La Cuarta Transformación tiene ante sí la oportunidad histórica de probar ante los ojos de México y el mundo que trae en la chistera algo más que pases mágicos para entretener al respetable en el tema de la seguridad pública y el combate al narcotráfico y en general, al crimen organizado que extorsiona, secuestra, cobra piso, ejecuta, roba…
Lo que ocurrió en Uruapan, Michoacán hace una semana no es asunto menor y los altos mandos del poder en México lo saben. Por eso presentaron un plan que busca no solo pacificar la región, justamente allí donde dio inicio la llamada ‘guerra contra el narco’ de Felipe Calderón a quien el actual gobierno acusa de fallar en todas las líneas, de acendrar el conflicto y de propiciar el crecimiento descomunal de los grupos criminales.
Ayer en el patio central de Palacio Nacional, la presidenta de la República presentó lo que llamó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un catálogo de acciones transversales a partir de cuatro ejes: atención a las causas que originan la delincuencia; consolidación de la Guardia Nacional, fortalecer acciones de inteligencia e investigación y reforzar las fiscalías.
Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de su gabinete legal y ampliado, incluyendo a los mandos militares y desde luego al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en un evento al que también acudió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
El Plan, sin embargo no parece poner el acento en el combate frontal al crimen organizado, al estilo Calderón y con el que unca ha estado de acuerdo la presidenta, sino que priorizará una impresionante inyección de recursos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los michoacanos. 57 millones de pesos para invertir en seguridad, pero también en desarrollo económico con apoyo al campo, producción forestal, electrificación e internet; infraestructura carretera y caminos, agua potable, riego y saneamiento, programas del Bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y un Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas.
La gota que derramó el vaso en tierras purépechas fue el asesinato a mansalva, en una plaza pública y en medio de la gente, del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el crimen cimbró a México sobre todo porque el edil -que inició políticamente en Morena, partido al que renunció por considerar que en los últimos años había sido colonizado “por lo peor del PRI, el PAN y el PRD”- tras ganar la alcaldía como candidato independiente cobró bastante notoriedad por su política de combate frontal al narco en una región donde al menos cinco bandas del crimen organizado se disputan el territorio.
Ni siquiera en Sinaloa, donde ya va para su segundo año la encarnizada guerra entre las facciones del Cártel que tiene su sede en esa entidad, el gobierno federal había aplicado un plan emergente como el que anunció ayer para Michoacán.
Por el bien de todos -incluyendo el del gobierno- más vale que ese plan dé resultados tangibles, aunque las esperanzas son magras. El narcotráfico en México es ya un fenómeno global, una empresa transnacional que mueve miles de millones de dólares al año; que corrompe a cientos, si no es que miles de jóvenes y no tan jóvenes con el espejismo de la riqueza rápida y que corrompe también a policías y militares.
Cierto que el Plan contempla también el envío de tropas, unos diez mil elementos de la Guardia Nacional, pero la experiencia indica que en los lugares donde han desarrollado esa estrategia los resultados son pocos. Sinaloa y Guanajuato son ejemplos.
La presidenta se cuida mucho de no caer en un esquema como el que tanto le ha criticado a Calderón. Veamos cómo le va.
Por lo pronto, en Uruapan y otras ciudades michoacanas el ánimo de la gente está encendido; hay mucha indignación por lo que sucedió con Carlos Manzo, y seguramente hoy mismo conoceremos las reacciones de los pobladores y de sus principales liderazgos.
Ni impunidad ni chivos expiatorios
Contundente el mensaje que difundió este fin de semana que recién terina, el gobernador Alfonso Durazo a propósito de la terrible tragedia en el centro de Hermosillo, donde la explosión de un transformador eléctrico causó la muerte de 24 personas, ancianos, mujeres, niños y hasta un nonato que murió en el vientre de su madre, que tampoco pudo sobrevivir.
El primer mandatario fue enfático en subrayar que no habrá impunidad y para ello se comprometió a profundizar las investigaciones de manera profesional y sin sesgos políticos, para lo cual ya estableció contacto con los rectores de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, para que equipos especializados y multidisciplinarios participen de los peritajes; dijo que tendrá especial cuidado en no permitir que la tragedia se politice.
Y es que inevitablemente, cuando suceden eventos de esta naturaleza y que dejan víctimas fatales, las exigencias de justicia pasan por los cuestionamientos a los responsables de todo aquello que tenga que ver con la operación de los establecimientos, y allí entran funcionarios de los tres niveles de gobierno, dos de los cuales, por cierto ya han sido separados de sus cargos: Armando Castañeda y Fernando Flores, titulares de las áreas de Protección Civil en el estado y en el municipio, respectivamente.
Pero así como es importante garantizar que no haya impunidad, no lo es menos la demanda de reparación del daño para las víctimas y las garantías de no repetición, algo a lo que se comprometió también el jefe del Ejecutivo.
La justicia tiene que llegar, y varios servidores públicos deben andar ahorita con un amparo engrapado en las solapas, porque a las claras se observa que para que se diera una conflagración como esta, tuvo que haber una larga cadena de errores, omisiones y seguramente corruptelas.
Las responsabilidades alcanzan no solo a servidores públicos, sino también a los dueños de la empresa, que fueron señalados por la mismísima presidenta de la República como los principales responsables. Y aunque la Comisión Federal de Electricidad se adelantó a deslindarse del caso, las investigaciones pueden alcanzar también a su personal.
Es una verdad de Perogrullo que ninguna medida va a devolver la vida a los fallecidos, pero el compromiso de que no habrá impunidad es lo mínimo que debe ofrecer el Estado.
Por cierto, el gobernador también hizo un reconocimiento a las voces que se han alzado exigiendo justicia y a las personas que participaron en las marchas con esa demanda, pues pese al dolor y la rabia se han mantenido en la vía pacífica.
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