Para conseguir sus objetivos, los políticos administran zanahorias y garrotes, incentivos positivos y negativos.
En un sistema democrático, los contrapesos sirven para evitar los abusos de los gobernantes de garrotes ilegítimos. Porque una cosa es usar, por ejemplo, el poder de la Fiscalía General de la República (FGR) de procesar jurídicamente y encarcelar a un delincuente y, otra, a un adversario político. Lo primero representa un uso legítimo, lo segundo, un abuso.
En el gobierno federal hay cuatro instituciones que son muy poderosas para aplicar garrotes. Tres ya han sido colonizadas por la Presidenta, en particular por el hombre fuerte del gabinete, es decir, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Comienzo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se trata de una de las instituciones más opacas del gobierno encargada de producir inteligencia para la Presidenta y su gabinete.
Detecta riesgos y amenazas a la seguridad nacional. El CNI integra información que recaba la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, Aduanas, Migración y la FGR. También recolecta sus propios datos por medio del espionaje físico y digital. No sólo observa movimientos sociales, protestas, organizaciones políticas, religiosas o económicas que puedan representar riesgos, sino que espía a todo tipo de líderes: políticos, mediáticos, empresariales, sindicales, militares, etcétera.
Esto es ilegal, pero todos los gobiernos lo hacen. La información y el espionaje del CNI le da al gobierno un enorme garrote: el de la extorsión con datos reales.
El director del CNI con AMLO fue un hombre muy cercano al Presidente: Audomaro Martínez. En cuanto tomó posesión Sheinbaum, lo sustituyó por una persona de toda la confianza de García Harfuch, Francisco Almazán. Primera colonización de este sexenio.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) depende, en el papel, de la secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, por el poder que tiene, sus directores, en realidad, le reportan directamente al jefe del Ejecutivo.
Se trata del órgano encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Cuenta con la facultad de congelar las cuentas de personas físicas y morales. Además, tiene acceso a toda la información financiera de bancos, casas de Bolsa, fintech, casinos, notarios, inmobiliarias y empresas de servicios vulnerables.
En un enorme poder que, como vimos el sexenio pasado, puede usar el Presidente para amenazar y castigar con fines políticos. No es gratuito que ahí haya nombrado, primero, a Santiago Nieto y, luego, a Pablo Gómez, dos cuadros eminentemente políticos.
La Presidenta, en principio, ratificó a Gómez, pero luego lo sustituyó en agosto de este año por otro policía profesional cercano a García Harfuch: Omar Reyes. Segunda colonización.
La tercera colonización se dio hace unos días al remover Sheinbaum de su puesto al fiscal Alejandro Gertz Manero.
La FGR es la institución encargada de perseguir y procesar judicialmente todos los delitos del orden federal, incluyendo los que involucran al crimen organizado.
Históricamente, los presidentes la han utilizado como garrote ilegítimo. Recordemos, por ejemplo, cómo Peña, en 2018, usó a la entonces PGR para quitarle competitividad electoral al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Le inventaron un delito que, a la postre, resultó falso.
A la FGR llega, ahora, Ernestina Godoy, una mujer de toda la confianza de la Presidenta.
Pero el gran ganador de este cambio es, de nuevo, García Harfuch. Así lo confirman dos nombramientos de personas allegadas a él.
Godoy ya nombró a Héctor Elizalde como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal. La segunda modificación es la llegada de César Oliveros a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Se trata de dos funcionarios con experiencia policiaca que trabajaron con García Harfuch.
A la Presidenta le queda una cuarta colonización pendiente: el Sistema de Administración Tributaria (SAT), otra de las instituciones que típicamente se utilizan como garrote por el poder que tiene de cobrar impuestos, imponer multas y, en casos extremos, embargar el patrimonio de personas físicas y morales.
Ahí, Sheinbaum ratificó a Antonio Martínez Dagnino como jefe del organismo, puesto que ocupa desde 2022.
Aunque ha demostrado eficacia en incrementar la recaudación, también es una persona identificada con Andrés Manuel López Beltrán. Ambos estudiaron en la misma preparatoria.
No parece que la Presidenta tenga la intención de remover a Martínez. Pero, con las tres colonizaciones que ha hecho, va consolidando su poder de aplicar garrotes, en particular con gente cercana a García Harfuch.
Ojalá usen los garrotes con propósitos legítimos y no como instrumentos de control político. Por desgracia, la historia de este país no nos permite ser muy optimistas que digamos.
X: @leozuckermann
