La gran paradoja de la reforma electoral en marcha es que, en palabras del gobernador Alfonso Durazo, no es para los partidos políticos, sino para los y las ciudadanas mexicanas; pero la instancia final donde se decidirán los términos de tal reforma es en el Congreso de la Unión, donde son precisamente los partidos políticos quienes habrán de aprobarla con sus votos. O rechazarla, o modificarla.
Si bien es cierto que la iniciativa de reforma aún no existe y precisamente para articularla son las audiencias populares que se están llevando a cabo en todo el país, lo que ha trascendido es que algunas propuestas son auténticos balazos en el pie de los partidos políticos, especialmente aquellos considerados minoritarios, entre los que se incluyen los aliados de Morena, como el PT, el Verde, el PES o el PANAL.
En recientes entrevistas por separado, los dirigentes estatales del PT y del Verde, Ramón Flores y Augusto López Ramírez, sostuvieron que desde el anuncio de la reforma electoral y los esbozos de propuestas que se filtraron, encendieron luces de alerta en los tableros de sus partidos, particularmente en temas como el financiamiento y los cargos legislativos plurinominales.
López Ramírez recordó que las plurinominales nacieron como una necesidad de oxigenar el pesado ambiente político que se vivía en los tiempos del partido prácticamente único, el PRI, abriendo espacios para la representación de las minorías.
Ese fue uno de los primeros pasos en la apertura democrática de los años 70 del siglo pasado, pero con el tiempo -y esto no lo dijo el dirigente partidista, sino que es un apunte personal- se fueron pervirtiendo y la partidocracia aprovechó esos espacios no para enviar a los más capaces, sino a los más cercanos a las élites de esas organizaciones políticas.
Tanto Ramírez como Flores coincidieron en que la reducción al financiamiento de los partidos es una medida que va directo al corazón de esas organizaciones, especialmente las que no detentan el poder y no tienen, por tanto, acceso a recursos más allá de los correspondientes a las prerrogativas oficiales, lo cual los coloca en desventaja frente a los partidos mayoritarios, especialmente uno, que en estos momentos hegemoniza prácticamente todos los ámbitos del poder.
Las audiencias que se están realizando son un sano ejercicio democrático de participación ciudadana en un tema que es toral para la vida pública en el país, pero si por la víspera se saca el día, es previsible que esos foros terminen convertidos en un espacio de diálogo circular entre militantes de un mismo proyecto político o personajes afines al mismo.
La comisión para la reforma electoral integrada por la presidenta de la República no incluye a personajes de la oposición, aunque estos podrán participar con sus propuestas, como cualquier otro interesado en el tema. El arranque de los trabajos de esa comisión estuvo encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien a su vez funge como presidente del Consejo Político Nacional de Morena. La comisión la preside el veterano militante de la izquierda mexicana, Pablo Gómez Álvarez.
Estuvieron presentes también funcionarios de la secretaría de Gobernación y la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, así como legisladores de Morena y aliados.
Allí se dijo que esta reforma tiene como propósito transformar el sistema electoral a un modelo que responda a las exigencias ciudadanas de contar con un instrumento democrático más justo, transparente, accesible y acorde a la nueva realidad política del país.
En estos foros se recogerán las propuestas de distintos actores sociales del ramo académico y legislativo; organizaciones y ciudadanía “sin restricciones, sin censura y con un genuino compromiso de construir de manera colectiva una reforma electoral para todas y todos”.
El esfuerzo es sin duda plausible, aunque existen reservas sobre el destino final de las propuestas, especialmente aquellas que han causado más polémica y tienen que ver con el financiamiento a las organizaciones políticas y la eliminación o replanteamiento de los criterios para elegir a legisladores plurinominales.
Estas son propuestas que se venden bien en el ánimo ciudadano, donde mucha gente está hastiada de mantener a una clase política que continuamente está dando ejemplos de lo que no se debe hacer, no solo en el ámbito de sus responsabilidades en el servicio público, sino hasta en sus vidas personales.
Pero las propuestas recogidas en estos foros finalmente llegarán al Congreso federal, donde serán las y los legisladores de los partidos políticos quienes decidan si pasa o no, si se modifica y en qué parte de su articulado.
Y los partidos, se infiere, no van a darse un balazo en el pie.
II
Desde Huatabampo nos llegan noticias y no necesariamente buenas. Hay una denuncia sobre el tesorero municipal, Alberto Ramírez a quien señalan como la mano que mece la cuna de todas las decisiones en el Ayuntamiento que preside Alberto Vázquez Valencia.
Si el alcalde no está enterado de lo que sucede, mal; pero sí está enterado, peor.
Alberto Ramírez, dicen, se apoya en sus hermanos Víctor y Manuel para colocar a familiares y allegados en la nómina municipal, ejerciendo una poderosa influencia sobre las decisiones que se toman en las dependencias. Por ejemplo, Víctor Ramírez es el encargado del manejo presupuestal del DIF municipal; Manuel, el otro hermano firma como subdirector operativo y facturero del organismo operador de agua y carga con varios señalamientos sobre el repentino cambio en su tren de vida.
Hay otros familiares del tesorero presuntamente involucrados en negocios proveedores del ayuntamiento, en lo que parece ser toda una red al amparo del nepotismo y el compadrazgo, sobre la que el alcalde Alberto Vázquez debería poner la lupa, si es que no está enterado.
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