La estrategia jurídica y financiera permitió revertir el despojo y sentar un nuevo estándar en la protección de recursos en Nayarit
Soledad Victoria
El estado de Nayarit logró la recuperación de casi 9 millones 620 mil metros cuadrados de tierras en la Riviera Nayarit, tras el Mega Operativo Nuevo Nayarit, considerado uno de los procesos más amplios de recuperación patrimonial en México. El procedimiento, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, abarcó revisiones de títulos, contratos y transmisiones de activos del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) otorgados a particulares entre 2005 y 2021.
El operativo reveló que una extensa red de exfuncionarios públicos, empresas y particulares participó en la apropiación ilegal de terrenos de alto valor, a través de contratos de comodato, arrendamientos y compraventas simuladas. Se identificó que varias propiedades frente al mar, ubicadas en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, fueron vendidas a precios de hasta cincuenta pesos por metro cuadrado, muy por debajo del valor comercial.
El gobernador Navarro Quintero explicó que la revisión de la gestión del FIBBA permitió detectar vicios de nulidad absoluta en aproximadamente el 75% de las operaciones investigadas, debido a que los comités técnicos responsables no autorizaron formalmente numerosas transmisiones de bienes. Señaló que era indispensable actuar con rapidez para evitar que prescribieran los delitos y se perdiera la posibilidad de recuperar el patrimonio estatal.
Las acciones legales incluyeron la obtención de órdenes de aprehensión, el aseguramiento de más de 350 cuentas bancarias y la devolución de terrenos y recursos al estado.(Infobae México)
“Nos enfrentamos a terrenos que se habían especulado durante mucho tiempo, de altísimo valor comercial, con componentes dentro del Gobierno del Estado y del fideicomiso destinados a socavar la riqueza pública de Nayarit”, señaló el mandatario en conferencia de prensa.
Irregularidades que facilitaron el despojo del patrimonio estatal
De acuerdo con Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del Estado de Nayarit, la apropiación indebida de los terrenos del FIBBA se originó cuando diversos exfuncionarios y particulares desviaron el propósito original del fideicomiso, creado para impulsar el desarrollo turístico y beneficiar a los ejidatarios de la región. En entrevista con Infobae, el fiscal explicó que “la transmisión de los terrenos se apartó de lo establecido en la constitución del fideicomiso y en la institución de la Sociedad Nacional de Crédito, Banobras. Se empezaron a extraer, es decir, a trasladar esas porciones de terreno con paisajes paradisíacos del Pacífico mexicano a personas físicas y morales, muchos de ellos con valores ínfimos”.
La maniobra permitió que grandes extensiones de tierra en zonas como Bucerías, San Pancho, Rincón de Guayabitos y Nuevo Nayarit fueran transferidas a terceros mediante operaciones simuladas, con precios muy por debajo del valor comercial y sin autorización de los comités técnicos del FIBBA.
“Empezaron una serie de maquinaciones y acciones truculentas que afectaron todo el patrimonio del fideicomiso y, en consecuencia, el beneficio que debían recibir los ejidatarios”, añadió el fiscal.
Según Díaz Ponce Medrano, varios de los adquirientes revendieron posteriormente esos predios en millones de pesos sin que los recursos ingresaran al fideicomiso, lo que configuró un daño patrimonial de gran escala.
Acciones legales y administrativas del Megaoperativo Nuevo Nayarit
La FGR, encabezada en esta operación por la fiscal especializada Ángela Cristina Reséndiz Urrutiz, impulsó procesos penales por administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y violaciones a la ley de amparo. Se mantienen investigaciones contra exfuncionarios públicos, incluidos dos exgobernadores, por su probable responsabilidad en la red de apropiación irregular de terrenos, así como contra miembros de los comités técnicos del FIBBA y representantes legales de diversas empresas.
Sobre estos casos, la fiscal declaró: “Iniciamos carpetas de investigación por delitos federales a partir de hechos de corrupción denunciados por el Gobierno del Estado de Nayarit, lo que permitió asegurar bienes inmuebles, cuentas bancarias y avanzar en la judicialización de los principales responsables.”
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, las acciones judiciales incluyeron la obtención de órdenes de aprehensión, el aseguramiento de más de 350 cuentas bancarias con montos superiores a 7.200 millones de pesos y la formalización de veintisiete rescisiones contractuales, diecisiete acuerdos reparatorios y nueve convenios judiciales, que permitieron la devolución de terrenos y recursos. Los procedimientos también contemplaron inspecciones en notarías y revisiones de actos jurídicos para desmontar simulaciones legales e identificar a personas físicas y morales beneficiadas.
Frente a los argumentos sobre posible prescripción de los delitos, autoridades estatales detallaron que se logró acreditar jurídicamente la figura de delito continuado, al comprobar que las irregularidades administrativas y los actos de despojo se extendieron en el tiempo. Además, la existencia de nulidad absoluta en la mayoría de los contratos y transmisiones —por ausencia de consentimiento válido de los órganos técnicos del fideicomiso— estableció que estas acciones no pierden vigencia legal. Esta estrategia legal permitió que los jueces de control y tribunales federales avalaran la procedencia de las demandas y la recuperación de los bienes, incluso en actos ocurridos hace más de una década.
Resultados concretos y modelo de gestión institucional
El impacto financiero de los terrenos recuperados se estima en cerca de 50.000 millones de pesos. Terrenos que durante años permanecieron improductivos o bajo apropiación irregular forman ahora parte del nuevo Fondo Soberano Nuevo Nayarit y del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las y los Trabajadores de Nayarit (FAN). Conforme a lo anunciado por el coordinador jurídico del gobierno estatal, Gabriel Camarena Morales, el modelo subnacional que rige la administración de estos bienes fue blindado mediante reformas constitucionales y la creación de un fondo administrador independiente, con el propósito de evitar su enajenación o mal uso en futuras administraciones.
La gestión de los activos recuperados consiste en aportar los terrenos estratégicos como capital a proyectos de inversión que privilegien el desarrollo social, la generación de empleos y la infraestructura. El FOSONN retiene el control de la propiedad y distribuye las utilidades en una proporción de 51% para el gobierno —destinados a obra pública y servicios— y 49% para fortalecer el fondo de ahorro de los trabajadores estatales.
Los primeros proyectos, ubicados en zonas como Nuevo Nayarit, Sayulita, Lo de Marcos y El Playón, contemplan desarrollos residenciales, turísticos y de turismo comunitario, y cuentan con la participación de cadenas hoteleras internacionales. El nuevo modelo impide la venta simple de terrenos del estado y transfiere parte de los beneficios económicos futuros de esos activos a la población de Nayarit, asegurando un esquema transparente y supervisado por marcos regulatorios robustos.
El gobernador Navarro Quintero enfatizó la trascendencia de este esfuerzo: “Recuperar estos activos es solo el primer paso. Ahora garantizaremos que el patrimonio vuelva a manos de las y los nayaritas y se utilice de manera que beneficie al desarrollo, al empleo y a la seguridad social de nuestro estado.”
La investigación y persecución de redes de corrupción inmobiliaria resultan esenciales para la recuperación del patrimonio de Nayarit. La acción coordinada de las autoridades estatales y federales permite no solo restituir bienes al estado, sino también incorporar mecanismos que aseguren su gestión eficiente en beneficio de la sociedad. La devolución de los activos recuperados y el impulso de modelos de administración blindados constituyen una base para fortalecer la confianza pública, al garantizar que estos recursos permanezcan al servicio de las y los nayaritas.
