El rastreo de las armas con las que acribillaron a tres madres y seis niños en Sonora en 2019 conduce a dos rifles vendidos en armerías estadounidenses. Ninguna autoridad en ambos lados de la frontera investigó a fondo el origen de los fusiles ni cómo terminaron en manos del narco mexicano
EL PAIS
Era el 9 de marzo de 2019 cuando Rhonita María LeBarón Miller, una mujer de 30 años de nacionalidad estadounidense perteneciente a una comunidad mormona instalada en México, se preparaba para el nacimiento de sus gemelos. Faltaban cuatro días para el parto, programado en el Hospital Madero de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua. Ella y su esposo Howard Miller vivían en el pueblo mexicano de La Mora, en el municipio sonorense de Bavispe y formaban parte de una comunidad mormona asentada entre los estados de Sonora y Chihuahua. Tenían cinco hijos pequeños en común y dos más, Howard y Krystal, de 11 y 9 años, respectivamente. Ese mismo 9 de marzo, un hombre acudió a una armería al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, y compró el rifle Anderson calibre 5.56 que se usaría ocho meses más tarde en la matanza de Rhonita, sus dos hijos Howard y Krystal, los dos gemelos de menos de un año, junto a otras dos madres y dos niños más. En el ataque armado, atribuido a grupos del narcotráfico, había 14 niños en total, cuatro de ellos, bebés. Sólo sobrevivieron ocho.
Las tres camionetas en las que viajaban por un camino de terracería en el límite entre esos dos estados mexicanos fueron acribilladas por hombres armados y de la escena se recogieron 1.893 casquillos de bala de diferentes calibres, algunos de ellos correspondientes a fusiles del Ejército estadounidense. Los atacantes usaron 31 armas. Dos de los rifles fueron rastreados hasta su origen en dos armerías de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos, sin que hasta ahora las autoridades de ninguno de los dos países hayan investigado a fondo cómo terminaron en manos del narco mexicano.
EL PAÍS tuvo acceso al expediente criminal de la masacre contra los LeBarón donde consta la investigación de los indicios balísticos, estudió las coincidencias y rastreó sus huellas hasta ubicar el origen de dos de las armas involucradas.
Una de ellas es un rifle Anderson calibre 5.56 que compró aquel 9 de marzo, al otro lado de la frontera un joven de 24 años originario de Sacramento, California. El hombre, radicado en Phoenix, Arizona, recorrió 24 kilómetros desde su domicilio para trasladarse a Tombstone Tactical, una tienda ubicada a una media hora de distancia en auto. En su camino, dejó al menos otras dos armerías que estaban a menor distancia, una a un kilómetro y la otra, a cuatro.
En su página web, el establecimiento detalla que es un negocio familiar con licencia federal y presume de “su increíble selección de pistolas y rifles, incluidos los calibres .223 y 5.56, rifles largos AR-15 y AK47”. El hombre se decidió por un fusil calibre 5.56, marca Anderson, modelo AM-15, matrícula 18288602, un arma larga semiautomática que sigue el diseño del AR-15 y puede tener un alcance de hasta 800 metros. Es liviana y multicalibre, compatible también con municiones .223.
El rifle, comprado cuatro días antes de que nacieran los gemelos LeBarón-Miller y ocho meses antes del ataque atribuido al narco, recorrió 550 kilómetros desde la tienda Tombstone Tactical de Phoenix hasta el lugar de la tragedia en La Mora, Sonora.
John Lindsay-Poland, coordinador de la iniciativa Stop Arms que estudia el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, explica que la elección coincide con una tendencia en Arizona, donde las armas de Anderson Manufacturing se han convertido en las favoritas.
“Anderson fabrica armas de asalto baratas y su uso en México está creciendo. En los datos que vemos de las armas aseguradas por Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), los Anderson van en aumento. Entonces hay que interrumpir ese flujo de armas de asalto desde Arizona a Sonora y a otros estados de México”, dijo en entrevista con EL PAÍS.
