La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que prepararse para lo que pueda ir saliendo en Estados Unidos que comprometa no sólo a sus adversarios, sino a su movimiento.
Ayer, el búmeran que lanzó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 en Brooklyn le regresó. Hace cinco años, tras la captura del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna pidió al primer gobierno de Donald Trump un maxiproceso. No lo fraseó así, pero quería que ese tribunal reviviera los momentos de gloria de la Corte de Palermo a mediados de los 80, que en el histórico juicio contra la Cosa Nostra italiana condenó a 360 mafiosos. Durante el juicio salieron sus vínculos con políticos, financieros y empresarios y, aunque no fueron directamente juzgados en ese proceso, en otras causas paralelas fueron encontrados culpables, como el ex primer ministro Giulio Andreoti.
López Obrador cambió concesiones ilimitadas a Trump en materia migratoria –que era fundamental para lograr la reelección–, a cambio de que sus fiscales lograran que García Luna imputara durante su juicio a decenas de políticos, empresarios y periodistas de estar vinculados con el narcotráfico. García Luna se negó a señalar a nadie de quien no tuviera pruebas, aunque los fiscales neoyorquinos le dijeron en cinco ocasiones que no importaba que careciera de pruebas, pues de eso se encargaban ellos. Finalmente obtuvieron lo que querían, no en los términos de López Obrador, sino en las condiciones y circunstancias que le acomodan, un lustro después, al presidente de Estados Unidos.
En la misma Corte de Brooklyn, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos de los 17 delitos de los que lo acusaba Estados Unidos, pidió perdón –una condición en estos casos–, y trazó con brocha gorda lo que en algún momento detallará a los fiscales, sintetizado ante el juez Brian Cogan en una frase: “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente… que continuó durante todos los años en que estuve en control”.
La investigación para desmantelar por completo al Cártel de Sinaloa comenzó en una reunión en Nueva York en 2020, durante la administración Biden, donde se trazó una hoja de ruta interinstitucional para ir construyendo el caso contra la organización criminal. El resultado, como dijo la procuradora general Pamela Bondi este lunes en Nueva York, es que “el reino del terror se acabó”, después de años de “impunidad en los más altos niveles del gobierno (mexicano), y de corromper funcionarios y policías”.
La frase es ambigua, pero en el contexto de cómo se llegó a la declaración de culpabilidad de Zambada, traza un camino hacia el futuro. La investigación contó con la colaboración de las autoridades en Colombia y España, pero no con el gobierno de López Obrador, excluido a lo largo de todo el trabajo realizado por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la DEA. En la reunión en 2020 estuvo Terrance Cole, actual administrador de la DEA, que en ese entonces era responsable de operaciones en América Latina con base en la Ciudad de México.
Cole fue quien comenzó a trabajar la relación de políticos mexicanos con el narcotráfico y elaboró una larga lista de nombres, que, por razones políticas, no prosperó ni terminó en procesos judiciales. Por esa razón, meses después de la reunión en Nueva York renunció a la DEA, y por la razón contraria, retomar lo que había empezado, aceptó de Trump el cargo que ahora detenta. “Nuestro trabajo con México no ha terminado”, dijo crípticamente ayer en una conferencia conjunta e inédita, donde participaron las cabezas de todas las áreas responsables del decapitamiento del Cártel de Sinaloa.
Zambada, junto con Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis El Güero Palma, encabezaron el Cártel de Sinaloa desde 1987, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe del Cártel de Guadalajara, dividió la organización. Estados Unidos lo quería para dos cosas: aportar información sobre la presunta participación de Manuel Bartlett en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, cuando era uno de los matones del Cártel de Guadalajara, y aportar información sobre el narcotráfico en México, en cuyo hábitat vivió 56 años.
El Mayo Zambada es una mina de datos. Durante los años en que fue jefe del Cártel de Sinaloa –con Guzmán y Palma presos– sorteó con impunidad a seis presidentes, decenas de gobernadores –ocho sólo en Sinaloa– y un número incalculable de militares. El potencial de sus revelaciones es devastador, suficiente para llevar a México al banquillo de los acusados.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que no tiene nexos con el narcotráfico, tendrá que prepararse para lo que pueda ir saliendo en Estados Unidos que comprometa no sólo a sus adversarios, sino a su movimiento. Ayer por la mañana dijo no estar preocupada por lo que dijera Zambada –qué más podía decir–, y que en todo caso, deberá aportar pruebas para que haya consecuencias legales en México.
Sheinbaum tiene que analizar lo que reveló Cole: están utilizando “el modelo de García Luna” para desmantelar a los cárteles y, aunque no lo dijo explícitamente, el manto de protección institucional que les permitió crecer y expandirse desde el tráfico de cocaína, como empezaron, al del fentanilo, es lo que se asoma en la siguiente fase en el caso de El Mayo Zambada.
A García Luna lo condenó un jurado popular que escuchó testimonios de narcotraficantes que cometieron perjurio y nunca aportaron una sola prueba de su involucramiento con el Cártel de Sinaloa. La posibilidad de que el juez Cogan anulara el juicio por esas razones se acabó súbitamente tras la captura de Zambada porque, explicaron abogados en Nueva York, no quiso descalificar la figura de testigos cooperantes pensando que en algún momento lo sería El Mayo.
Esta es la dialéctica de la lucha contra el Cártel de Sinaloa, que mete a la presidenta en una encrucijada. Cuando se trató de testigos que mintieron sobre García Luna, lo festejaron López Obrador y ella. Si ahora le aplican el “modelo” a figuras del régimen a quienes acusen sin pruebas, entrará en un forcejeo político con Estados Unidos, hasta que se cansen y actúen directamente, construyendo un caso criminal como el que hicieron con García Luna, y aplicando una solución anti-impunidad como lo hicieron con Zambada.
