A través de una carta, el exsecretario de la SEC, José Víctor Guerrero, afirma que los fondos del fideicomiso por los que se le acusa de peculado son aportaciones privadas de trabajadores y denuncia que la actual administración estatal opera bajo el mismo esquema financiero que hoy criminaliza.
HERMOSILLO, SONORA. – En un posicionamiento directo desde el CERESO 1 de Hermosillo, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura, calificó como “inexistente” el delito de peculado por el cual se encuentra vinculado a proceso desde diciembre pasado. El exfuncionario sostiene que los recursos en cuestión no tienen naturaleza pública, sino que provienen de retenciones voluntarias de la nómina de los trabajadores de la educación.
Un esquema de 40 años bajo la lupa
Guerrero González explicó que el mecanismo de retención para el fondo de previsión social no es una invención de la administración anterior, sino un acuerdo establecido entre el Gobierno del Estado y la Sección 54 del SNTE desde 1986.
“No son recursos públicos, son recursos privados o particulares y nunca fueron distraídos de ningún capítulo o partida presupuestal pública”, dicta el documento enviado a la opinión pública.
El ex titular de la SEC argumenta que, al ser aportaciones de los propios docentes para sus beneficios laborales, la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) carece de sustento jurídico, ya que no puede existir peculado sobre recursos que no pertenecen al erario.
De denunciante a imputado: El giro del caso
La defensa de Guerrero destaca una contradicción procesal: en 2021, fue él mismo quien denunció ante la Fiscalía General de Justicia a la empresa Consulta Actuarios, S.C. por irregularidades en el manejo del fideicomiso.
Sin embargo, señala que a finales de 2024 la demanda civil contra la empresa se detuvo sospechosamente, y la FAS reorientó las investigaciones hacia los funcionarios que originalmente denunciaron el mal manejo de la administradora externa.
Señalamientos a la actual administración
En un tono de exigencia por equidad jurídica, Guerrero González reveló que el actual Gobierno del Estado continúa operando este esquema bajo el nombre de “Plan de Beneficios Laborales”.
Incluso, denunció una presunta irregularidad en la gestión presente: según el exfuncionario, los recursos retenidos actualmente no se depositan en un fideicomiso, sino en una cuenta bancaria del Estado destinada originalmente a pavimentación e infraestructura urbana, desde donde se transfieren al sindicato.
“Si se confirma la tesis de la FAS de que estos recursos son públicos, demandamos que se proceda de inmediato contra los funcionarios de la actual administración que operan el mismo esquema, con la agravante de usar cuentas destinadas a obra pública para fines sindicales”, sentenció.
Finalmente, el exsecretario exigió transparencia total y el cese de injerencias externas en el sistema judicial para permitir una resolución apegada a la ley.
