La diputada Gabriela Félix (MC) acusó a la mayoría de Morena y aliados en el Congreso de Sonora de violar el proceso legislativo al aprobar de urgente tres dictámenes clave: la nueva Ley de Seguridad, modificaciones a la Ley de Transporte y cobros al sector agrícola. Denunció falta de transparencia, omisión de impacto presupuestario y actuar autoritario.
Hermosillo, Sonora; 9 de diciembre de 2025.- La diputada Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano, votó en el Pleno del Congreso del Estado en contra de tres dictámenes cruciales: la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, las modificaciones a la Ley del Transporte y la creación de nuevos cobros por el uso de sustancias químicas en la agricultura.
La legisladora señaló a la mayoría parlamentaria de Morena y aliados de violentar sistemáticamente el proceso legislativo y actuar como un “gobierno autoritario” al someter a votación proyectos clave bajo la figura de urgente u obvia resolución, sin transparencia, sin dictamen de impacto presupuestario y sin consulta a los sectores afectados.
Respecto a la Ley de Seguridad Pública, Félix denunció que un dictamen de 245 artículos fue aprobado sin pasar por la Comisión de Seguridad ni tener un dictamen de impacto presupuestario, violando el principio de Parlamento Abierto. “Con esta no se la aventaron, se la volaron. Pareciera que les vale un sorbete Sonora”, afirmó. Cuestionó la urgencia para la “armonización” con la ley nacional, cuando otras leyes llevan años esperando. Además, rechazó la ley por proponer requisitos ambiguos para cargos de alta responsabilidad como el Comisario General, que podrían permitir a personas condenadas por delitos no vinculados a su función ocupar el puesto, lo cual choca con la Ley 3 de 3.
En cuanto a la Ley del Transporte, la diputada votó en contra al señalar que se aprobaron reformas “en bola” y sin socialización. Explicó que buscan extender a todo el estado el modelo de cobro por kilometraje, un esquema que ya demostró ser insostenible en Hermosillo, donde el Estado terminó subsidiando con 969 millones a una sola empresa. Advirtió que estas modificaciones abren la puerta a desplazar a los concesionarios tradicionales a favor de nuevas empresas privadas, violando el proceso legislativo al no consultar a usuarios ni a concesionarios.
Finalmente, se opuso a la creación de nuevos cobros al sector agrícola por el uso y la compra-venta de sustancias químicas relacionadas con explosivos. La diputada subrayó que la propuesta no contiene la justificación técnica ni económica exigida por la ley (sin cifras, proyecciones ni impacto para los productores). Subrayó que, tras el polémico permiso de fabricación de armas aprobado semanas atrás, es cuestionable imponer cobros sin explicar su propósito real.
Gabriela Félix concluyó su intervención advirtiendo que “la diferencia entre la democracia y el autoritarismo es el respeto a las reglas”, principio que, a su juicio, la mayoría parlamentaria ha decidido romper.
