La frase ha llegado a banalizarse para ilustrar cualquier situación de caos político, incluso algunos que están lejos de compararse con aquellos días de 1994 cuando fue pronunciada por Mario Ruiz Massieu, entonces subprocurador de la PGR y designado por Carlos Salinas de Gortari para investigar el asesinato de su hermano José Francisco, entonces dirigente nacional del PRI.
Habían pasado seis meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial de ese partido, ejecutado públicamente en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, una colonia pobrísima enclavada en los cerros de Tijuana.
A José Francisco lo asesinó Daniel Aguilar Treviño, un joven tamaulipeco condenado a 50 años de prisión y de acuerdo a las investigaciones de la época, contratado por legisladores federales priistas: Abraham Rubio Canales y Manuel Muñoz Rocha, este último en calidad de desaparecido desde aquellos días de los que están por cumplirse 29 años este mes de septiembre.
Las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero en esos tiempos la nota política ganaba todos los titulares de ‘Alarma!’, el semanario especializado en nota roja, en una trama que mezclaba cualquier cantidad de hechos de sangre cuyos protagonistas eran reputados miembros de la élite gobernante, aderezados con episodios churrigurescos como el de “La Paca”, una ‘chamana’ coadyuvante del subprocurador Pablo Chapa Bezanilla, que a la luz de sus poderes metafísicos aseguró saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Muñoz Rocha, nada menos que en una finca conocida como “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente de la República.
Esto ya fue en el gobierno de Ernesto Zedillo y ciertamente allí exhumaron un cadáver que resultó ser el del consuegro de ‘La Paca’, asesinado a batazos en la cabeza, pero sus restos estaban entreverados con restos de otros cadáveres y ya mejor ni le seguimos con los detalles porque aquello fue un thriller espeluznante que involucró a lo más granado de la clase política gobernante. De hecho, Raúl Salinas fue detenido y encarcelado como autor intelectual del asesinato de Muñoz Rocha y ya en esa trama le descubrieron una serie de conexiones con el crimen organizado que revelaron otra saga de corrupción con recursos públicos y privados.
Mario Ruiz Massieu pasó de ser el responsable de la investigación del asesinato de su hermano, a perseguido por la justicia después de renunciar a su encargo y viajar a EEUU donde fue detenido con 46 mil dólares en efectivo. Después se le descubrirían otras millonarias cuentas en el vecino país. Peor en su renuncia, Mario denunció a los personajes que según su versión habían obstaculizado la investigación sobre el crimen de José Francisco, todos encumbrados miembros de la clase política gobernante. Fue entonces cuando publicó esa frase: “los demonios andan sueltos y han triunfado”.
A casi 30 años de esos hechos, la remembranza que ilustra la descomposición social del viejo régimen que se acercaba inexorablemente a su final, viene a cuento a propósito de lo que está ocurriendo por estos días.
Ayer fue asaltada en un tiroteo, en Culiacán, Sinaloa, una camioneta asignada a la hija del gobernador Rubén Rocha Moya, Eneyda Rocha Ruiz. La camioneta era tripulada por agentes estatales, que resultaron heridos. En ella viajaban dos menores, una de ellas, nieta del gobernador sinaloense, que resultó ilesa.
El episodio, oficialmente se consignó como un intento de despojo de la camioneta, episodio muy común desde hace poco más de un año, lapso en el que han sido robados más de 6 mil vehículos en Sinaloa, muchos de ellos a punta de bala. El dato es significativo, porque tiene que ver con la escalada de violencia que precedió a la nebulosa ‘extracción’ del tristemente legendario narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, hoy preso en EEUU.
Ese episodio no le pide nada a aquellos días de 1994, ni en involucramiento de la clase política ni en montajes tipo ‘Paca’. Recuérdese el intento por hacer pasar el asesinato de Melesio Cuén como producto de una balacera en una estación de gasolina de Culiacán, cuando la versión de “El Mayo” Zambada divulgada a través de una carta indica que fue asesinado en el mismo lugar donde él fue citado a una reunión para mediar las diferencias entre el hoy occiso y el mismísimo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El gobernador sinaloense desmintió esa versión tratando de documentar que ese día se encontraba de viaje a EEUU en un avión prestado por su amigo Jesús Vizcarra, acaso el más próspero ganadero de México, sobre el que se tejen también mil historias relacionadas tanto con Rocha Moya como con Zambada.
Lo que hoy se sabe de este nuevo episodio, a partir de la información generada (y dosificada) por autoridades norteamericanas es que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán le ‘puso un cuatro’ al ‘Mayo’ para entregarlo a agentes federales norteamericanos, a quienes él mismo se entregó una vez en Texas.
¿Y a qué viene -se preguntarán no sin razón el mitotero lector, la picadísima lectora-, tan larga digresión y tan conspiranoico recuento?
Pues nada más y nada menos, les respondería este no menos escamado tundeteclas, que a lo cerca que están pasando las balas en la nueva clase política y los entornos que salpican de nota roja a los protagonistas del ejercicio de gobierno.
Les doy dos nombres para no dejar morir la memoria: Ximena Guzmán y José Muñoz. Ambos fueron asesinados a tiros en una calle de la Ciudad de México apenas en mayo pasado. La ejecución fue perpetrada a plena luz del día y, de acuerdo con expertos, no se trató de un caso fortuito, sino de una operación cuidadosamente planeada y llevada a cabo por profesionales del crimen. Crimen que por cierto, sigue impune.
El atentado de ayer en Culiacán, difícilmente puede pasar como un intento más de despojo de una camioneta de alta gama.
A eso súmele la saga de por lo menos cinco asesinatos relacionados con la trama del huachicol fiscal, otro thriller que involucra mandos militares, marinos, funcionarios públicos y policías estatales y municipales en varias partes del país, comenzando con Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021 y cuya historia da para más de dos columnas, pero de entrada baste decir que le apodaban “El Rey del Huachicol” y que estaba señalado como financiero de campañas electorales en los años recientes.
Magaly Nava Ramos, auxiliar investigadora de la FGR en Colima; Fernando Rubén Guerrero, contralmirante de la Marina que había denunciado operaciones al mismísimo secretario de SEMAR presuntas operaciones ilícitas de sus sobrinos, de apellidos Farías Laguna (uno preso, otro prófugo); Adrán Omar del Ángel, capitán adscrito a la aduana de Manzanillo (muerto en una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora), y Abraham Pérez Ramírez, otro capitán de la Marina oficialmente suicidado, son algunos nombres de personas que ya no están en este mundo, pero cuando lo estuvieron tenían alguna relación con la escabrosa red del huachicol fiscal, un multimillonario negocio ilícito que tiene en un predicamento al actual gobierno federal.
Las comparaciones son odiosas, dicen, pero los indicadores de que algo se está descomponiendo lo es aún más.
II
Afortunadamente la vida sigue y también hay buenas noticias de la gente que sí trae ganas de trabajar limpiamente en aras del progreso y la concordia.
Ayer el gobernador Alfonso Durazo tuvo un productivo encuentro con el sector empresarial sonorense para reforzar acciones estratégicas a fin de fortalecer el crecimiento económico y social del estado.
Durante la novena sesión del Consejo de Participación Empresarial Sonorense se presentaron avances en temas de infraestructura, seguridad pública, turismo y aprovechamiento del agua, temas que dieron origen a la sinergia entre gobierno y sociedad civil para atender las principales demandas ciudadanas en materia de economía, vivienda, medio ambiente y justicia.
En este encuentro ocuparon un lugar preponderante los proyectos estratégicos consolidados en Sonora, como la modernización del puerto de Guaymas y la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad.
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