Desafortunadamente el modelo de gestión ambiental que nos dimos para lograrlo no ha funcionado porque estamos inmersos en un círculo de corrupción entre los funcionarios de los organismos ambientales de los tres niveles de gobierno y los mexicanos dedicados a todas las actividades económicas.
México inicia la construcción de su marco normativo del derecho ambiental para la protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988. En 37 años de lento camino hoy contamos con muchas leyes federales que supuestamente aseguran que nuestro país tenga un desarrollo sustentable. Cuyo objetivo es conservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico para garantizar el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano.
Desafortunadamente el modelo de gestión ambiental que nos dimos para lograrlo no ha funcionado porque estamos inmersos en un círculo de corrupción entre los funcionarios de los organismos ambientales de los tres niveles de gobierno y los mexicanos dedicados a todas las actividades económicas.
Con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos desconcentrados: la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente formalmente desde 1992, se establece el entramado institucional regulatorio y de vigilancia del cumplimiento ambiental, soportado por nuestra legislación ambiental, que incluye la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Productos Orgánicos, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático.
Tenemos normas oficiales mexicanas que son recomendaciones, pero no son leyes. México es país firmante de Acuerdos Internacionales que se supone son Leyes equiparables a las leyes nacionales. El Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea, Convenio de Rótterdam, el Convenio Ramsar, el Convenio de Estocolmo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias Químicas a nivel Internacional, el fallido Protocolo de Kioto y su sucesor el Acuerdo de París. Tenemos normas técnicas estatales y normas municipales. Pero no cumplimos nada.
El modelo de vigilancia del cumplimiento de nuestro marco normativo federal, estatal y municipal nunca ha funcionado. Porque en nuestro país tenemos un modelo de gobierno que se basa en una democracia representativa. Mediante “elecciones democráticas” elegimos funcionarios de gobierno y representantes populares. Nuestro modelo gubernamental pretende que sus gobernados (ciudadanos o empresarios) cumplan estrictamente con el contrato social (conjunto de leyes y reglamentos) simplemente porque es su obligación moral. El resultado es nulo. Nadie cumple ninguna ley, norma o reglamento en materia ambiental porque es más fácil y barato dar una propina para no ser sancionado o clausurado, que cumplir con todas las inversiones necesarias en equipos e infraestructura para no contaminar.
Debo señalar que el cuidado y protección de nuestros recursos naturales y medio ambiente es un caso diferente. Se requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad. Esta recomendación es de la Organización de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible del gobierno alemán (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-GTZ), que junto con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en 1994 propusieron crear estos organismos colegiados donde podamos ser corresponsables todos los actores sociales en esta compleja tarea.
Los concejos ciudadanos participativos en materia ambiental deben existir dentro de todos los organismos ambientales regulatorios. Debemos crear comités técnicos asesores honorarios con la participación de organizaciones sociales, colegios de profesionistas, expertos y académicos, además de todos los empresarios. Debemos crear procuradurías sociales ambientales.
En 33 años de existencia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha sido incapaz de corregir y detener la depredación ambiental y la terrible contaminación del aire, agua y suelo mediante su procedimiento administrativo (por cierto, obsoleto). Fue Santiago Oñate Laborde, primer procurador, quien nos explicó que el objetivo primordial de este organismo es ayudar a los empresarios a cumplir cabalmente nuestra normatividad ambiental. Una vez realizada la visita de inspección, se le otorgará al empresario un tiempo pertinente (para lograrlo) que será determinado de acuerdo al nivel tecnológico de cada actividad económica.
Quiere decir que no debimos iniciar aplicando los mismos criterios ni tampoco debemos aplicar las mismas normas ambientales a las actividades casi artesanales de ingenios azucareros o de curtidores que a la industria automotriz o aeronáutica.
Varias entidades federativas carecen de procuradurías ambientales estatales y decenas de ayuntamientos tampoco cuentan con sus direcciones de ecología municipales.
Todos estos organismos de vigilancia locales simulan el cuidado de nuestro medio ambiente porque no han detenido la gigantesca depredación ambiental que sufre nuestro país. La prueba irrefutable son los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los costos totales de agotamiento y degradación ambiental que en los últimos 20 años fueron de 16 millones de millones de pesos.
Desde 1995 hago uso del procedimiento administrativo denominado Denuncia Popular, al que tenemos derecho todos los mexicanos, señalado en el Artículo 189 de nuestra Ley General del Equilibrio y Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) para señalar a quien contamine. He presentado denuncias contra más de 300 empresas de competencia federal.
Ante procuradurías ambientales estatales he presentado 48 denuncias en Baja California, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz contra tiraderos de residuos sólidos urbanos y “rellenos sanitarios” concesionados a empresas privadas que nunca han cumplido la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003. Pero la depredación ambiental sigue.
Soy testigo de que este modelo de gestión para la protección ambiental y de nuestra salud no funciona. Simplemente es una simulación.
* Presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC.
Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
www.carlosalvarezflores.com y “X” @calvarezflores
