Redacción
El subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Óscar Jovanny Zavala, confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la institución frenar la reforma al artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, que habría permitido otorgar concesiones a la industria minera para que viertan sus desechos tóxicos en ríos y cuerpos de agua.
Al participar en una reunión a puerta cerrada con integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento –de la Cámara de Diputados–, el funcionario de la Conagua dijo textualmente: “sobre el tema minero, ya está la instrucción por parte de la presidenta: es un tema que se tiene que revisar”.
También dejó al descubierto que lo que se iba a retrogradar era un avance que se consiguió en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador: en 2023 se estableció la prohibición expresa de otorgar concesiones para que las mineras depositen sus desechos altamente tóxicos en afluentes.
Al respecto, Oscar Jovanny Zavala indicó a los legisladores presentes en la reunión: “ese párrafo [de la prohibición de las concesiones a la industria minera] fue adicionado en 2023, no estaba así desde antes. Es un párrafo adicionado a la reforma del agua de uso minero en 2023, no viene de origen el párrafo, entonces ese es un punto que vale la pena precisar. Pero ya está la instrucción de la presidenta y se va a revisar para hacer esta circunstancia como lo pidió ella”.
El pasado 21 de octubre, Contralínea preguntó a la presidenta Sheinbaum si se podía revisar esta iniciativa que buscaba anular esa prohibición, y que habría permitido a la industria minera contaminar los afluentes –como ocurrió con el derrame del Grupo México en el Río Sonora–, a lo que la primera mandataria respondió: “se tiene que revisar. Si así es la redacción, se tiene que revisar. El objetivo de la Ley Nacional de Aguas esencialmente es evitar la comercialización del agua, o la transmisión de una concesión de un privado a otro privado. Es el principal objetivo de esa ley, además de la actualización de algunos temas. Pero este artículo por supuesto debe revisarse porque no debe ser como está redactado”.
Como este semanario lo reveló el pasado 20 de octubre, desde la Conagua se estaba impulsando que los cambios legislativos le dotaran la facultad de otorgar concesiones a esa industria extractiva para destinar sus residuos a los afluentes y cuerpos de agua, a pesar de ser reservorios prioritarios para la vida humana y animal.
Textualmente, la Comisión que encabeza Efraín Morales propuso reformar el artículo 118 de dicha ley para establecer que la autoridad del agua tendrá la facultad: “para el otorgamiento de concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros depósitos de aguas residuales de uso minero, se deberán acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas”.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria –publicada por la Cámara de Diputados el 9 de octubre pasado, donde se da a conocer la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas–, el texto vigente en su artículo 118 prohíbe tales permisos: “La autoridad del agua tiene prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero”.
Hoy, la instrucción de la presidenta de que se revise la redacción de la iniciativa de reforma al artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales se materializó en la reunión de trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en la que se realizó un análisis técnico-jurídico de las reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Aguas Nacionales.
Además de Óscar Zavala Gamboa, subdirector general jurídico de la Conagua, en el encuentro con legisladoresparticipó el doctor José Alberto López Damián, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los funcionarios escucharon las dudas y observaciones que hicieron los diputados y diputadas en torno a la nueva iniciativa.
De acuerdo con los asistentes, esta reunión a puerta cerrada se dio por la instrucción de la presidenta Sheinbaum para que se revise al artículo 118, en la que se autoriza otorgar concesiones para que las empresas mineras canalicen sus desechos a cauces federales.
Los cuestionamientos de los legisladores se centraron en el sobreconcesionamiento y la marginación hídrica, la garantía del derecho al agua de comunidades indígenas, la permisividad frente a grandes concesionarios y el riesgo de extinción de concesiones ejidales y de pequeños usuarios.
La sesión de trabajo duró aproximadamente 4 horas, y en ésta, el diputado Gabriel García Hernández propuso que se realice un parlamento abierto ciudadano para enriquecer la iniciativa. El legislador también presentó un documento de la coordinadora nacional “Agua para Todos”, en el que se plantean ajustes para prevenir un riesgo de colapso hídrico en el país.
