La presidencia a cargo de la magistrada Celia Mayra durará dos años, por lo que a partir de 2027 la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial será totalmente rotatoria por ese mismo periodo de tiempo.
Redacción AN / JOF
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) arrancó operaciones este martes al quedar formalmente instalado como la instancia que deberá vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales a raíz de la reforma judicial.
La sesión de instalación estuvo encabezada por la magistrada presidenta Celia Maya García, por ser la candidata que obtuvo el mayor número de votos en la elección judicial del pasado 1 de junio.
La presidencia a cargo de la magistrada Celia Mayra durará dos años, por lo que a partir de 2027 la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial será totalmente rotatoria por ese mismo periodo de tiempo.
Los otros cuatro integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial son el ex Procurador General de la Ciudad de México y exconsejero de la Judicatura, Bernardo Bátiz; la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate, esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; el ex titular del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Rufino León Tovar e Indira Isabel Pérez García, ex auditora de Colima.

Tras tomar protesta como magistrada presidenta del Tribunal, Celia Maya, defendió el éxito de la reforma judicial y se pronunció por poner fin a la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, destacando que la reforma judicial no afectó la libertad ni la autonomía de los jueces y magistrados federales para poder emitir sus fallos.
En presencia del ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y del ex ministro Arturo Zaldívar, la magistrada Maya dijo que no se deben tolerar a los malos juzgadores.
En tanto, la magistrada Verónica de Gyves afirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial afirmó que ese órgano de vigilancia “no va a perseguir a las personas servidoras públicas que se opusieron a la reforma judicial”, sino que va a actuar en contra de los jueces y magistrados cuando hay dudas sobre su honestidad, cuando se denuncian que han cometido una injusticia o cuando haya conductas que se aparten de la ley.
Por su parte, el ex consejero de la Judicatura, Bernardo Bátiz, se comprometió a que el Tribunal no se convertirá en una inquisición que perseguirá a amigos o enemigos, sino que va a vigilar “la buena conducta de los juzgadores” para que traten bien a sus subordinados y a los justiciables, es decir, a las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia.