El poder de Grupo México va más allá de la minería: su historia muestra muertes en minas, ríos envenenados y huelgas que duran décadas.
Un poder bajo tierra: la huella de Larrea en México
Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota-Velasco, no es solo el consorcio minero más grande del país: es el emblema de una estructura de poder que, durante tres décadas, ha operado entre los márgenes de la ley, la indiferencia del Estado y el sufrimiento de trabajadores y comunidades.
Desde la tragedia de Pasta de Conchos en 2006 hasta los más recientes derrames en Sonora, la historia del grupo está marcada por muertes, contaminación y conflictos laborales que se prolongan durante años sin reparación. Ninguna otra empresa mexicana concentra tanto poder económico, tantas sanciones ambientales y tantas denuncias obreras sin solución.
Las investigaciones de medios como Pie de Página, La Jornada y Proceso coinciden en una frase que se repite: Grupo México no tiene accidentes, tiene un modelo de impunidad.
Pasta de Conchos: la mina que enterró la verdad
El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, operada por Industrial Minera México, sepultó a 65 mineros. Solo dos cuerpos fueron rescatados. Los otros 63 permanecieron por años bajo tierra, convertidos en símbolo de abandono y resistencia.
La tragedia expuso un sistema de explotación donde las advertencias sobre acumulación de gas metano, fugas y ventilación deficiente habían sido reportadas sin que la empresa actuara. Cuando la mina colapsó, Grupo México suspendió el rescate a los pocos días, argumentando “riesgo técnico”. Para los familiares, esa decisión fue un abandono deliberado.
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Las viudas y sindicatos mineros denunciaron que Larrea y su grupo se ampararon en la burocracia y la corrupción sindical para evadir responsabilidad. El caso escaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sigue como ejemplo de negligencia patronal y omisión del Estado.
Casi veinte años después, el gobierno mexicano reactivó las labores de rescate y comenzó a recuperar restos humanos. Cada cuerpo hallado es prueba de lo que se negó en 2006: que los mineros pudieron ser salvados si la empresa hubiera actuado con ética y humanidad.
Pasta de Conchos no fue solo una tragedia minera. Fue una lección política sobre cómo una corporación puede imponerse incluso sobre la vida de sus trabajadores. Desde entonces, el nombre de Grupo México se volvió sinónimo de muerte y omisión.
Río Sonora: el veneno que fluye desde 2014
Ocho años después de Pasta de Conchos, el 6 de agosto de 2014, otro desastre volvió a colocar a Grupo México en el centro del escándalo. En la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, contaminando una cuenca completa.
La propia PROFEPA calificó el evento como el peor desastre ambiental minero en la historia de México. Las aguas contaminadas afectaron al menos siete municipios, dañando cultivos, ganado y provocando enfermedades cutáneas y gastrointestinales entre los habitantes.
A pesar de las multas —que no superaron los 24 millones de pesos—, la reparación real nunca llegó. El fideicomiso de remediación creado por la empresa se agotó sin resolver la crisis sanitaria ni restaurar el ecosistema. En 2025, comunidades de Sonora aún reclaman atención médica y agua potable.
Pero este no fue un hecho aislado. Una investigación de Pie de Página reveló que Grupo México ha estado vinculado a al menos 22 accidentes ambientales en los últimos 25 años. Entre ellos:
- El derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el puerto de Guaymas, Sonora, que alcanzó el Mar de Cortés.
- La contaminación en la presa Endhó, Hidalgo, donde se detectaron niveles críticos de residuos industriales.
- Descargas contaminantes en operaciones mineras en Perú, Arizona y España, donde la empresa también tiene filiales.
La constante es la misma: daño, multa, silencio y continuidad operativa. Ninguna mina ha sido clausurada de manera definitiva. Ningún alto directivo ha enfrentado juicio penal.
De ahí el apodo que se repite en investigaciones de Pie de Página: “Larrea, el sucio”. Un empresario que convirtió la devastación ambiental en un costo más de su modelo de negocios.
