Hasta la fecha, cuatro políticos han reconocido públicamente la revocación de su visa
El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en lo que fuentes diplomáticas describen como una ampliación de la estrategia de presión del presidente Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico y sus presuntos vínculos con actores políticos en México.
De acuerdo con un reporte publicado por la agencia Reuters, las cancelaciones se realizaron en las últimas semanas y afectan a figuras del partido gobernante Morena, así como a funcionarios de otras fuerzas políticas.
Aunque solo cuatro políticos han reconocido públicamente la revocación de su visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, funcionaria que negó rotundamente tener nexos con el crimen organizado, dejando ver que las medidas son mucho más extensas de lo que se había reportado hasta ahora.
“La administración Trump está encontrando nuevas formas de ejercer más presión sobre México”, dijo Tony Wayne, exembajador estadounidense en México, al señalar que el uso de la política de visas como herramienta diplomática no tiene precedentes en esta magnitud.
Las cancelaciones se enmarcan en la ofensiva de Washington contra las redes criminales mexicanas y sus presuntos nexos políticos, en medio de tensiones bilaterales por temas de seguridad y cooperación antinarcóticos.
De acuerdo con la información presentada, algunos funcionarios estadounidenses explicaron ala agencia que la revocación de una visa no requiere justificación pública y puede efectuarse en cualquier momento por motivos de “seguridad nacional” o “actividades contrarias al interés de Estados Unidos”, como narcotráfico, corrupción o espionaje.
Asimismo, Reuters informó que un alto funcionario del Departamento de Estado (cuya identidad no fue revelada) confirmó que las visas “pueden ser revocadas en cualquier momento”, y agregó que la medida forma parte de los esfuerzos para “proteger los intereses nacionales” ante la creciente influencia del crimen organizado en la región.
Sheinbaum afirma que no tiene datos precisos sobre la cantidad total de visas revocadas
El día de hoy en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener información oficial sobre las cancelaciones y explicó que Estados Unidos no suele notificar al gobierno mexicano sobre estos procedimientos, ya que se consideran asuntos personales vinculados a individuos específicos.
Sin embargo, en el entorno político mexicano, la decisión ha generado inquietud y malestar entre funcionarios y legisladores, particularmente en Morena, donde varios integrantes reconocieron haber sido advertidos de posibles restricciones migratorias.
El reporte también señala que la administración Trump ha extendido esta política a otros países de América Latina, afectando a funcionarios en Colombia, Brasil y Costa Rica, lo que refleja una tendencia regional de endurecimiento diplomático.
El exembajador Christopher Landau, quien se ha referido a sí mismo en redes sociales como “El Quitavisas”, habría impulsado esta línea de acción, consistente en retirar privilegios migratorios a figuras consideradas “enemigas ideológicas o de seguridad” de Washington.
En México, la medida amenaza con tensar la relación bilateral en un momento clave denegociaciones comerciales y de cooperación en seguridad, en las que Sheinbaum ha buscado mantener un equilibrio entre colaboración y soberanía nacional.
“Podría generar reacciones negativas, ya que la presidenta Sheinbaum considera que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto”, señaló John Feeley, exembajador estadounidense en Panamá.
Un mensaje político encubierto
Fuentes diplomáticas indicaron que la designación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas por parte de Washington incrementó la influencia de la DEA sobre las decisiones migratorias y las investigaciones de funcionarios mexicanos.
Aunque no se han revelado nombres ni listas oficiales, analistas consideran que las revocaciones de visas podrían usarse como herramienta de presión política, tanto para exigir acciones más contundentes contra el narcotráfico como para marcar distancia con figuras consideradas incómodas para la política exterior estadounidense.
Mientras tanto, en México, el tema avanza con discreción. Ninguna autoridad ha confirmado formalmente la lista de afectados, y los políticos señalados han evitado declaraciones públicas, conscientes del impacto que podría tener en su imagen y carrera.
