Germán Larrea no goza de una reputación sólida en EU, pues ha estado involucrado en procesos judiciales por daños al medio ambiente y abusos laborales, lo que hizo dudar a los banqueros estadunidenses sobre hacer negocios con él, señalan analistas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Certeza” y “responsabilidad” fueron las palabras con las que Citigroup decidió marcar distancia y decirle no a Grupo México, propiedad de Germán Larrea. El segundo hombre más rico del país no goza de una reputación sólida en Estados Unidos, su nombre ha estado involucrado en distintos procesos judiciales que han hecho dudar a los banqueros estadunidenses sobre si conviene o no hacer negocios con él.
Tan sólo unas horas después de que Larrea, también señalado como corresponsable de la tragedia de Pasta de Conchos y de la contaminación en el Río Sonora, anunciara su intención de comprar el 100% de Banamex, Citi comenzó a enfriar el acercamiento.
“Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta”, detalló el banco estadunidense en un comunicado emitido el 9 de octubre de 2025.
Contaminación del río Sonora por minera de Larrea. Foto: gob.mx
Para el académico del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, aunque Citi no mencionó de forma directa la reputación de Germán Larrea como causa del rechazo, el historial de litigios que enfrenta en Estados Unidos sí influyó en la decisión, especialmente en un momento de revisión y renegociación del T-MEC, y tratándose de una oferta dirigida a un banco estadunidense, “situación que pesa”.
“Sobre la reputación y los litigios, sí cuentan, pero no aparecen como motivo oficial. Grupo México arrastra antecedentes sonados: el caso de Southern Peru en Delaware (fallo confirmado en 2012) y el derrame del Río Sonora de 2014, reactivado en 2023 con nuevas acciones del gobierno”, expone Magaña en entrevista con Proceso.
Entre los procesos judiciales que ha enfrentado en Estados Unidos y que reflejan una falta de certeza y responsabilidad, destaca uno de 2010.
En agosto de ese año, el Fondo de Retiro de Policías y Bomberos de la ciudad de North Miami Beach, accionista minoritario de Southern Copper Corporation (SCCO), presentó una demanda ante la Corte Superior de Arizona, en el condado de Maricopa, para frenar un intercambio de títulos entre compañías del conglomerado de Larrea.
“Grupo México tiene una larga historia de transacciones negociadas y consumadas mediante procedimientos injustos, e intenta repetir esta historia forzando a los accionistas minoritarios”, se lee en el texto legal de más de 20 páginas de extensión.
El punto en conflicto fue que Grupo México, que posee el 80% de las acciones de Southern Copper a través de Americas Mining Corporation (AMC), anunció que esta última lanzó una muestra de interés por adquirir la totalidad de los títulos de SCCO.
Mediante esta operación, los tenedores de papeles de SCCO recibirían 1.237 valores de AMC por cada uno de la primera. La fusión no fue considerada justa para los accionistas públicos de SCCO y expuso las maniobras financieras de Larrea para expandir su imperio minero dentro del mercado estadunidense.
Larrea también encabezó las operaciones de Asarco Mexicana, SA, que inició la construcción de una de las minas más grandes del planeta, con producción de cobre, zinc, molibdeno, plata, oro y selenio.
Bajo la dirección de Germán Larrea, Grupo México compró Asarco mediante una oferta no solicitada, una hostile takeover en la jerga financiera. En ese entonces Asarco era la accionista mayoritaria de Southern Peru Copper Company. La compañía fue protegida de responsabilidades ambientales y de contaminación por asbesto.
Ya en 2024 Larrea volvió a quedar en el centro del ojo público en Estados Unidos, tras una acusación por violación a derechos laborales bajo el marco del T-MEC, en una de sus minas de cobre, específicamente en San Martín, Zacatecas.
La denuncia fue presentada en mayo de 2023 ante el ILC por la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros).
La demanda señalaba que “había evidencia creíble y suficiente de que Grupo México viola los derechos laborales de Los Mineros en la mina de San Martín, Zacatecas”.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), solicitó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador investigar el caso bajo los estatutos del T-MEC.
Fue hasta mayo de 2024 cuando se emitió por escrito el fallo en favor de Grupo México, lo que provocó molestia en la Unión Americana.
“La decisión del panel que efectivamente permite que Grupo México continúe violando los derechos de negociación del contrato colectivo y de libre asociación de los mineros de San Martín”, declaró Katherine Tai, la entonces jefa de la Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca (USTR).
Viejos desencuentros con el poder
A esta serie de fricciones con el sistema legal estadunidense se suma un antecedente político. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Citigroup anunció su intención de vender Banamex, Grupo México fue uno de los primeros en levantar la mano para adquirirlo.
Sin embargo, el entonces presidente no vio con buenos ojos la operación y las negociaciones se detuvieron.
De hecho, López Obrador tuvo desencuentros públicos con Larrea a lo largo de su administración, llegando a acusarlo de ser un “explotador minero”.
López Obrador. Desencuentros con Larrea. Foto: Eduardo Miranda.
Todo está en los detalles
El académico del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, expone que no sólo la reputación de Larrea pesó en la decisión, sino también la forma de pago y la falta de certeza que ofrecía la operación.
En público, Citigroup justificó su decisión como la ruta que mejor equilibra “responsabilidad en la desinversión y valor para sus accionistas”, con el objetivo de garantizar certidumbre en el cierre y control del proceso.
“La decisión se explica mejor por la búsqueda de certeza regulatoria, gobernanza del proceso y maximización de valor mediante una salida escalonada”, dijo Magaña.
“Una venta total a un único comprador grande concentra riesgos regulatorios y de ejecución; en cambio, una combinación ‘venta minoritaria + OPI’ diversifica inversionistas, reduce puntos de fricción y permite a Citi marcar el ritmo hacia la salida que su estrategia global exige. Eso es coherente con su narrativa de ‘salida responsable’ y optimización de valor, que ha repetido al confirmar el rechazo a Grupo México”, agregó.
Por su parte, el analista Kristobal Meléndez considera que la oferta de Grupo México se presentó en un contexto muy conservador, con una estimación de estancamiento en Banamex que implicaba un precio por acción inferior al esperado por el vendedor:
“La oferta la hizo en un escenario muy conservador, en la que estima en Banamex un estancamiento, por ende, un precio por acción menor a la expectativa del vendedor. A su vez, la falta de transparencia y comportamiento en ofertas anteriores hacen dudar al aceptar una oferta que implica incertidumbre”, dijo a Proceso.
