Por unanimidad, con 33 votos a favor, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron la ley contra la extorsión
JC Ponce
Esta noche, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad, con 33 votos a favor, las con modificaciones el proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los senadores hicieron cambios a la minuta de la colegisladora para, entre otros puntos, incrementar a 15 años la pena mínima de prisión por este delito y un máximo de 25 años.
En el sitio web del Senado se detalla que la minuta proponía establecer en la ley una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 años; no obstante, los órganos legislativos que encabezan los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez coincidieron en que esas penalidades beneficiarían a quienes actualmente cumplen penas por el delito de extorsión.
El documento precisa que las modificaciones a la minuta sólo se hicieron al primer artículo del decreto; es decir, a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en donde se incluye el mencionado incremento a las sanciones carcelarias.
Las comisiones también incluyeron en el texto de la norma que las autoridades encargadas de aplicarla deberán actuar con pleno respeto a los derechos humanos, disposición que no se encontraba en la minuta de la colegisladora.
Precisaron que las fiscalías del ámbito federal y local contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, para investigar las conductas relativas a ese delito; una disposición transitoria estipula que las unidades contra el secuestro de las fiscalías se encargarán de esos asuntos en tanto se crean las respectivas al combate a la extorsión.
Además, se aclararon los incrementos adicionales a las penas para determinados casos y personas que incurran en extorsión: a servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten los medios o permitan las condiciones para la comisión de esos delitos se les aplicará la pena de quince a veinticinco años de prisión mencionada, más tres a cinco años adicionales.
