Internacionalistas y expertos en seguridad apuntan a que Estados Unidos usará la amenaza de una guerra comercial para forzar la mano de México en el campo de seguridad
Carlos Carabaña
Marco Rubio, encargado de la política exterior de Estados Unidos, llega a su primera visita oficial a México con una prioridad encima de la mesa: el tráfico de fentanilo, de la que derivan el resto de negociaciones. El secretario de Estado viene a cerrar con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros altos funcionarios un nuevo acuerdo de seguridad entre los dos países, pero llega a negociar con un arma cargada: la amenaza del presidente Donald Trump de que Estados Unidos declare la guerra comercial con los aranceles como munición principal. Diferentes internacionalistas y expertos en seguridad apuntan en la misma dirección: Estados Unidos quiere que México no deje de bailar al son que ellos marcan.
Sheinbaum ha repetido que cualquier acuerdo con Estados Unidos se hará desde “la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación”. Puede entenderse, como también ha dicho en varias ocasiones, que esto implica que los cuerpos militares de Estados Unidos no realizarán operaciones unilaterales dentro de México.
Trump ha ofrecido varias veces a México enviar tropas para combatir a los carteles y la Casa Blanca incluyó el pasado febrero a varios grupos criminales mexicanos y latinoamericanos en su listado de organizaciones terroristas. Este martes Trump ordenó su primer gran golpe en este nuevo marco. El Ejército hundió en el mar Caribe una embarcación que había zarpado de Venezuela supuestamente cargada de droga. ”Un ataque contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas”, dijo la comunicación oficial. Hay al menos 11 tripulantes muertos.
“Por primera vez en los últimos 30 años de relaciones, Estados Unidos está metiendo una mezcla de temas que se influyen unos a otros en sus negociaciones con México”, explica Raúl Benítez Manaut, profesor en el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes, desde el Tratado de Libre Comercio, cada tema se discutía aparte: seguridad con seguridad, migración con migración, economía con economía. “Pero Donald Trump los mezcla todos: el tema de seguridad no se puede separar de los aranceles y la migración”.
Desde su vuelta a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, Trump ha usado los aranceles como un bate de béisbol contra México y el resto del mundo. La Administración de Sheinbaum logró esquivar un primer ataque el pasado abril y en agosto pudo retrasar 90 días una segunda amenaza. “México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un terreno de juego del narcotráfico”, justificó Trump. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos.
“La visita de Marco Rubio está condicionada por las políticas internas contra los ciudadanos mexicanos dentro de Estados Unidos, en relación directa a si México ayuda a detener el flujo de drogas, principalmente fentanilo”, razona Benítez Manuat, “y el castigo por no cumplir es que Estados Unidos va a ser muy duro con los aranceles o con la renegociación del tratado de libre comercio”. El objetivo final de Rubio, vaticina, es un acuerdo militar de cooperación que permita a Estados Unidos hacer acciones directas en conjunto con México.
Este es el cuarto viaje de Rubio como jefe de la diplomacia de Estados Unidos y ocurre poco después de que la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, presentase el Proyecto Portero, último desencuentro en seguridad entre México y Estados Unidos. La DEA aseguró que tenían un acuerdo con sus socios mexicanos en “la lucha contra los carteles”, pero la presidenta mexicana negó que hubiera algún trato con ellos.
Mientras que la Administración de su mentor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), estuvo marcada por desencuentros constantes con la DEA, la llegada de Sheinbaum y Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pareció mejorar la relación. García Harfuch se entiende con las agencias estadounidenses y, desde la segunda llegada de Trump, los operativos contra el tráfico de fentanilo son constantes en territorio mexicano. También, de nuevo ante la amenaza de una guerra comercial, México ha extraditado a 55 narcotraficantes en dos tandas, incluyendo a Rafael Caro Quintero, un símbolo para Estados Unidos por su papel en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985.
“Desde el punto de vista de México, se le pide un sometimiento a los intereses de seguridad de Estados Unidos”, arguye Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, “esto lo vemos en el cambio en la política de acción contra los carteles, que ha pasado de la estrategia de dejar hacer de López Obrador a los ataques frontales contra laboratorios y los decomisos de precursores para hacer fentanilo; también en las entregas de capos con un sustento legal inexistente o el secuestro de Ismael El Mayo Zambada”.
El Mayo, a la espera de sentencia en Estados Unidos tras declararse culpable de dirigir el Cartel de Sinaloa, fue un criminal incapturable hasta que cayó víctima de una trampa de Joaquín Guzmán López, hijo de su socio Joaquín El Chapo Guzmán. Según la versión de Zambada, acudió a mediar en un conflicto y, al llegar al encuentro, Guzmán López lo secuestró y lo subió a un avión destino a Estados Unidos, donde los dos fueron detenidos. Es otro más de los grandes jefes de la droga de México que solo enfrentan la justicia al norte del río Bravo.
“Seguramente en esta visita se va a formalizar lo que ya se está haciendo actualmente, la pregunta es hasta cuándo van a seguir cediendo a las peticiones de Estados Unidos”, se cuestiona Tirado, “que van a seguir pidiendo cosas es un hecho y hay una entrega a las políticas de Estados Unidos que yo creo que no tiene precedentes en el México moderno”.
La académica y consultora en temas de seguridad y política de drogas, Catalina Pérez Correa, apunta a que Estados Unidos responsabiliza a otros países sin asumir su propia culpa. “Estados Unidos exige que se detenga la producción y oferta de sustancias ilícitas, principalmente fentanilo, enfocando su exigencia en México”, razona, “pero al final toda la droga que llega a Estados Unidos, por ejemplo a una bodega en Nueva York, tiene que cruzar las fronteras y varios estados. ¿Cómo es que las autoridades de allá no lo saben?”.
Rubio, político ultraconservador y que nunca ha tenido palabras amables para México, viene con la misión declarada de lograr “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”. Tiene un as en la manga, y es que la amenaza sigue sobre la mesa de negociación. En menos de 60 días se cumple el plazo para que lleguen los aranceles.
