De acuerdo con el INEGI, el 75 % de las personas en pobreza extrema y el 59 % de quienes viven en pobreza enfrentan carencia de servicios.
Redacción AN / ES
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 % al 34 %, lo que representa un retroceso en derechos sociales que afecta principalmente a los hogares más pobres, alertaron especialistas en un foro organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 había 20,1 millones de personas sin acceso a servicios de salud, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 41,9 millones.
“En seis años se incrementó en 21,8 millones el número de personas que no tenían acceso a algún servicio de salud”, detalló la organización.
La situación se agrava en los hogares con menores ingresos. En el decil I, que concentra a los de menor nivel socioeconómico, se registraron 9,7 millones de personas sin acceso, contra 1,8 millones en el decil X, el de mayores ingresos.
Además, el problema se acentúa en ocho estados donde más del 40 % de la población carece de servicios: Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Estado de México.
Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que los datos de la carencia social por acceso a servicios de salud representan alarma roja para corregir de fondo la política gubernamental en materia de salud.
“Urgen acciones que reviertan este franco retroceso y garanticen servicios de salud con calidad y equidad, poniendo especial atención a quienes viven en pobreza y pobreza extrema”, aseveró.
Los especialistas coincidieron en que el incumplimiento del derecho a la salud frena la movilidad social y aumenta las brechas de desigualdad.
De acuerdo con el INEGI, el 75 % de las personas en pobreza extrema (5,2 millones) y el 59 % de quienes viven en pobreza (22,6 millones) enfrentan carencia de servicios.
Además, la problemática afecta también a la población ocupada: 36 % de las personas con empleo, es decir, 22,7 millones, no cuentan con acceso a salud, con mayor incidencia en quienes reciben menos ingresos.
Carlos Vázquez, investigador de México Evalúa, subrayó que la desigualdad en el acceso está ligada a la situación laboral.
“El 34 % se atiende en el sector público, 66 % en el privado y 6 % no se atiende”, detalló.
Agregó que los hogares han duplicado su gasto en medicamentos. “En 2024 el promedio fue de 480 pesos trimestrales, poco más del doble de lo que gastaban en 2018, cuando eran 222 pesos”.
Por su parte, Judith Méndez, directora adjunta de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alertó sobre la caída en el presupuesto público destinado a salud.
“Mientras en 2018 se destinaba el 4,6 % del PIB, para 2026 se perfila que sea alrededor del 1,7 %. Mientras menos invirtamos como país, esta presión se está trasladando al bolsillo de los hogares, en donde alrededor del 40 % se destina a la compra de medicamentos”, explicó.
Los expertos coincidieron en que México requiere un sistema integral, eficiente y universal que garantice el derecho a la salud sin depender del estatus laboral.
“La salud es un derecho universal, no debe ser vista como una prestación; revertir el deterioro en la atención debe ser una prioridad de los gobiernos, tanto federal como estatales”, concluyeron.
