Javier Oliva Posada, analista de seguridad y profesor de la UNAM, enfatiza que el crimen organizado solo puede operar cuando se cumplen al menos una de tres condiciones: inacción de las autoridades locales por miedo, omisión o complicidad
Redacción
La reacción social ante el asesinato de Carlos Manzo ha puesto en evidencia una profunda indignación ciudadana frente a la violencia y la impunidad en México. En conversación con Javier Oliva Posada, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesor en temas de seguridad nacional, se analizan los factores estructurales que perpetúan la crisis de seguridad, así como la responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.
Oliva Posada explicó que la indignación pública tras crímenes como el de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre frente a cientos de personas, suele ir acompañada de promesas oficiales de justicia, pero la reiteración de estos hechos ha generado escepticismo. Y es que tras cada crimen queda la promesa que no quedarán impunes, sin embargo todos nos preguntamos qué habría de pasar para prevenirlos, ya que en reiteradas ocasiones el edil advirtió que estaba amenazado de muerte.
La respuesta política se ha centrado en la resolución de los casos una vez ocurridos, en lugar de priorizar la prevención. Al referirse a la movilización de fuerzas federales a Michoacán, Oliva Posada señaló que, aunque se enviaron efectivos, no todos estuvieron activos y la presencia fue temporal, lo que limita el impacto de estas acciones.
El profesor contextualizó la situación mexicana a partir de los Protocolos de Palermo, firmados en el año 2000 y ratificados por México en diciembre de 2003. Estos protocolos, impulsados por la ONU, establecen que el crimen organizado solo puede operar cuando se cumplen al menos una de tres condiciones: inacción de las autoridades locales por miedo, omisión o complicidad. Oliva Posada afirmó que, en el caso de Michoacán, el principal fallo recae en el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y que las protestas de productores en varios municipios reflejan la gravedad del problema. Recordó que tragedias similares han motivado respuestas reactivas, como ocurrió con los jóvenes de Salvárcar o el movimiento “Todos Somos Juárez”, pero subrayó que en Michoacán ya se han implementado al menos cuatro programas de seguridad, sin lograr resultados sostenibles.
Al analizar la situación en otros estados, Oliva Posada mencionó que entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Colima enfrentan desafíos similares, con Colima ostentando la ciudad más violenta del mundo de manera constante. El académico sostuvo que la incapacidad para contener la violencia es consecuencia de la falta de esfuerzos efectivos y de la repetición de estrategias que no han dado resultados.
En cuanto a las posibles soluciones, Oliva Posada destacó la importancia además del compromiso social. Valoró la decisión de la alcaldesa de Guadalajara de cancelar un concierto de Junior H, argumentando que la asistencia masiva a espectáculos de artistas que glorifican actividades delictivas contribuye a normalizar la violencia. “Si sesenta mil personas van a ver a un artista como Peso Pluma, luego no se quejen de lo que están reproduciendo”, afirmó Oliva Posada. Añadió que en Morelos ya se han prohibido este tipo de eventos y que la sociedad debe asumir su parte de responsabilidad, ya sea al consumir productos pirata o al participar en economías ilegales. “El consorcio criminal es tal que hasta el agua están robando”, enfatizó.
El profesor relató casos de extorsión en pequeños pueblos del Estado de México, donde comerciantes son obligados a vender mercancía robada bajo amenazas, y señaló que la presencia de cámaras de seguridad no ha sido suficiente para frenar estas prácticas. Oliva Posada advirtió que el fenómeno no es reciente, sino que responde a décadas de vacío de poder y sometimiento de las autoridades locales ante el crimen.
Al abordar la evolución del crimen organizado, Oliva Posada compartió que México ha pasado de tener siete grandes estructuras criminales a miles de bandas en la actualidad. Esta fragmentación, según el académico, es resultado de la estrategia de capturar a los líderes de los cárteles, lo que ha generado una proliferación de grupos más pequeños y difíciles de controlar. “Eso no funciona porque lo que tienes que hacer son procesos como los maxiprocesos en Estados Unidos o Italia, donde se detiene a cientos de personas, incluidos contadores, abogados y despachos de arquitectos”, explicó Oliva Posada, quien subrayó la necesidad de atacar las finanzas del crimen organizado y fortalecer el poder político local.
Respecto a la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, Oliva Posada indicó que la seguridad es una obligación compartida. Mencionó que el presupuesto federal para seguridad municipal sigue en discusión en el Senado, y que la falta de recursos para capacitar y equipar a las policías locales dificulta su capacidad de respuesta. “Si no les dan dinero para capacitarse, armarse y tener instalaciones adecuadas, difícilmente van a poder enfrentar el desafío del crimen organizado”, sostuvo.
El académico reconoció la complejidad de la situación, ya que los policías municipales suelen ser vulnerables a amenazas directas contra ellos y sus familias, lo que limita su margen de acción. Finalmente, Oliva Posada cuestionó la eficacia de la Guardia Nacional y de los planes de seguridad implementados, señalando que se han recurrido a fórmulas ya probadas sin resultados satisfactorios.