El otro fusil protagonista en el ataque a los LeBarón, una herida que todavía duele en la comunidad mormona de la frontera, fue un rifle calibre 7.62 x 39 mm, marca Zastava, modelo M92PV, matrícula M92PV039918, que fue vendido en Nuevo México el 9 de agosto de 2014 en la tienda Shooters Out Post, ubicada en 20A Gunbarrel Rd Española.
El comprador fue otro estadounidense, de 27 años, con domicilio en el poblado de Hurley, Nuevo México, a unas cinco horas en auto de la armería. El hombre cuenta con 20 récords criminales en Estados Unidos y estuvo en prisión por abuso sexual a menor de 13 años.
Las primeras voces de alarma en la comunidad mormona se levantaron el mismo día del ataque: ese 4 de noviembre de 2019 en el que los gemelos LeBarón-Miller apenas tenían ochos meses de nacidos. Rhonita y otras dos madres salieron en tres camionetas de La Mora, a eso de las 8:30 de la mañana, con 14 de sus hijos. Adrián LeBarón, padre de Rhonita, y su sobrino Julián LeBarón reportaron a las autoridades que habían perdido contacto con ellas.
Las tres mujeres se dirigían hacia la Colonia LeBarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, a 90 kilómetros de distancia, un trayecto que les tomaría unas cuatro horas en auto debido a que la ruta es por un camino de terracería. Según la Fiscalía General de la República, en esa zona operan grupos del crimen organizado como el Cartel de Sinaloa y La Línea, brazo armado del Cartel de Juárez.
En la primera camioneta iba Rhonita, sus hijos Howard y Krystal, que ya habían cumplido 12 y 10 años, y los gemelos Tiana y Titus.
La segunda era conducida por Dawna Ray Langford, de 43 años. Con ella, iban sus hijos Kylie (14 años), Devin (13 años), Trevor (11 años), Mackenzie (9 años), Cody (8 años), Jake (6 años), Xander (4 años), Rogan (2 años) y el bebé Brixon (10 meses).
En el tercer vehículo, Christina Marie Langford, de 29 años, llevaba a su hija Faith, de 7 meses, que sobrevivió al ataque y permaneció ocho horas junto al cuerpo inerte de su madre hasta que llegaron las autoridades.
Había pasado apenas media hora desde que salieron cuando a Rhonita se le ponchó un neumático y se quedó varada cerca de un cruce rural llamado Rancho La Mora, a poca distancia de otro poblado llamado San Miguelito, pero aún en una zona montañosa con poca cobertura de celular, lo que le impidió solicitar ayuda. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana fue emboscada por un grupo de hombres armados. El ataque fue tan brutal que la madre y sus cuatro hijos murieron calcinados. La camioneta, impactada por cientos de balas, terminó incendiándose.
Unos quince minutos más tarde, Dawna llegó a un punto cercano sin saber lo que había sucedido. También fue atacada. Murió ella y dos de sus hijos. Los otros siete sobrevivieron, algunos con heridas graves.
El tercer ataque se registró después de las 10:00 de la mañana contra la camioneta de Christina Langford. Trató de hablar con los criminales en vano antes de ser asesinada a balazos. Su bebé resultó ilesa.
El expediente criminal del ataque reveló que ese día se dispararon un total de 1.893 balas contra las tres mujeres y catorce niños LeBarón. Fueron percutidas por 31 distintas armas de fuego. La mayoría, 1.792 casquillos, correspondieron al calibre .223 / 5.56, seguido del 7.62 x 39 mm con 80 disparos y del 7.62 x 51 mm 308 WIN con 20 percusiones. Por último, el temido calibre .50 capaz de perforar blindajes: un solo casquillo.
En el arsenal de los narcotraficantes, la mayoría de armas fueron fabricadas en Estados Unidos, incluyendo marcas Colt, Armalite, Anderson o Essential Arms. Llama la atención que 19 de los casquillos encontrados salieron de un arma US Military Weapons, perteneciente al Ejército del país del norte. Había también una de China y otra de Serbia y Montenegro. Esta última es la que se compró en Nuevo México, que había sido importada por la empresa Century Arms, con sede en el estado de Vermont, al noroeste de Estados Unidos.
