Ciudad de México. La sentencia del Poder Judicial de Perú que condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración es un acto improcedente y sintomático de una crisis institucional profunda, afirmó este jueves su abogado, Guido Croxatto.
En entrevista telefónica desde Buenos Aires, Croxatto aseguró que este juicio penal busca encubrir una irregularidad de origen: una destitución que violó la normativa peruana. Para el letrado, la condena no es un hecho aislado, sino una evidencia del colapso del Estado de Derecho en el país andino.
“Es improcedente porque al ser un presidente mal destituido no procede un juicio penal. Primero tiene que haber una destitución constitucional”, explicó Croxatto, argumentando que la vacancia se ejecutó con menos votos de los exigidos por la ley. En su lectura, la sentencia es una cortina de humo: “Para tapar esto, le hacen un juicio penal”.
Uno de los puntos centrales de la estrategia de la defensa es el traslado de la disputa legal hacia organismos internacionales, pues Croxatto fue enfático al señalar que el sistema judicial de Perú carece de legitimidad para juzgar a Castillo, dado el control político que ejercen grupos de intereses sobre las instituciones.
“La justicia peruana no da garantías de imparcialidad ni de neutralidad”, aseveró el abogado. “Todo lo que se viene viviendo Perú se va a terminar resolviendo en el foro internacional”.
El abogado confirmó que mantiene un “diálogo continuo” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se prevén reuniones en Naciones Unidas en los próximos meses para continuar la defensa de Castillo, cuya familia está asilada en México.
Según su valoración, la persecución judicial en Perú se ha extendido a todo el espectro progresista para evitar que se repita el escenario electoral de 2021. “Todos los candidatos políticos de la oposición están siendo destituidos o inhabilitados. Hay una vulneración a los derechos políticos de la oposición como en cualquier dictadura”, sentenció.
Ante la ruptura de relaciones de Perú con México y el anuncio del gobierno peruano de que intentará modificar la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 ante la OEA, derivado del asilo otorgado por México a inicios de noviembre a Betssy Chávez, ex primera ministra de Castillo, quien permanece en la embajada mexicana en Lima a la espera de un salvoconducto, Croxatto, expresó que la postura de Lima y su intento de reformar tratados internacionales no son más que tácticas dilatorias para evitar cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Eso es una dilación porque Perú está obligado a otorgar el salvoconducto porque el asilo en México es legal. Perú no puede negarlo”, afirmó el abogado. “Perú está actuando como hacen los malos abogados, que cuando no pueden ganar un caso lo empiezan a dilatar”.
El jurista subrayó que, incluso si Perú lograra modificar la Convención de Caracas el próximo año, dicha reforma no tendría efectos retroactivos sobre el caso de Chávez. “Es una muestra más del desprecio a las instituciones del derecho que hay en Perú”, concluyó.
Para la defensa, el fallo de hoy confirma que la democracia peruana atraviesa un momento crítico. “Es grave porque el caso Castillo es un capítulo nada más. Pero hay muchas vulneraciones. Todos los días sucede una nueva”, dijo Croxatto.
