La información detallada se dará a conocer hoy, pero lo esencial está informado: las autoridades federales, con la colaboración decidida de la Secretaría de Marina, detuvieron a un relevante miembro de las Fuerzas Armadas por su supuesto involucramiento en actividades criminales relacionadas con la importación, distribución y explotación ilegal de millones de litros de combustible. Tenía orden de aprehensión.
Es el vicealmirante Manuel Farías. “El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad”, escribió en redes sociales el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Es, al parecer, un golpe muy trascendente. No sólo porque se trataría del funcionario de mayor jerarquía apresado por el régimen de la 4T, ni porque el vicealmirante Farías sea, o haya sido, un personaje de enorme poder en la Marina. Lo es, fundamentalmente, porque la autoridad federal podrá afirmar ahora con categoría que no está jugando en la persecución de delitos de alto impacto y daño, como el huachicol. Y que si los Bermúdez de Tabasco y los Farías de la Marina son culpables, caerán, pagarán.
