EL CONGRESISTA
CIUDAD DE MÉXICO. – El Proyecto Saguaro, un megaproyecto de gas natural licuado, enfrenta críticas y desafíos legales por sus potenciales impactos ambientales y la oposición de diversos sectores de la sociedad. Activistas y organizaciones señalan que los intereses económicos ligados a la administración actual estarían priorizando el desarrollo de combustibles fósiles sobre la protección del ecosistema del Golfo de California y el bienestar público.
El proyecto ha generado al menos diez juicios de amparo debido a presuntas afectaciones ambientales. A pesar de las advertencias científicas, los procesos judiciales en curso y el rechazo social, la defensa política del megaproyecto continúa, argumentando beneficios de desarrollo, mientras los críticos advierten sobre la transformación del Golfo de California en una zona de sacrificio.
El Golfo de California, reconocido por su biodiversidad, alberga o es ruta de paso para el 85% de los mamíferos marinos de México. El avance del Proyecto Saguaro, que incluye un aumento significativo en el tráfico de buques metaneros, genera preocupación por el desplazamiento y la muerte de especies marinas, incluyendo la vaquita marina, en peligro de extinción. El ruido submarino constante y el riesgo de colisiones son factores que amenazan la estabilidad del ecosistema.
Además de las preocupaciones ambientales locales, el proyecto se inserta en el contexto de la crisis climática. La extracción, licuefacción y transporte de gas natural licuado liberan metano, un potente gas de efecto invernadero. El transporte de este gas a través de territorio mexicano agrava la crisis climática, que ya afecta a comunidades con sequías y eventos climáticos extremos.
Organizaciones civiles denuncian que el proyecto ha sido impulsado a través de procesos poco transparentes, evaluaciones ambientales cuestionadas y sin una consulta adecuada a las comunidades locales y a la comunidad científica. La existencia de juicios de amparo y procesos judiciales, según los críticos, evidencia violaciones al derecho a un medio ambiente sano y al interés público.
La situación ha llevado a cuestionamientos sobre el modelo de desarrollo energético promovido por el gobierno, al que se acusa de priorizar negocios fósiles que generan daño y poner en riesgo el patrimonio natural y el futuro del país, en detrimento de la responsabilidad legal y ética del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos.
ENLACE: Proyecto Saguaro: Tensiones entre Desarrollo Energético y Protección Ambiental en México
