Alejandro Matty Ortega
El 27 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) vivió un momento histórico: el pleno del Senado de la República aceptó la renuncia con 74 votos a favor y 22 en contra de Alejandro Gertz Manero como titular de esa institución.
En su carta, Gertz anunció su retirada efectiva de la FGR para asumir una embajada como representante de México “ante un país amigo”.
De inmediato se dispararon las críticas: la oposición y una parte significativa de la sociedad, interpretaron ese nombramiento diplomático como un “puente de plata”; es decir, una salida negociada para evadir presiones políticas, mediáticas y judiciales.
Este reportaje reconstruye, con base en información pública y periodística, las denuncias, omisiones y casos inconclusos que marcaron la gestión de Gertz, así como los vacíos que persisten ahora en su adiós.
Un fiscal omnipotente
Gertz Manero llegó a dirigir la FGR en enero de 2019, como parte de una reforma que buscaba dotar de autonomía al Ministerio Público federal.
Su trayectoria jurídica y política es amplia, a muchos les representaba la esperanza de una Fiscalía firme contra la impunidad, corrupción y violencia.
Pero con los años, se fue haciendo evidente una característica que se repetiría: un manejo muy personalista del poder, una Fiscalía que en ocasiones pareció responder más a intereses particulares o políticos que a criterios judiciales claros.
La acumulación de denuncias, casos estancados y decisiones polémicas terminó por erosionar la confianza pública.
Su salida, entonces, lejos de simbolizar renovación, plantea dudas sobre rendición de cuentas.
Infiernos sin castigo
Durante su mandato, la FGR quedó señalada por su manejo de varios de los casos más sensibles para la memoria colectiva del país.
Entre ellos el incendio de la Guardería ABC, aunque la tragedia ocurrió en 2009, mucho antes de que Gertz asumiera, su administración fue marcada por el reclamo persistente de familiares de víctimas que exigían justicia y respuestas definitivas.
A mediados de 2025, la FGR finalmente ejecutó una orden de aprehensión contra una de las socias propietarias del inmueble, identificada como “Sandra N’”, por los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con el incendio.
Pese a ello, para muchos padres y madres víctimas, el proceso ha sido lento, fragmentado y falto de transparencia. Organismos y colectivos han denunciado que, bajo la gestión de Gertz, no hubo voluntad real de asumir una responsabilidad de Estado y tampoco reparación integral para las víctimas.
Más aún: la detención de la copropietaria llega 16 años después del incendio, lo que subraya la lentitud del sistema judicial.
Para muchas familias, el acto probablemente sea simbólico, pero insuficiente.
Este caso se convirtió en paradigma del déficit de justicia en México, una tragedia que marcó a todo un país, con víctimas, culpables identificados y condenas, pero con un proceso que permanece incompleto y con un reclamo de verdad, reparación y memoria que sigue abierto.
Caso Colosio y la reapertura del “segundo tirador”
En noviembre de 2025, bajo la gestión de Gertz, la FGR anunció la recaptura de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia como posible “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.
La decisión reavivó un capítulo traumático de la política mexicana, que había sido revisado en múltiples ocasiones: durante años, la tesis dominante fue que un solo hombre, “el confeso asesino Mario Aburto Martínez actuó solo”.
Críticos de la reapertura advierten que la investigación anterior, de casi 30 años, ya había descartado evidencia convincente de un segundo atacante.
Ahora, con la recuperación de Sánchez Ortega, la FGR revive teorías de complot, posibles encubrimientos, investigación deficiente y manipulación política.
Hasta ahora, la FGR no ha dado detalles públicos definitivos: el caso sigue abierto, con múltiples dudas sobre peritajes, pruebas, testigos y cadenas de custodia.
Para muchos, la reapertura representa una estrategia política más que una verdadera apuesta por la verdad.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada
Quizá uno de los episodios más polémicos recientes fue la detención en Estados Unidos (2024) de “El Mayo” Zambada, presunto líder del narcotráfico y las complicaciones jurídicas y diplomáticas que la operación generó bajo el mando de Gertz.
La FGR informó que solicitó cuatro veces la extradición a EU, pero denunció falta de respuesta, incluso después de que el Departamento de Estado norteamericano reconociera el requerimiento.
Gertz alegó que la detención constituía un “secuestro” en territorio mexicano, sostuvo que “El Mayo” fue trasladado en una aeronave con matrícula clonada, sin procedimientos claros de extradición o repatriación.
