La reforma abre la puerta a la vigilancia masiva y a la censura indirecta, alertan organizaciones de la sociedad civil.
Redacción AN/ SBH
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que es totalmente falso que se esté aprobando una “Ley Espía” en el Congreso para obtener información de las empresas tecnológicas.
Es la respuesta del gobierno federal a las declaraciones de organizaciones de la sociedad civil, que alertan de un artículo en el Código Fiscal de la Federación que obliga a las plataformas digitales a abrir sus sistemas al SAT.
Según el gobierno federal, la reforma está enfocada únicamente en obtener información fiscal, relacionada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Se busca, dice el SAT, hacer más eficiente la recaudación y evitar la evasión de impuestos.
“En ningún momento, se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o a la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas, como se quiere hacer creer”.
Alerta
La reforma al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados y específicamente el artículo 30-B fue calificada por José Flores Sosa, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), como un intento del gobierno de “servirse con la cuchara grande”, otorgando a las autoridades fiscales un poder desproporcionado que, bajo el pretexto de la recaudación, abre la puerta a la vigilancia masiva y a la censura indirecta.
El artículo 30-B otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) facultades para tener acceso permanente y en tiempo real a los datos de las plataformas digitales. Para José Flores Sosa, esto no es una simple auditoría, sino la creación forzosa de una “puerta trasera” en los sistemas de las empresas.
En entrevista para Aristegui en Vivo, el experto en seguridad digital alertó sobre la ausencia total de supervisión o control judicial para la vigilancia del gobierno hacia las plataformas digitales que abarcan desde streaming, como Netflix, hasta apps de citas e incluso redes sociales donde se lleven a cabo transacciones, por ejemplo, Facebook.
Flores Sosa advierte que esta reforma no debe analizarse de forma aislada, sino como una “pieza” más de un “rompecabezas” que el gobierno está armando para consolidar un sistema de vigilancia estatal. El verdadero peligro, argumenta, reside en la capacidad de cruzar la información fiscal con otras bases de datos gubernamentales.
“Ahora no solo es que las autoridades acceden a información o conectan bases de datos, las autoridades pueden transferirse entre sí esa información“, alertó. Explicó cómo el SAT podría obtener datos, como un número de teléfono usado para registrarse en una plataforma, y luego cruzarlo con otras bases de datos, como la CURP biométrica, para revelar la identidad real de una persona.
Imagen: IA/AN (MDS)
Peor aún, esta información podría terminar en manos de otras agencias. “La información que puede obrar en manos de las autoridades fiscales después puede ser usada por otras autoridades, por ejemplo, de seguridad, por autoridades militares”.
El “Garrote” del Bloqueo y la Censura Indirecta
La reforma establece el bloqueo temporal del servicio para quienes no cumplan con otorgar el acceso a las autoridades fiscales. Flores Sosa describe esta medida como “el garrote, el castigo”, una amenaza que podría usarse para silenciar voces y constituir una forma de censura indirecta.
Foto: Jakub Żerdzicki vía Unsplash
Puso como ejemplo a la plataforma X (antes Twitter). Al ofrecer servicios transaccionales como las suscripciones premium, podría ser objeto de esta ley. Si las autoridades consideran que hay un incumplimiento, podrían ordenar el bloqueo total de la plataforma en el país. “La suspensión completa de todo X en este caso claramente va a generar una problemática o una lesión a nuestro derecho a la libertad de expresión, va a ejercer un momento de censura”, afirmó.
