Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Ciudad de México. Por unanimidad, el Senado de la República aprobó hoy la reforma al Artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso para emitir una ley general en materia de extorsión, encaminada a combatir de manera integral ese delito que va al alza, es el que más lacera a la sociedad y deja ganancias millonarias al crimen organizado.
Con 106 votos a favor y cero en contra, el Senado avaló esa minuta que fue turnada de inmediato a los congresos locales, donde se prevé que será avalada con celeridad.
Morena destacó que habrá una ley que unifique criterios y cierre vacíos legales. La oposición demandó que a la par de la nueva legislación, actúen las autoridades de los tres niveles de gobierno. Durante la discusión hubo denuncias de legisladores de todas las fuerzas políticas sobe las diversas modalidades de extorsión que se padece en varios estados.
Al presentar el dictamen, el presidente la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, resaltó que se trata de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley que unifique criterios, cierre vacíos legales y proteja de manera integral a la sociedad al establecer un marco homogéneo.
Además, agregó, establece la la coordinación, sobre todo, de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un mismo modelo nacional.
La extorsión, dijo, “no es un delito menor, la padece todo México, todos los estados, todos los municipios, todas las personas, todas las comunidades”. Sus múltiples modalidades y la disparidad de legislaciones estatales han permitido que esta práctica se expanda como una sombra letal que sacrifica vidas, acaba con familias, invade hogares, negocios y comunidades, pero que además no es incentivo para la actividad económica y comercial”.
“La extorsión, lamentablemente, es un delito en crecimiento y que ha demostrado adaptarse a las nuevas tecnologías, pero que además se ejerce con un alto, altísimo grado de impunidad”, ya que las víctimas no denuncian, porque “le tiene miedo a la represalia y una desconfianza brutal a las fiscalías y a las policías que en muchas ocasiones están coludidas con el crimen organizado”.
Por ello, Por ello, esta reforma constitucional pone nuevamente en el centro de su discusión y procedencia al bienestar y la paz de los millones de mexicanas y mexicanos que vivimos en este país.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, resaltó que se trata de un flagelo, una a amenaza cotidiana en contra de la paz pública, el patrimonio y la integridad de millones de mexicanas y de mexicanos.
Expuso que de acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos seis años la extorsión se incrementó en 57 por ciento.
El Inegi señala, agregó, que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas con un costo superior a 124 mil millones de pesos equivalentes al 0.51 del Producto Interno Bruto. “Estos datos no son números fríos, representan a familias, trabajadoras, pequeños empresarios, pequeños comerciantes que viven constantemente bajo esta amenaza, bajo el miedo, bajo el temor de la pérdida patrimonial, amén, de otro tipo de acechos que van en contra de su integridad física y también de la propia de sus familias”.
Aunado a ello, el país enfrenta “un mosaico de regulaciones fragmentadas, mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de 2 a 8 años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a 3 años”.
Tal disparidad, “no sólo es injusta, debilita el sistema de justicia y abre márgenes de impunidad. Por eso es urgente unificar y homologar con esta reforma. El Congreso podrá expedir una ley general en materia de extorsión que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y las sanciones aplicables en todo el territorio nacional”.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, hizo notar que “faltan las leyes secundarias y sobre todo falta verdadera acción del gobierno , que hoy reconoce que hay un problema grave de extorsión. Dijo que de acuerdo con datos de la Coparmex, en el primer semestre del año se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, la cifra más alta en registros oficiales, con un aumento del 83 por ciento en los últimos diez años.
La senadora de Morena, Araceli Saucedo, expuso la extorsión que padecen los productores de aguacate, limón y otros frutos, mientras que la senadora del PRI, Claudia Anaya denunció que en Zacatecas hay incluso un sindicato dedicado al cobro de piso.
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