EL CONGRESISTA
Hermosillo, Sonora. – Víctor Guerrero, quien fungió como titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora durante la administración de Claudia Pavlovich, ha emitido una carta pública en la que refuta las acusaciones de peculado por las que actualmente se encuentra privado de su libertad. El exfuncionario niega rotundamente los cargos y acusa a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora de manipular el proceso, omitir pruebas cruciales y desviar la atención hacia la empresa Consulta Actuarios, presuntamente ligada al caso.
Guerrero fue detenido el pasado 28 de agosto de 2025, enfrentando órdenes de aprehensión por presunto peculado e incumplimiento de un deber legal, supuestamente derivados del manejo de recursos de la SEC entre 2018 y 2021, durante el sexenio anterior. Según las declaraciones del fiscal Anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, se habría generado un daño patrimonial de aproximadamente 290 millones de pesos, transferidos indebidamente a la empresa Consulta Actuarios mediante un fideicomiso y una SOFOL.
Sin embargo, en su defensa, Guerrero argumenta que los fondos en cuestión no provienen de recursos públicos, sino de retenciones salariales de trabajadores de la educación, un esquema financiero que, según él, existe desde 1986 y se basa en un acuerdo laboral con la Sección 54 del SNTE. Afirma que, de hecho, él mismo presentó una denuncia contra Consulta Actuarios en 2021 al detectar irregularidades en la operación del “Plan de Beneficios Múltiples”.
El exsecretario critica que dicha demanda civil fue paralizada en 2024 sin explicación pública y sostiene que la Fiscalía Anticorrupción ha centrado la investigación penal exclusivamente en exfuncionarios, ignorando pruebas que, a su parecer, exonerarían a los señalados y apuntarían a la empresa.
Guerrero exige transparencia en el proceso judicial y advierte que, si se determina que los fondos son públicos, se debería investigar también a funcionarios de la administración actual que hayan participado en su manejo.
Este caso se suma a las investigaciones relacionadas con Ernesto de Lucas Hopkins, también exsecretario de Educación y excandidato al Senado, quien fue vinculado a proceso por peculado en diciembre pasado. La Fiscalía lo acusa de suscribir contratos que habrían permitido el desvío de fondos destinados al pago de impuestos mediante el esquema del “Plan de Beneficios Múltiples”, que supuestamente carecía de autorización fiscal.
