Bien dicen que justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia.
Y en el caso de la Guardería ABC, a poco más de dieciséis años de suscitada la tragedia que enlutó a todo un país, la justicia ha llegado a cuentagotas.
Aunado al inmenso dolor de perder a sus hijos, las madres y padres de los menores fallecidos, aun de los lesionados, han tenido que soportar la terrible lentitud con la que las autoridades han actuado, sin distinción de colores en el gobierno en turno.
Los niños de aquel 2009 son ya los adolescentes del 2025, con huellas de dolor imborrables en su cuerpo y en mente, sí, pero para su fortuna, vivos.
49 pequeños no tuvieron esa misma oportunidad.
Este apretadísimo contexto del hecho que cimbró a la sociedad mexicana, viene a cuento porque en menos de una semana ya fueron detenidos dos personajes relacionados con el incendio de la guardería: Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria, y Roberto Copado, titular de Protección Civil en Hermosillo, al momento de registrarse los hechos.
Ambos fueron aprehendidos en Arizona. La primera fue sentenciada por el delito de lesiones y homicidio culposo, recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil en Hermosillo; el segundo, con una condena de cinco años y siete meses de prisión, y por ahora, interno desde ayer en una cárcel arizonense, en espera de conocer su situación legal.
No sé bien a bien qué botón fue tocado para que estas detenciones se llevaran a cabo, después de tantos años de padecer una justicia sorda y ciega.
Sin embargo, en este México nuestro, creo entender que el único botón con poder suficiente para que las cosas sucedan, es el presidencial. Como diría el clásico, “haiga sido como haiga sido”, pero los resultados ya son visibles.
De cualquier forma, todavía falta mucho para que las madres y padres de las niñas y niños víctimas del incendio, obtengan realmente su anhelada demanda de justicia.
Y esto no sucederá en tanto sigan en las calles, libres, los autores intelectuales y materiales del incendio.
Desde el entonces presidente Felipe Calderón, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y el exgobernador Eduardo Bours, pasando por el exalcalde hermosillense Ernesto Gándara, fueron citados en la investigación en torno a la tragedia -unos con mayor grado de responsabilidad que otros-, pero hasta el momento, siguen más campantes que don Sebas.
Esperemos, entonces, que la justicia no sea selectiva, y que las autoridades no busquen satisfacer la sed de justicia de las víctimas, solo a costa de los eslabones más frágiles de la cadena de culpabilidades.
Los “machuchones” deben estar también sujetos al imperio de la ley.
ENCUADRE PUNZANTE
1). Como si no tuviese suficiente con los problemas de seguridad, el cierre de la frontera a la exportación de ganado, el “llegue” a las finanzas del Cecop, las manifestaciones en contra de la construcción de una presa en Ures y los señalamientos al Tren Fantasma, el gobierno de Sonora tiene que lidiar ahora con un nuevo escandalito: su relación comercial con empresas sancionadas por Estados Unidos por surtir de precursores para producir fentanilo y metanfetaminas al Cártel de Sinaloa, específicamente al grupo de “Los Chapitos”.
Y no solo el gobierno está envuelto en este tema: la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y el Colegio de Bachilleres de Sonora, también están implicadas en la compra de materiales que proveen esas empresas.
Hasta el cierre de esta columna, no registré reacción alguna ni del gobierno ni de las universidades.
Algo tendrán qué explicar y/o aclarar.
2). Apenas ayer comenté en esta columna la denuncia de presiones, amenazas y represalias sufridas por la cronista de Ures, Delia María Piña Aguirre y por María Auxiliadora Haro Romo, por apoyar el movimiento de rechazo a la construcción de una presa en Puerta de Sol.
Fue el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) quien salió en defensa de las dos activistas, expresando su “profunda preocupación e indignación” ante esos hechos, exigiendo además la protección y garantías de seguridad para ambas mujeres, la investigación y sanción de los actos de represión, así como el respeto al derecho de las comunidades del Río Sonora a participar en las decisiones sobre su territorio y agua.
Conflicto en escalada. Lidiar con los maestros universitarios no es cosa menor. Advertidos están.
IN PROXIMUM
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