Ese fusil tuvo que recorrer 1.080 kilómetros desde la tienda Scooters Out Post hasta La Mora, en Sonora, y pasaron cinco años entre la venta y el día del ataque. Por el contrario, el rifle Anderson que se adquirió en Phoenix tardó solo ocho meses entre su compra y su aparición en la masacre. Esa cadena, relativamente corta, sería más fácil de rastrear si se quiere investigar quién traficó las armas del caso LeBarón. Pero esa pesquisa quedó casi inmediatamente en punto muerto.
Comprar un arma de fuego es legal en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el hecho de que una persona se haga con un fusil y este termine siendo utilizado para cometer un delito en México no significa que su primer comprador esté implicado en el acto criminal.
Así es que ninguno de los dos compradores han sido citados a declarar en investigación judicial alguna relacionada con el tráfico de las armas con las que fueron asesinados los LeBarón por más que sean el primer hilo del que tirar para averiguar quiénes y cómo terminaron esos rifles en manos de los narcos mexicanos responsables del tiroteo.
“Hicieron lo de cajón, digámoslo así: de balística, de clasificar, pero nunca de registrar dónde se compró, quién la trajo, quién nada de esto. Es más, ni siquiera está la investigación de quién les dio las armas a los sicarios”, ha explicado a EL PAÍS Víctor Zuñiga, abogado de la familia LeBarón. Ni siquiera porque las víctimas era de nacionalidad estadounidense.
En la investigación del caso, cuenta Zúñiga, participaron la Fiscalía General de la República (FGR), por el lado de México, y el FBI, por el lado de Estados Unidos, Pero, reprocha el abogado, jamás se asignó a la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), que sería la agencia indicada para perseguir el tráfico de armas.
Timothy Sloan era el agente especial encargado de las operaciones de la ATF en México cuando ocurrió la masacre y ha contado a EL PAÍS que la agencia quedó fuera del caso por falta de personal. “No teníamos el poder ni los agentes suficientes para hacer esa investigación de la manera apropiada. Yo hablé con los jefes de ATF en Washington y se negaron a enviar refuerzos para ese caso; entonces hablé con el embajador (de Estados Unidos en México) Christopher Landau y, al saber que no habían autorizado más agentes, decidió asignar al FBI que tiene mayores recursos”, detalla Sloan.
Así es que el abogado de la familia LeBarón solicitó en noviembre del año pasado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada -la división de la FGR que investiga los delitos relacionados con la delincuencia organizada- que propiciara una reunión con el FBI. Pero, se lamenta de nuevo Zúñiga, la petición fue rechazada.
“Se negaron refiriendo que el FBI no tiene más, no tiene mayor información que la que ellos tienen, que no puede haber colaboración. Sin embargo, sabemos que la realidad es otra… la que pasó en los primeros días”, cuenta el abogado. “Sabíamos que el FBI intervino, sabíamos que el FBI en conjunto con la fiscalía de Sonora hicieron intervención, procesaron casquillos, pero esos dictámenes jamás fueron entregados a la policía”.
Los dos fusiles del ataque a la familia mormona rastreados se encuentran bajo custodia de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, porque terminaron siendo incautadas. No se investigó su origen ni cómo fueron traficadas al país y después de acabar con la vida de los LeBarón, aún continuaron su camino de muerte. Fueron utilizadas por el crimen organizado en otro suceso, calificado por la FGR como “un ataque complejo”, en Sonora el 7 de julio de 2020.
Para Lindsay-Poland, el coordinador de Stop Arms, el hecho de que la investigación se asignase al FBI en lugar de a la agencia de control de Tabaco, Alcohol, Armas de Fuegos y Explosivos estadounidense tuvo repercusiones en el resultado de las pesquisas. “En las investigaciones de armas y de delitos con armas en México hay un desfase, tanto entre México y Estados Unidos como entre las mismas agencias federales en ambos países. ¿Qué quiero decir? El FBI, que investigó la masacre de la familia LeBarón, tiene sus propios intereses políticos y la ATF también tiene los suyos y cada uno tiene sus capacidades”, alude haciendo referencia a descoordinación y prioridades distintas.
