con sus problemas crediticios e invasiones de las mismas, que los sectores que tienen posesiones del dominio del estado o de los municipios, como tampoco es lo mismo tratar con inmuebles de bancos, o en venta de adjudicaciones o cesiones de derechos o con posesiones irregulares de estos sectores.
Pues bien, quienes pensaron que tratar el asunto de la vivienda era una cuestión sencilla y que su supuesta “capacidad” estaba simulada con el objetivo de parecerle funcional al gobernador, pues simplemente no solo no ayudaron, sino que dificultaron los avances que en cierta manera se tenían, y puedo afirmar que se siguen deteniendo.
En los casos en que propiamente tiene injerencia el Estado con relación a la vivienda, son las dependencias de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (CEBYC) y estas no pueden operar adecuadamente si no tienen el apoyo de la Secretaría de gobierno.
Desde un inicio, la subsecretaría se descuidó y no se vio la debilidad operativa, una dependencia clave en el sector social no podía darse el lujo de experimentar, si lo que se quería era crear un relevo generacional o bien cumplir ciertos compromisos políticos, debieron prever que los asesores experimentados deben estar ahí “para hablar al oído” a quienes carecían de esa vivencias; el caso de Urbi en Cajeme, o en Huatabampo con COVES, el asunto de los galleros o Las Presas del Río Sonora son ejemplos contundentes de la ausencia de operación; al punto de llegar a un extremo que crear una ruta para reprimir líderes sociales.
La falta de oficio llevó a la subsecretaría crear un racimo de líderes de cuanto movimiento social se presentaba porque no fueron capaces de ubicar interlocutores con el tibio argumento “de que a todos se les escuchaba”. Por eso en Mirabal o en Huatabampo no supieron crear interlocución que les garantizara gestiones en “santa paz”.
En Coves, las iniciativas de Tony Gallardo sentaron las bases para la regularización de un importante asentamiento humano en Huatabampo, cuando fue relevado por Armando Villa, se quedó paralizado todo y, después de este personaje, entró Pedro Fontes que se ha dedicado a darle vueltas al asunto y “nadar muertito” cuyo resultado práctico es menos que nada.
Y el gobernador, sabe que no hay avances y sabrá dios qué estarán pensando, lo cierto es que el patético que siendo dueños de la tierra, se han dejado doblegar por un grupo que dicen que no quieren verse como represores, pero que permita la impunidad para que este grupo reprima a vecinos y propietarios legítimos.
En el tiempo que estuvo en CEBYC José Pablo Rubio entregó 2,213 escrituras, concretó 434 cartas de asignación e impulsó eventos de cancelación de reservas de dominio, por ejemplo, fueron 529 en el poblado Miguel Alemán y alrededor de 70 en Sahuaripa. Digamos, pues un aporte considerable para el tiempo que estuvo en CEBYC.
En el caso de Tony Gallado durante su gestión se creó un abanico de atención a todos los grupos en Mirabal, pero la falta de experiencia en la subsecretaría de Gobierno impulsó nuevos liderazgos que vinieron a complicar el proceso de regularización, al extremo que algunos de estos supuestos liderazgos fueron protagonistas de violencia y amenazas.
Aun así, se avanzó en el proceso de regularización y se pudo administrar el conflicto social.
La recuperación de casi 400 hectáreas en San Carlos, Guaymas, valuadas en miles de millones de pesos, la certeza jurídica a miles de sonorenses, nunca antes visto, y ser ejemplo nacional en transferir centros de salud al IMSS-Bienestar y el impulso al plan de vivienda del Bienestar, fueron logros relevantes con el licenciado Gallardo.
El caso de Urbi Cajeme es una “pelota” que ha andado de mano en mano y las cosas se juzgan por resultados y es hora de concluir que no se ha hecho lo adecuado porque cuando se avanza, lo vuelven a detener por la idea errónea de que algunos funcionarios no puedan parecer funcionales.
Creo, que hay activos que el gobernador Alfonso Durazo debe tomar en cuenta y creo que José Pablo Rubio como Tony Gallardo son sujetos políticos- sociales que no pueden ser desperdiciados.
La ausencia de manifestaciones por vivienda en el palacio de gobierno no es por arte de magia, es producto de una escrupulosa operación que, sin el apoyo del gobernador como por personas experimentadas dentro del gabinete, no podría ser posible.
La actual administración está por concluir y puede concluir de la mejor manera, ojalá el gobernador, y lo digo con pleno conocimiento, no vaya a descuidar este tipo de activos y no por cuestiones emocionales, sino porque garantizan la identificación con el sector social y que parte de la idea que este asunto es una cuestión de equipo, donde se combina, experiencia, conocimiento y voluntad.
Tengo elementos para asegurar que podría darle una agradable sorpresa a su sexenio y sobre todo a los sonorenses más vulnerables; todavía hay tiempo.
