Tijuana, BC. La Secretaría de Marina entregó al gobierno de Baja California un título de concesión para desarrollar el puerto multimodal de Punta Colonet -un viejo proyecto de los gobiernos panistas que se enredó en disputas legales y que Marina del Pilar Ávila retomó después de 25 años-, en medio de la oposición de ambientalistas y académicos a la construcción de un puerto de carga en El Sauzal, también en el municipio de Ensenada.
En un comunicado, la administración estatal informó que la gobernadora destacó durante el acto protocolario que “esta infraestructura marcará un antes y un después en la economía del estado, al consolidar el sur de Baja California como un nuevo polo de desarrollo y oportunidades».
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, apuntó que “este proyecto refleja el compromiso del Estado mexicano con el desarrollo logístico del país y que la participación de la institución naval será clave para garantizar que avance con seguridad y certidumbre”, refirió el boletín.
En octubre de 2022, el Congreso local autorizó a la Ávila Olmeda crear una empresa de participación estatal que se encargó de gestionar la concesión y será responsable de la administración de un puerto que estará a 240 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, y a unos 125, de Ensenada.
En 2024 la Secretaría de Medio Ambiente federal autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de un proyecto que contará con una superficie de 2 mil 769 hectáreas integradas por 83 de dominio y 2 mil 686 de aguas de mar territorial; será, según la idea, 10 veces más grande que el puerto de Manzanillo y 5 veces más que el de Veracruz.
La información oficial destaca que se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado estadunidense, aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, y consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional.
El plan contempla una terminal de gran capacidad con calado de 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, además de una zona industrial y de servicios que detonará la economía del sur del estado.
La construcción está programada en tres etapas entre 2026 y 2035 y abarcará una superficie de 2 mil 769 hectáreas con un recinto portuario de 83 hectáreas.
Morales Ángeles también aseguró que la obra será un puerto seguro y moderno, dando a la entidad un papel estratégico en el comercio internacional y atrayendo inversiones que fortalecerán sectores como la minería, la manufactura y la logística.
El anunció de la concesión se dio luego de que la asociación civil Ensenada Digna consiguiera a partir de un recurso de amparo, interpuesto el 14 de agosto pasado, que un juez ordenara a las autoridades “detener cualquier trabajo relacionado con la ampliación, construcción o modificación del Puerto El Sauzal en Ensenada”, en tanto se efectúa la audiencia incidental, en la que un juez evaluará si se mantiene o no la suspensión de manera definitiva.
La coalición, integrada por ambientalistas, académicos y surfistas, entre otros, organizó el 4 de septiembre anterior una marcha frente al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), a quien el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina le pidió realizar la MIA sobre el puerto de El Sauzal, playa donde existen las olas más famosas de la región.
Dicho proyecto fue presentado en la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum Patdo, a principios de este año, como una ampliación al puerto de Ensenada, con una inversión de 4 mil 900 millones de pesos.
El actual muelle no tiene la capacidad ni infraestructura para manejar toda la carga que le llega por el Pacífico y esto ha provocado severos conflictos viales en la ciudad por el manejo de contenedores y su almacenamiento en patios improvisados.
Uno de los compromisos de la Presidenta fue que el proyecto de ampliación -que implica la construcción de infraestructura para una terminal marítima de carga y 4 kilómetros de escollera- no se haría si la población no lo aprueba. La consulta popular formal aún no se hace, pero la oposición al diseño de parte de investigadores y grupos ambientalistas no se han hecho esperar.
