Aunque la política laboral muestra buenos avances, la informalidad laboral y las quejas de denegación de derechos colectivos evidencian retos para los próximos años.
Nancy Escutia y Gerardo Hernández
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La agenda laboral fue una de las más activas en el primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la continuidad de los incrementos al salario mínimo a dos dígitos y la reforma que reguló el trabajo en plataformas digitales son algunos de los puntos a destacar. Pero el mercado de trabajo aún enfrenta desafíos: alta informalidad, baja participación femenina, baja creación de empleo formal y respeto a los derechos colectivos son parte de los pendientes.
De acuerdo con el primer informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de este sexenio, documento que forma parte del informe de gobierno, aunque la informalidad laboral tuvo una reducción entre el tercer trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025, en el periodo enero-marzo de este año “se observa una prevalencia de la informalidad”.
Axel Eduardo González, coordinador de Datos de México, ¿Cómo Vamos? (MCV), indica que la informalidad laboral es un problema estructural del mercado de trabajo. “Se necesitan políticas específicas por tipos de informalidad, son distintas las políticas que se requieren para el sector informal de la economía que las que se requieren para el empleo informal en el sector formal”.
El último dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) evidencia que en julio la informalidad laboral abarcó a 34.1 millones de personas, una cifra récord. Esto representó el 56.1% de la población ocupada, el nivel más alto desde diciembre del 2021.
En lo que va del 2025, el trabajo informal es el único que ha crecido, según la ENOE, con 2.2 millones de personas sumándose a este tipo de ocupación. Sin embargo, el 35% de este crecimiento se concentra en la clasificación “fuera del sector informal”; es decir, en unidades económicas formalmente constituidas.
En ese sentido, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) advierte que las acciones para regularizar los negocios informales o la simplificación administrativa no son la única solución.
“Los trabajos de empresas formales, instituciones y el gobierno que pagan por honorarios, por comisiones, por programas sociales para evadir la relación laboral no requieren ‘simplificación’, sino revisar el modelo de contribuciones al seguro social y el acceso a servicios médicos y de salud”, indica.
Esto no omite la necesidad de atender otras causas del trabajo informal: la ausencia de empleos de calidad y flexibilidad laboral, agrega la organización en un informe.
La reducción de la informalidad laboral es importante. Si bien los incrementos al salario mínimo son positivos, la mayoría de los beneficios de este tipo de políticas se reflejan en el trabajo formal, subraya Axel Eduardo González.
“Es una política exitosa, pero está acotada, porque los ajustes tienen una implicación directa en las personas con empleo formal, las que están en la informalidad laboral no reciben un impacto directo. Aunque en las series de ingresos laborales y los ingresos per cápita se observan incrementos tanto en el empleo formal como informal, las magnitudes son distintas y es el empleo formal donde se ven mayores avances”, explica el especialista de MCV.
Participación laboral femenina, aún baja
Otro problema estructural que tiene pendiente la política laboral es la baja participación femenina en el mercado de trabajo.
De acuerdo con la ENOE, en lo que va del 2025 la tasa de participación laboral femenina ha crecido ligeramente (0.5 punto porcentual), en julio alcanzó un nivel de 46.5%, pero aún tiene una brecha de 29.2 puntos porcentuales con la participación económica de los hombres.
“Con la última medición de pobreza, si distinguimos entre las personas que dedican más de 4 horas al día a labores de cuidados, hay una sobrerrepresentación de mujeres. Mientras que sólo 300,000 hombres en pobreza dedican más de 4 horas diarias a labores no remuneradas, en el caso de las mujeres son 2.4 millones, es una diferencia importante”, señala Axel Eduardo González.
¿Qué hace falta? El especialista enfatiza la necesidad de la creación del Sistema Nacional de Cuidados. “Mientras no se implemente, con programas y partidas presupuestales específicas, quedará como un buen deseo”.
Derechos colectivos y subcontratación, otros retos
Si bien la autoridad laboral ha reforzado acciones de vigilancia en los centros de trabajo, las nueve quejas recibidas entre octubre del 2024 y junio del 2025 a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) muestran que aún hay un reto en el respeto a los derechos colectivos.
Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, dice que los retos son varios, desde una sindicalización baja hasta falta de diálogo, negociación colectiva efectiva y la latente vigilancia de Estados Unidos mediante el MLRR.
En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la STPS también realizó 18 inspecciones extraordinarias derivadas de reportes de posibles actos de injerencia patronal en actividades sindicales.
Para Pedro Estévez, maestro en Derecho Laboral, a la política de trabajo le ha faltado apostar más por capacitación para garantizar el respeto a los derechos colectivos. Las quejas a través del MLRR evidencia que la denegación de derechos y la injerencia patronal aún están presentes.
“Son más visibles por su relación con Estados Unidos y Canadá, pero ¿qué hay de aquellas que no tienen esa participación con el tratado?, entenderíamos que a lo mejor no están tan en regla con el debido cumplimiento”, cuestiona.
El especialista reconoce que, aunque hay estados que se han enfocado en la negociación colectiva, “eso no garantiza que se esté llevando un entorno sindical favorable para cuidar los derechos de los trabajadores”.
Hasta ahora, sólo 33 empresas y 14 sindicatos se han beneficiado con 122 sesiones de capacitación en materia de libertad y democracia sindicales para la negociación colectiva efectiva, pero sólo ocho compañías han sido capacitadas en el marco de la activación del MLRR, según lo informado por la STPS para el primer año de gobierno del actual sexenio.
Por otra parte, Carlos Ferran Martínez dice que el desafío es la convergencia adecuada entre el sector empresarial y de trabajadores respecto a la comunicación, apertura y no injerencia. “Para que una negociación colectiva sea exitosa, requiere de colaboración”, enfatiza.
Los avances de la política laboral
En el primer año de este sexenio, la política laboral muestra avances en empleabilidad juvenil, recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, vinculación de personas en búsqueda de empleo con oportunidades de trabajo formales, establecimiento de condiciones dignas de trabajo, acceso a la justicia laboral y defensa de los derechos de trabajadores formales, indica la STPS en su informe.
Sobre estos ejes prioritarios en la agenda laboral, la dependencia destaca acciones como:
- Más de 400,000 jóvenes beneficiados a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) entre octubre del 2024 y junio del 2025. El 15.6% de los nuevos beneficiarios se localizó en municipios de alta o muy alta marginación.
- Impacto positivo de los incrementos al salario mínimo en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, incluyendo las remuneraciones contractuales.
- El fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para mejorar la vinculación de personas en búsqueda de trabajo con vacantes formales, principalmente para grupos históricamente excluidos del mercado de trabajo.
- La reforma de trabajo en plataformas digitales, actualización normativa y vigilancia a través de la inspección federal del trabajo.
- Mejora en las tasas de conciliación de conflictos laborales y en los servicios asesoría, representación y atención ciudadana de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
“Con firmeza hemos dado continuidad a los proyectos que cambiaron la vida de millones de personas trabajadoras mexicanas en la administración anterior, con el empeño por garantizar el trabajo digno con un enfoque de desarrollo nacional con ‘Prosperidad Compartida’. Lo anterior significa que deben beneficiarse, como resultado de las políticas públicas laborales, todas las personas que componen al sector productivo del país”, destaca Marath Bolaños, titular de la STPS, en el informe.