“El objetivo del FBI -y también de muchas autoridades en México- es en contra de las personas que perpetraron la masacre”, apunta. “No es tanto en quién compró o vendió armas y luego traficaron las armas. Entonces, si el FBI estaba frente la investigación, pues no les va a interesar tanto lo que pasó en una armería en Phoenix o en Nuevo México, porque no es su portafolio”.
– ¿Hubo algún detenido por el tráfico de esas armas?
– No.- admite Sloan, ex de la ATF.
– ¿Por qué?
– Porque nadie está en la cárcel por traficar armas de fuego. Por eso, ustedes (México) tienen 40.000 asesinatos por año. Nadie, en general, casi nunca, va a la cárcel o le someten a cargos por tráfico de armas.
El FBI entregó a la ATF información sobre tres armas incautadas en julio de 2020 -fecha en que ocurrió el “ataque complejo” en Sonora-, cuyas huellas balísticas coincidían con las utilizadas en la masacre LeBarón. Solo dos -el fusil Anderson y el rifle Zastava- se pudieron rastrear y hacer la conexión entre ambos episodios. La tercera tenía borrado el número de serie.
ATF supo así que habían sido vendidas en las armerías Tombstone Tactical, de Arizona, y en Shooters Out Post, de Nuevo México. También supo cuándo y quién las había comprado. Pero, de nuevo, esa vía de investigación no condujo a nada sobre cómo llegaron a manos de los narcos mexicanos.
El exdirector de ATF en México defiende que durante su administración, entre 2018 y 2022, documentó y entregó a Estados Unidos al menos 1.150 expedientes de casos de tráfico de armas “buenos y perfectamente integrados”, recalca Sloan. Pero la agencia solo investigó solo el 5 % de esos casos. Cerró los demás. Y de ese pequeño porcentaje, insiste el exfuncionario, el Departamento de Justicia estadounidense investigó solo algunos. “Para ellos no tiene suficiente importancia presentar un caso de esta índole porque los cargos actualmente serían por básicamente mentir”, explica. Se refiere al formulario que hay que rellenar cuando se compra un arma en una tienda en Estados Unidos. “En una solicitud o formulario federal”.
Como ejemplo de que a Estados Unidos no le interesa ni castiga el tráfico de armas, Sloan cita el caso de Michael Blake Huff, un comprador de armas estadounidense que traficó 1.000 armas a México y quien recibió apenas una pena de 28 días. En el país del norte, el tráfico de armas es un delito federal grave por el que se pueden imponer condenas de hasta 10 años de cárcel y multas de miles de dólares. En México, las penas pueden llegar hasta los 45 años. Pero Huff fue sancionado por haber mentido en relación a la compra, no por el envío de las armas.
En el arsenal que llegó al otro lado de la frontera sur, había varios rifles calibre .50 -aptos para atravesar blindaje- pero Huff dijo que habían sido robados de su almacén en Texas. Después, confesó haberlas ingresado ilegalmente a México. La mayoría fueron enviada al estado de Michoacán, uno de los más golpeados por el narcotráfico.
“Yo tengo evidencia, yo abrí el caso Michael Huff en 2019 y esas armas estaban en asesinatos de policías, políticos, mujeres, familias… Y él recibió 28 días en la cárcel. Solamente 28 días. No 28 años: 28 días. Wow. Aproximadamente, 1.000 armas de fuego él solamente”, recuerda Sloan con indignación. Con ese antecedente, plantea, es “mucho trabajo para hacer un caso si la Corte va a darle 28 días a un traficante de armas”.
El asesinato el pasado 30 de abril del exagente de la Policía Federal Iván Morales y de su esposa conmovió a la opinión pública. Morales ya había sobrevivido en 2015 a un ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación que derribó el helicóptero en el que viajaba durante un operativo fallido para detener a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en Jalisco.
