La FGJES cuestionó la decisión de un juez de otorgar un plazo de 18 días a la defensa y liberar a cinco detenidos por el siniestro en Hermosillo, señalando que esta medida excede el límite constitucional de 144 horas. El Ministerio Público presentará recursos legales para revertir el fallo.
HERMOSILLO, SONORA.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes para impugnar la decisión de un Juez de Control, quien ordenó la liberación de cinco personas señaladas por su probable responsabilidad en el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado 1 de noviembre en esta capital.
Durante la audiencia de imputación celebrada este 26 de diciembre a partir de las 9:00 horas, la representación social formuló los cargos derivados de las órdenes de aprehensión ejecutadas. Sin embargo, la Fiscalía denunció que el juzgador permitió que la defensa prolongara el debate de manera innecesaria mediante argumentos de forma, tales como la supuesta falta de color o legibilidad en las copias del expediente, aun cuando la carpeta original estaba disponible para su consulta.
Controversia por plazos legales
El conflicto jurídico escaló cuando el Juez determinó que, debido al volumen del expediente, no era posible proceder con la vinculación a proceso de forma inmediata. Bajo este argumento, otorgó un plazo de 18 días a la defensa para el análisis de las pruebas y ordenó la libertad de los imputados.
La Fiscalía subrayó que esta determinación contraviene lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, marcos jurídicos que establecen un plazo máximo de 144 horas para resolver la situación jurídica de un detenido.
Postura de la autoridad ministerial
La institución aclaró que la liberación de los señalados no obedece a la acreditación de su inocencia ni a una detención arbitraria, sino estrictamente a un criterio judicial para ampliar los tiempos de la defensa.
Ante lo que considera una resolución desapegada a derecho, el Ministerio Público del Fuero Común confirmó que se mantendrá firme en su pretensión punitiva. La FGJES reiteró su compromiso de agotar todas las instancias para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño derivado del siniestro en el establecimiento comercial.
