Alejandro Matty Ortega
Ciudad de México.- El 2018, a 50 años de aquel 2 de octubre de 1968, la CNDH narró en un documento los hechos previos, durante y posteriores a la matanza de más de 300 estudiantes en Tlatelolco, ese fatídico 2 de octubre que a 57 años de distancia no se olvida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reseña que el 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas.
Califica que fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año.
El documento indica que el año 68 estuvo caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este período y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos.
Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio.
El organismo defensor de Derechos Humanos expone el el documento que “la masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica”.
La presencia de este batallón en el lugar de los hechos, ‘fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos”.
Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios.
Aquel día, el Ejército Mexicano y el Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la “Operación Galeana” con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH) , órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga.
Especialmente “por estudiantes de la UNAM, el IPN, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras universidades del interior de la República”.
La CNDH describe que “los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia”.
El movimiento estudiantil de 1968, tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República.
Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco “opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos”.
En contraste, esa época ya es recordada como “La Matanza de Tlatelolco” del 2 de octubre de 1968.
Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, “a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad, ante el temor de cualquier disputa o riña; los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse”.
Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas.
Ese día “los estudiantes expusieron seis demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas desde el inicio de la protesta estudiantil”.
Particularmente, en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968.
Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron las siguientes:
Libertad de todos los presos políticos.
Derogación del Artículo 145 del Código Penal Federal.
Desaparición del cuerpo de granaderos.
Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día 2 de octubre, “el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza”.
La CNDH precisa que “desde él se dispararon bengalas, siendo la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida; estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros”.
En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse.
Los manifestantes que lograron escapar del tiroteo “se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército”.
Sin orden judicial, “los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos”.
El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30; en los hospitales se reportaron 53 heridos graves; se calculó que el número de detenidos en el Campo Militar Número Uno llegó a dos mil; sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras.
El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos.
Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada (2000-20006), la Recomendación 26/2001, a efecto de que su Gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y evitara por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir.
De igual forma recomendó que en los casos en donde se acredito la desaparición forzada, en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño, mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social, a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada.
Con la consumación de esa terrible matanza, el Estado Mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes:
Derecho a la vida.
Derecho de libre expresión.
Derecho a la seguridad jurídica.
Derecho a la libertad.
Derecho a la legalidad.
Derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la protección contra la detención arbitraria.
En 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, precisó que la CEAV se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y ex dirigentes estudiantiles en busca de la reparación del daño y una disculpa pública por parte del Gobierno federal.
Recomendó al Estado mexicano el reconocimiento de que las acciones del gobierno -entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz- tuvieron impacto y daños en el acto individual y colectivo al señalar a los estudiantes por su ideología.
Solicitó además la implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo mediante la Colección M:68 -recopilación de decenas de documentos que dan cuenta de los movimientos sociales de la década de los 60-, con lo que se busca permitir la reconstrucción de los hechos y el pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción colectiva no condicionan ni extinguen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación total del daño.
Hoy en día, la frase “¡2 de octubre no se olvida!” es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva.
La CNDH establece que ese 2 de octubre, “lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo del impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968”.
