La Constitución impone un periodo de dos años sin ocupar puestos en el gobierno; durante su presidencia, la jurista destacó por bloquear reformas clave y asumir un papel de oposición
Andrés García S.
Después de más de dos años al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña dejó el cargo de ministra presidenta. Su salida ocurre tras enfrentamientos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, así como por diferencias en la interpretación de reformas clave en el Congreso.
Durante su presidencia, Piña se convirtió en un referente de la oposición dentro del Poder Judicial, bloqueando iniciativas que contaban con aprobación legislativa. Entre los casos más destacados se encuentra la reforma electoral impulsada por López Obrador, cuyos avances fueron frenados por decisiones de la Corte bajo su liderazgo. La tensión con el Ejecutivo se reflejó en eventos públicos, como la falta de aplausos durante el Día de la Constitución en 2023 y la ausencia de representantes de la Corte en la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.
La salida de Piña coincide con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la SCJN, quien anunció una reducción en las pensiones de exministros y la eliminación de algunos beneficios otorgados a quienes dejaron el cargo en años recientes. Estas modificaciones buscan ajustar el régimen de prestaciones para los integrantes retirados del máximo tribunal, afectando tanto a Piña como a otros exministros.
¿Qué restricciones impone la Constitución?
En cuanto a su futuro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone restricciones a quienes dejan la presidencia de la Corte. Según el artículo 101, los exministros no pueden ocupar cargos en el gobierno federal, estatal o municipal, ni en organismos autónomos, por un periodo de dos años. La normativa también prohíbe a los expresidentes participar como abogados, patronos o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Esto implica que Norma Piña no podrá desempeñarse como secretaria de Estado, fiscal general, legisladora federal, gobernadora u ocupar otro cargo público remunerado hasta 2027. La legislación también contempla limitaciones para trabajar en el sector privado, aunque estas restricciones se han ajustado con el tiempo; hasta 2022 existía un bloqueo de hasta diez años para que los exministros asumieran cargos privados relacionados con la justicia.
En declaraciones previas, Piña ha señalado que su interés principal se mantendrá en el ámbito judicial y en la defensa del Estado de Derecho. No obstante, no ha confirmado aspiraciones políticas concretas tras dejar la presidencia de la Corte. Su trayectoria indica un compromiso con la justicia, dejando abierta la posibilidad de continuar su labor en áreas académicas, docentes o de investigación legal, conforme a lo permitido por la ley.
La salida de Norma Piña marca un cambio significativo en la SCJN, tanto en su liderazgo como en la orientación de sus decisiones. Los ajustes recientes a pensiones y beneficios, junto con las restricciones legales para los exministros, reconfiguran el panorama para los integrantes retirados del máximo tribunal, generando un precedente sobre los límites y derechos de quienes han ocupado la presidencia de la Corte en México.