Las huelgas que envejecieron bajo tierra
Mientras el norte de México enfrenta ríos contaminados, el centro y sur arrastran conflictos laborales sin resolver.
Desde 2007, las minas de Cananea (Sonora), Taxco (Guerrero) y Sombrerete (Zacatecas) permanecen en conflicto con el Sindicato Nacional de Mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Los trabajadores exigen seguridad, respeto al contrato colectivo y reinstalación de compañeros despedidos.
La respuesta de Grupo México fue intentar declarar las huelgas “inexistentes” y contratar personal sustituto. En algunos casos, se firmaron nuevos contratos con sindicatos aliados, como la CROC, para reanudar operaciones.
El resultado ha sido devastador. En Taxco, la huelga cumplió 18 años en julio de 2025. Una generación entera de familias mineras ha vivido sin ingreso fijo, mientras el conflicto se empolva en los tribunales. Cananea, símbolo del sindicalismo revolucionario mexicano de 1906, hoy es una mina reabierta con trabajadores nuevos, sin contrato colectivo legítimo.
El caso escaló al plano internacional. La mina San Martín, en Zacatecas, enfrenta un procedimiento bajo el T-MEC por violaciones a la libertad sindical. Es la primera vez que Estados Unidos y Canadá cuestionan oficialmente las condiciones laborales de una empresa mexicana de esta magnitud.
Para el Sindicato Minero, Grupo México se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo el poder empresarial puede anular derechos laborales a través del tiempo, usando la ley a su favor.
Seguridad industrial: la tragedia que se repite
En octubre de 2025, un nuevo derrumbe en la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, dejó varios trabajadores muertos. El accidente ocurrió en una zona donde ya se habían denunciado riesgos estructurales.
La historia se repite: silencio de la empresa, notificación tardía a las familias y poca transparencia sobre las causas. Casi veinte años después de Pasta de Conchos, la minería mexicana sigue operando con los mismos riesgos y la misma impunidad.
Cada muerte bajo tierra vuelve a abrir la herida del 2006. Porque mientras Larrea acumula fortuna, los obreros siguen pagando con la vida.
El modelo Larrea: extracción, silencio y poder
Los casos de Pasta de Conchos, Río Sonora, Guaymas, Taxco y Cananea no son excepciones: son piezas de un modelo económico que combina extracción intensiva, baja inversión social y control político.
Grupo México no solo domina la minería. También controla Ferromex, la red ferroviaria más grande del país, y participa en infraestructura energética, inmobiliaria y portuaria. Es, en términos prácticos, un actor de poder paralelo al Estado.
Ese poder explica por qué, durante tres sexenios, ningún gobierno —ni panista, ni priista, ni morenista— ha impuesto sanciones ejemplares. Y por qué las comunidades afectadas siguen sin justicia.
Las cifras son brutales:
- Más de 20 mil personas afectadas por el derrame del Río Sonora.
- 63 cuerpos aún sepultados por responsabilidad empresarial en Pasta de Conchos.
- Tres huelgas mineras que suman más de 5 mil familias sin solución.
- 22 accidentes ambientales documentados en México y el extranjero.
No son hechos dispersos. Son el retrato de una impunidad estructural.
Bajo el suelo, la deuda sigue viva
En los pueblos del norte, el agua sigue contaminada. En Coahuila, las viudas de Pasta de Conchos aún esperan abrazar los cuerpos de sus esposos. En Guerrero, los mineros de Taxco siguen sosteniendo guardias frente a una mina clausurada.
Y en la capital, Germán Larrea continúa apareciendo en los listados de Forbes como uno de los hombres más ricos de América Latina.
Esa es la paradoja mexicana: mientras el país presume crecimiento minero, los costos humanos y ambientales se entierran sin memoria.
Porque en México —como dicen los mineros— el cobre se extrae con sudor, pero también con sangre. Y la justicia, hasta ahora, sigue sin salir del socavón.
ENLACE: Grupo México: tragedias, contaminación y 18 años de impunidad laboral