Para tumbar la aeronave de la Sedena, los atacantes utilizaron dos rifles calibre .50, uno Barret y otro M2HB, así como un lanzagranadas de fabricación iraní y un lanzacohetes ruso, según informes de la ATF estadounidense a los que EL PAÍS tuvo acceso.
La entonces Procuraduría General de la República incautó el calibre .50 M2HB que perforó el blindaje de la aeronave e impactó en el rotor y, luego, la ATF hizo el rastreo y descubrió que el fusil había sido vendido en la tienda JNC Manufacturing, en Rainier, Oregon. El negocio ofrece todavía los .50 a un precio de 15.375 dólares.
Al rastrear el arma hasta el local, se identificó que el comprador era Erik Flores Elortegui, un hombre de nacionalidad méxico-estadounidense, originario de Durango, que fue acusado de traficar armas hacia México a raíz del ataque al helicóptero. Se emitió una ficha con su foto y su nombre con la leyenda “El más buscado por la ATF”. Se lo considera peligroso y armado. Pero hasta ahora no ha sido detenido ni por las autoridades estadounidenses ni por las mexicanas pese a que el implicado y su familia han difundido hasta hace poco publicaciones en redes sociales con su ubicación en Durango.
“No entiendo por qué la ATF lo tiene todavía en su página como ‘the most wanted’ pero nunca lo detuvo, porque tiene doble nacionalidad y tenía que solicitar su extradición. Parece que solo quieren mostrar que están haciendo algo”, reprocha el exdirector de la agencia en México.
Sobre este ataque, el senador republicano por Iowa en 2023 Charles Grassley exigió al Departamento de Justicia estadounidense que explique qué se ha hecho con el caso del arma usada para derribar el helicóptero del Ejército mexicano en 2015 y con el sospechoso de comprar armas que fueron utilizadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación. En su carta, Grassley dijo estar en contacto con un denunciante anónimo -conocidos como “whistleblower” en Estados Unidos- que le reveló irregularidades en el manejo de la investigación y un patrón de desinterés por perseguir estos expedientes de tráfico de armas.
El Gobierno mexicano demandó en 2021 a 11 de los fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos y, en 2022, a cinco armerías del estado de Arizona. La familia LeBarón, que no constan como parte demandante en estas acciones legales, ha mostrado su respaldo a la arremetida judicial mexicana dado que la matanza de las tres madres y los catorce niños ha servido para visibilizar el impacto del tráfico de armas y el poderío que adquieren los narcotraficantes con arsenal del país vecino.
Sin embargo, la primera de las causas se estrelló con la justicia estadounidense. En junio de este año, la Corte Suprema determinó que no procede la demanda contra los fabricantes de armas porque están amparados por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). Esta norma da inmunidad y cobija a fabricantes y vendedores de armas del país frente a las demandas que puedan presentar las víctimas de ataques realizados con ellas. Esa ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005 y contó con el voto a favor del hasta hace poco embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, uno de los pocos demócratas que respaldó la iniciativa.
Pese al revés judicial, el Gobierno mexicano sostiene su reclamo y ha pedido un pronunciamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. “La decisión de la Suprema Corte [de EE UU] no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”, recogía el comunicado oficial de junio pasado.
Para el coordinador de Stop Arms, el hallazgo de que una de las armas utilizadas para masacrar a la familia LeBarón haya sido vendida en una tienda de Arizona “puede ser un elemento importante en la demanda de México contra las armerías”, un factor a favor más de la causa, indica, además de que las víctimas fueran de nacionalidad estadounidense en un ataque de tanto impacto y tanta repercusión pública.
De las casi 2.000 balas disparadas, la camioneta de Rhonita recibió 321 impactos, la de Dawna terminó con 87 orificios y la de Christina, 41. “Si la idea era infundir terror y miedo, les funcionó”, plantea Adrián LeBarón, el padre de Rhonita y el abuelo de cuatro de los niños asesinados.
