La Auditoría Superior señaló al organismo, hoy extinto, por deficiencias en el manejo de recursos destinados para adquirir bienes y a la contratación de servicios
Raúl Flores M.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en deficiencias para manejar recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar.
La revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 revela un patrón de opacidad y falta de control administrativo del órgano, hoy extinto debido a la reforma judicial.
Por ejemplo, el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a una empresa por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. También se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento sin la evidencia que comprobara su prestación.
Tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones sin demostrar la ejecución del servicio.
Otras empresas cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal.
En otro caso, la Judicatura desembolsó más de 92 millones por servicios de impresión y copiado sin los reportes obligatorios. De acuerdo con el Tomo V del informe Poder Judicial, el CJF reportó ingresos por 70 mil 55 millones de pesos, aunque su presupuesto original era de 68 mil 917 millones.
DETECTAN ANOMALÍAS POR 272 MDP EN CJF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas en el Poder Judicial, debido que durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue señalado por múltiples deficiencias en el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, irregularidades que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar.
De acuerdo con el Tomo V del informe “Poder Judicial”, el CJF reportó ingresos totales por 70 mil 55 millones de pesos, aunque el presupuesto originalmente autorizado ascendía a 68 mil 917 millones.
La auditoría practicada tuvo como objetivo verificar la correcta aplicación de esos recursos; sin embargo, los hallazgos revelan un patrón preocupante de opacidad y falta de control administrativo.
Entre las principales observaciones destaca que el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V. por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. Además, se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento, sin la evidencia documental que comprobara su prestación efectiva.
Por ejemplo, tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones de pesos sin demostrar la ejecución del servicio. Otras empresas, como Eos Limpieza e Inmobiliaria DNI, cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. En el caso de Distri Copy S.A. de C.V., el CJF desembolsó más de 92 millones de pesos por servicios de impresión y copiado sin los reportes técnicos obligatorios.
La ASF también detectó pagos sin respaldo por servicios tecnológicos y de soporte informático, entre ellos los de Microsoft México, IQsec y UNINET, por más de 200 millones de pesos. Ninguno presentó documentación suficiente que justificara la ejecución de actividades o la aplicación de penas convencionales por retrasos y fallas.
Pese a que el dictamen concluye que el CJF cumplió “en términos generales” con la normativa, los resultados arrojan 11 recomendaciones, 11 pliegos de observaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
Los resultados de la ASF señalan que el entonces Consejo de la Judicatura Federal dejó sin aclarar 272 millones 437 mil pesos, cifra que refleja una preocupante relajación en los controles internos del Poder Judicial, órgano que tiene la misión de garantizar la legalidad y la transparencia en el país.
ESTADOS CONCENTRAN POSIBLE QUEBRANTO
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2024 por seis mil 969 millones de pesos, de los cuales aún quedan pendientes de aclarar cinco mil 823 millones, informó a diputados el titular de la ASF, David Colmenares Páramo.
Según el informe consolidado de la ASF, del total de seis mil 969 millones de pesos observados, más de 86%, es decir, seis mil cuatro millones, corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, particularmente en salud, infraestructura física y educación. De este monto, restan por aclarar cinco mil 21 millones de pesos.
De los cuales, desafortunadamente, más de 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud, también subrayan los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal”, indicó Colmenares Páramo.
Entre los conceptos con mayor opacidad destacan el gasto de estados y municipios en materia de salud, con mil 591 millones de pesos; en infraestructura física y saneamiento financiero, con mil 391 millones; en educación, con mil 330 millones, e infraestructura social, con 666 millones.
Por entidades, las que lideran mayor opacidad o posible quebranto en el ejercicio de recursos federales destacan Veracruz, con un monto de mil 114.3 millones de pesos; Hidalgo, con 583 millones; Durango, con 390 millones; Morelos, con 226.9 millones, y Chiapas, con 206.9 millones.
Colmenares hizo notar que los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no tuvieron observación alguna en las auditorías de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024.
- NIVEL FEDERAL
En tanto, más de 965 millones de pesos en probables irregularidades corresponden a entes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y, principalmente, el Judicial, con 49% del total, faltando de explicar aún el destino de 802 millones.
Al hacer la segunda de tres entregas de informes de fiscalización correspondientes al último año de la administración del expediente Andrés Manuel López Obrador, el auditor superior informó que siguen en curso otras auditorías relevantes con la meta de sumar alrededor de dos mil millones más y presentar la información final en febrero de 2026.
En el antiguo PJF se hallaron deficiencias y omisiones en el manejo de recursos por más de 323 millones de pesos, destacando el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sobresalen también los casos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 72 millones; la Secretaría de Marina (Semar), con 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 34 millones, y la Secretaría de Salud, con 19 millones, entre otras.
- PODER JUDICIAL
En el caso de mayor opacidad en el ejercicio de recursos públicos en el Poder Judicial de la Federación, los mayores montos observados corresponden a pagos sin comprobación a empresas de limpieza; seguridad privada; tecnología y software, así como arrendamiento inmobiliario.
Todas, sin documentación que acreditara los servicios prestados.
El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral fueron objeto de auditorías de cumplimiento forense, enfocadas en la revisión de adquisiciones y servicios contratados, donde la ASF halló pagos sin evidencia documental, servicios no comprobados y omisiones en la aplicación de sanciones a proveedores.