Pese a los señalamientos públicos, el caso se prolongó: la FGR asegura que mantiene órdenes de aprehensión vigentes, pero hasta ahora no ha logrado consumar la repatriación, ni dar acceso público a pruebas concluyentes. El asunto se convirtió en símbolo de las limitaciones institucionales y diplomáticas de la Fiscalía bajo su mando.
FGR, despacho personal
Durante su mandato, Gertz reactivó investigaciones contra su propia familia política: tras la muerte de su hermano, promovió denuncias en contra de su cuñada y sobrina por homicidio por omisión de cuidados.
El caso, que había sido archivado años atrás, fue retomado en 2019.
Según informes de medios, la familia política de Gertz fue acusada con firmeza; sin embargo, varios tribunales otorgaron amparos, y el caso quedó marcado por señalamientos de conflicto de interés, falta de imparcialidad y persecución judicial.
Adicionalmente, durante su gestión la FGR acumuló múltiples casos pendientes: desde corrupción, negligencias institucionales, hasta investigaciones de gran impacto social, muchos de ellos sin resoluciones claras al momento de su renuncia.
Con la salida de Gertz, varios expedientes quedaron en un limbo institucional:
El caso del “segundo tirador” en el asesinato de Colosio pasó de ser un archivo histórico a una causa abierta: pero hasta ahora no hay una versión aceptada públicamente, ni una transparencia real sobre evidencias.
El incendio de la Guardería ABC sigue siendo para muchos víctimas y familiares un “infierno sin castigo”: aunque hubo detenciones recientes, las sanciones han sido mínimas en comparación con la magnitud de la tragedia, y la exigencia de justicia, reparación y memoria continúa intacta.
El asunto de “El Mayo” Zambada revela las contradicciones de operar bajo la presión diplomática: acusaciones de secuestro, solicitudes de extradición sin respuesta, señalamientos públicos y ausencia de avances contundentes.
Casos de conflictos de interés, corrupción o nepotismo: muchos de esos expedientes quedaron abiertos, con denuncias y sospechas, pero sin sentencias ni responsables claros.
En conjunto, estos pendientes ilustran lo que muchas voces señalan como una de las principales deudas de la FGR bajo Gertz: una administración que generó expectativas, abrió causas, algunas polémicas, pero que al final dejó más preguntas que respuestas.
La embajada como “puente de plata”: ¿recompensa o blindaje?
El nombramiento diplomático ofrecido a Gertz en su carta de renuncia ha sido interpretado por críticos como una forma de blindarlo frente a los múltiples casos abiertos, denuncias y presiones externas e internas y de otros países como Estados Unidos.
Se cree que el ultimátum al Gobierno de México de la destitución de Gertz Manero vino de Washington.
Para sectores de oposición, la operación revela un patrón: cuando la gestión se torna insostenible, se reemplaza al titular sin que responda realmente por los pendientes; se mueve la responsabilidad, pero no se enfrentan las consecuencias.
El llamado “puente de plata”.
En ese sentido, la embajada no representa un reconocimiento legítimo a un servidor público retirado, es un pacto de impunidad disfrazado de honor.
Impunidad histórica
La historia de Gertz Manero al frente de la FGR no puede leerse como una sucesión de aciertos o de combate ejemplar a la corrupción.
Más bien, es la crónica de una oportunidad fallida o sabotada.
Casos como el de la Guardería ABC, el asesinato de Colosio, la extradición del narcotraficante Zambada, junto con múltiples denuncias por conflictos de interés, nepotismo y uso faccioso del poder, configuran un paisaje desolador: demasiadas víctimas, demasiado dolor, muchas víctimas esperando justicia.
Ahora que el fiscal se retira a una embajada, el país enfrenta una disyuntiva: puede ser la oportunidad de un “borrón y cuenta nueva”, de una renovación institucional profunda.
O bien, un cambio superficial, un relevo de nombres sin una transformación real: sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin reparación.
Para las víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y ciudadanos, la exigencia es clara: no basta con cambiar al titular.
Es urgente desarticular los privilegios, fortalecer los controles, garantizar que la Fiscalía sea de todos, no de unos pocos.
Que no se repita la historia porque México no lo soportaría:
“Puente de plata” a los malos y “pan y circo” a los buenos.
