La exdirectora defendió el proceso de extinción de fideicomisos y afirmó que las denuncias responden a intereses afectados por las reformas
Anayeli Tapia Sandoval
La exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, reconoció que durante su administración se detectaron irregularidades en el uso de recursos públicos, aunque aseguró que estas situaciones fueron identificadas y atendidas por los órganos de control interno.
En un comunicado publicado el martes, la funcionaria defendió su gestión y acusó la existencia de una campaña coordinada de “asedio mediático” que afecta tanto a su persona como a su familia.
De acuerdo con el documento, Álvarez-Buylla afirmó que “los mecanismos para la fiscalización del gasto público en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal obedecen al interés supremo del pueblo de que exista un ejercicio eficiente, correcto y transparente de los recursos”.
Al mismo tiempo, denunció que algunas coberturas de prensa han “tergiversado acciones de rutina orientadas a un adecuado manejo del gasto público”, con el objetivo de dañar su reputación y la de su familia.
La exfuncionaria remarcó que “estamos moral y legalmente obligados a atender” las observaciones de los órganos de control, en línea con los principios de la cuarta transformación, y afirmó que el sector público vive actualmente una vigilancia sin precedentes.
En su comunicado, la exfuncionaria reiteró sus críticas a quienes, afirma, convirtieron la ciencia y el financiamiento público en “botines de redes de poder”, y argumenta que las resistencias y críticos responden a intereses afectados por el desmantelamiento de prácticas previas: “La existencia y operación de estos instrumentos de simulación nunca fue eficiente ni pulcra en el manejo de recursos públicos; de haberlo sido, no se habrían recuperado 21 mil 800 millones de pesos”.
Irregularidades bajo la lupa
La exfuncionaria explicó que las anomalías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del Conahcyt fueron detectadas a tiempo y se refieren a irregularidades en un contrato de servicios por 52 millones de pesos, donde la empresa responsable no presentó entregables administrativos adecuados. Según Álvarez-Buylla, “el PRAS (Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria) es un instrumento dirigido a personas o a representantes de empresas específicas”, por lo que aclara que no figura directamente en los expedientes ni es objeto de la denuncia.
En palabras de la exdirectora: “El trabajo sí se realizó y el recurso provino de la cuenta pública”, aunque reconoce que se procedió a la terminación anticipada del contrato y a la remoción de los servidores públicos responsables, además de abrir los procedimientos administrativos correspondientes.
Defendió que Conahcyt trabajó coordinadamente con las autoridades fiscalizadoras y que bajo su liderazgo se evitó la impunidad y las complicidades en la rendición de cuentas.
La ASF ha reportado ante la Fiscalía General de la República (FGR) la detección de posibles malos manejos de más de 400 millones de pesos en el periodo que abarca de 2019 a 2023. El punto más crítico fue el año fiscal 2021, con más de 220 millones de pesos en contratos irregulares, pagos indebidos y transferencias no justificadas.
Álvarez-Buylla destacó que, durante su administración, se recuperaron 21 mil 800 millones de pesos dentro del sector, de los cuales 7 mil 651 millones pertenecían a proyectos insolventes y más de 14 mil millones a recursos pasivos en fideicomisos extinguibles.
Cabe apuntar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la extinción de fideicomisos fue una medida adoptada en todo el país. De acuerdo con Álvarez-Buylla, en ese periodo se extinguieron 187 fideicomisos, 91 de los cuales correspondían al Conahcyt (antes Conacyt).
Denuncia amenazas
Recientemente, la atención mediática sobreMaría Elena Álvarez-Buyllase incrementó luego de que la revista internacional Dwell Magazine publicara un reportaje sobre el estudio de arte de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla, ubicado en el domicilio familiar de la Ciudad de México.
La difusión del espacio, diseñado por una firma reconocida de arquitectura, coincidió con la revelación de las auditorías y denuncias por irregularidades en Conahcyt, y desató críticas en redes sociales que señalaron la aparente incongruencia entre el entorno de privilegio mostrado y el discurso de austeridad promovido durante la gestión de la exfuncionaria.
En ese contexto, la exdirectora aseguró que sus bienes e ingresos han sido públicos durante su desempeño en la administración y que su patrimonio es resultado de una trayectoria académica honesta y de trabajo transparente.
Argumentó que “las agresiones mediáticas en contra de mi familia no solo son infundadas, sino también calumniosas y dañinas para nuestro quehacer profesional”.
Álvarez-Buylla denunció la existencia de campañas de desprestigio operadas por “granjas de bots” que han realizado incluso amenazas directas a su integridad física, añadiendo un énfasis en el costo personal y familiar que le han representado las reformas impulsadas desde Conahcyt.
“La vileza ha escalado a tal grado que pretenden manipular hechos con suposiciones que han causado un daño moral irreparable para mí y mi familia”.
