La administración Trump continuará con la “lucha contra el narcotráfico”, aunque organizaciones y gobiernos acusan los actos como “ejecuciones extrajudiciales” y violación al derecho internacional.
Jorge Martínez / MILENIO
En apenas ocho semanas, la administración de Donald Trump ha ejecutado una ofensiva letal contra lanchas y semisumergibles en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo.
De acuerdo con reportes oficiales, entre el 2 de septiembre y este 29 de octubre de 2025, al menos 61 personas han muerto en 16 ataques realizados por fuerzas estadunidenses en aguas internacionales.
Con un promedio de 7.6 muertes por semana, los ataques han reconfigurado el mapa de la lucha antidrogas en el continente y han abierto un nuevo frente diplomático entre Washington y las naciones latinoamericanas.
Los operativos, encabezados por el Departamento de Guerra y el Comando Sur de Estados Unidos, se concentraron principalmente en el Caribe, frente a las costas de Venezuela y Colombia, y más recientemente en el Pacífico Oriental, frente a las costas de Ecuador, México y Centroamérica.
Las víctimas, según reportes de autoridades latinoamericanas, eran en su mayoría ciudadanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago, quienes iban a bordo de lanchas presuntamente repletas de cocaína con destino a México y Estados Unidos.
Los ataques contra los presuntos traficantes comenzaron el 2 de septiembre, frente a las costas de Venezuela, cuando un avión del gobierno estadunidense, por órdenes del Departamento de Estado, lanzó una ofensiva con misiles contra una lancha rápida donde viajaban los presuntos narcotraficantes. El saldo fue de 11 muertos.
El 16 de octubre se registró un ataque similar por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en aguas internacionales.
Una serie de misiles fueron lanzados contra un semisumergible que navegaba por aguas del Caribe, lo que dejó un saldo de dos muertos y dos sobrevivientes: uno, de nacionalidad ecuatoriana, y otro, colombiana; este último continúa hospitalizado en un nosocomio de Bogotá, capital de Colombia.
El ataque despertó indignación en ambas naciones, pues las víctimas no portaban armamento ni se comprobó que en la embarcación hubiera droga. Por el contrario, Colombia y Ecuador señalaron que los agredidos eran pescadores presuntamente forzados por los traficantes.
En total, los registros indican que, entre septiembre y octubre, se ejecutaron 11 ataques en el Caribe y cuatro en el Pacífico, con un saldo de 57 muertos y al menos tres sobrevivientes.
El ataque más mortífero tuvo lugar el 28 de octubre, cuando cuatro embarcaciones fueron agredidas por aire en aguas del Pacífico Oriental, aproximadamente a 800 kilómetros del puerto de Acapulco.
El gobierno de Estados Unidos reportó la muerte de 14 personas y una más que logró sobrevivir.
“El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadunidenses”, escribió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, al informar del ataque en X.
Las autoridades mexicanas y ecuatorianas coordinaron operaciones de búsqueda y rescate para intentar localizar a más sobrevivientes, pero la mayoría de los cuerpos no fueron recuperados. Tampoco se tiene reporte del hallazgo del único sobreviviente.
El presidente Donald Trump ha defendido públicamente las operaciones, afirmando que se trata de una “campaña decisiva contra los narcoterroristas”, y señalando como blancos a organizaciones como el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y redes de tráfico aliadas con los cárteles mexicanos.
Sin embargo, no se han presentado pruebas que confirmen la afiliación de las víctimas a dichos grupos.
Los ataques también despertaron críticas internacionales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia matutina que ordenó la búsqueda del sobreviviente por razones humanitarias, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó estas acciones como “ejecuciones extrajudiciales”.
A las condenas se sumaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que han solicitado información al gobierno de Trump sobre los operativos y las circunstancias de las muertes, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.
A pesar de las críticas, la administración Trump anunció que las operaciones en el Pacífico continuarán, ahora bajo una estrategia coordinada con países aliados, argumentando que el narcotráfico marítimo representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Fuentes oficiales de los gobiernos de México y Colombia han confirmado que, entre los muertos, se encuentran ciudadanos colombianos, ecuatorianos, venezolanos y de Trinidad y Tobago.
Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos, temiendo que muchos de los fallecidos no fueran narcotraficantes, sino trabajadores marítimos obligados a colaborar bajo amenaza de los cárteles.
Carreteras marítimas del tráfico de drogas
El tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos se sostiene en una compleja red marítima que conecta el Pacífico y el Caribe suramericano con las costas mexicanas.
Desde Ecuador y Colombia, cárteles mexicanos, grupos paramilitares y productores de hoja de coca operan un corredor transnacional que inicia en las costas del norte y sur de Colombia, particularmente en el municipio de Tumaco, donde se concentran los mayores productores de hoja de coca y fabricantes de lanchas rápidas y semisumergibles.
De acuerdo con un informe multinacional en el que participó la Secretaría de Marina mexicana, los cargamentos se entregan a 300 millas náuticas de las costas mexicanas, donde buques nodriza reabastecen de combustible a lanchas Go Fast y narcosubmarinos capaces de transportar hasta una tonelada de droga.
Además de esta línea directa, se identificaron dos rutas adicionales.
La más extensa, la llamada Ruta del Desierto, parte de Ecuador o Colombia, rodea las Islas Galápagos y llega a México tras 25 a 35 días de navegación, pasando por la isla francesa de Clipperton, frente a las costas de Michoacán.
Las operaciones son coordinadas por grupos como La Segunda Marquetalia, el Comando Coordinador de Occidente y el Clan del Golfo, que mantienen alianzas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En puertos como Tumaco y Buenaventura, emisarios mexicanos negocian directamente con paramilitares y traficantes regionales.
Las autoridades de Colombia y México, en colaboración con Estados Unidos y países europeos, han intensificado las operaciones conjuntas, como Operación Orión y Pacific Viper, con decomisos récord: más de 161 toneladas de cocaína en 2022 y 34 toneladas en 2025.
Sin embargo, el intercambio de droga por armas de alto poder ha fortalecido a los grupos armados en Sudamérica, incrementando la violencia y extendiendo las rutas hacia África occidental y Europa, donde España y Portugal se consolidan como puertas de entrada al continente.
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