En 2021 y 2024 se evadieron más impuestos por el contrabando de diésel.
Paradójicamente fueron los neoliberales los que reformaron la ley para permitir que los privados pudieran importar combustibles, lo cual hizo que los estatistas de la 4T descubrieran o inventaran un gran “negocio”: el contrabando de estos productos para evitar el pago de impuestos y venderlas a un precio menor en el mercado nacional.
Este “negocito” le causó pérdidas al fisco durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de diez mil 700 millones de dólares, es decir, 196 mil 773 millones de pesos al tipo de cambio de ayer (18.39 pesos por dólar). Es lo que calcula Francisco Barnés de Castro en un magnífico artículo publicado esta semana en Energía a debate titulado Evolución del problema del huachicol y su impacto económico.
Vale la pena leer a Barnés quien no sólo fue rector de la UNAM, sino además subsecretario de Energía, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y director general del Instituto Mexicano del Petróleo. Es, sin duda, un experto en la materia.
Barnés provee un retrato del huachicol tradicional (robo de combustibles) y del fiscal (contrabando de estos productos). En este artículo me concentro en lo segundo, que fue el “negocio” ilegal que comenzó a operar durante la 4T porque antes estaba prohibida la importación de hidrocarburos por parte de empresas privadas. Sólo Pemex podía hacerlo.
Las reformas de Enrique Peña Nieto abrieron este mercado a los privados y, con ello, surgió la posibilidad de contrabandear gasolina y diésel para no pagar impuestos. Esto, como hoy sabemos, con la participación de las autoridades aduanales controladas por la Secretaría de Marina y, como algunos sospechamos, con el padrinazgo de políticos morenistas que vieron en este “negocio” ilegal una manera de financiar campañas electorales y enriquecerse en lo personal.
Esta historia está por desarrollarse porque todavía no sabemos hasta dónde llegaron las complicidades políticas y cuál fue el destino de tantos miles de millones de pesos. El valor del trabajo de Barnés es que le pone cifras a lo que se robaron, tanto volumétricas como monetarias.
Cuatro mil millones de dólares en el huachicoleo fiscal de gasolinas y seis mil 700 millones de diésel durante el sexenio de López Obrador.
¿Cómo calculó Barnés estas cifras?
En el caso del diésel se trata de la diferencia de los volúmenes de exportación de Estados Unidos a México que publica la Agencia de Información Energética del vecino del norte con los datos de importación que llegaron a nuestro país reportados por la Secretaría de Energía. Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, “se tiene una clara evidencia que existe contrabando”.
Es a partir de 2019 cuando comienza a presentarse una diferencia entre las cifras coincidiendo “con la fecha de entrada en vigor de la reforma energética del gobierno de Peña Nieto que permite la importación de combustibles por terceros”.
Por diésel, el fisco dejó de recaudar dos mil 560 millones de dólares de evasión del IVA y cuatro mil 170 millones del IEPS a este producto.
Y, fíjese usted, los dos años en que hubo un mayor contrabando de diésel fueron 2021 y 2014, es decir, los años en que hubo elecciones federales.
¿Coincidencia?
No lo creo.
Igual en el huachicol fiscal de gasolinas: 2021 y 2024 fueron los años en que se evadieron más impuestos por el contrabando de estos combustibles.
La metodología que usó Barnés para calcular el volumen de gasolinas contrabandeadas es más complida (puede revisarse en el artículo citado). El impacto fiscal fue la evasión de mil 570 millones de dólares de IVA y dos mil 460 millones de IEPS.
Además del daño patrimonial al erario, Barnés argumenta que hay otros efectos negativos del “negocito” que descubrió o inventó la 4T el sexenio pasado. “Como el huachicol fiscal no está obligado a cumplir con las normas oficiales de calidad, con frecuencia es adulterado con otros productos para incrementar las utilidades, afectando el desempeño de los vehículos o dañándolos, a veces de manera irreparable”.
Se produce, también, competencia desleal, el desarrollo de redes complejas y sofisticadas del crimen organizado que cuentan con la participación de las autoridades aduanales y tributarias, por no mencionar a las altas esferas de la política nacional.
En el afán de recaudar más impuestos, la Presidenta ha decidido combatir este crimen que le está costando tantos miles de millones de pesos al gobierno. Qué bueno. Ojalá y le jalen la hebra para encontrar adónde terminó tanto dinero. Díganme suspicaz, pero a mí me resulta muy extraño que el mayor contrabando de gasolinas y diésel haya ocurrido en años electorales.
