EFE
Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó este miércoles que la mexicana Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC en Sonora, donde en 2009 murieron en un incendio 49 bebés, se encuentra en proceso de deportación.
Un portavoz de ICE declaró a EFE que Téllez Nieves fue detenida el pasado 15 de enero por las autoridades de Inmigración en Arizona y ha permanecido bajo su custodia en espera de su deportación.
El funcionario federal agregó que EE.UU. tiene conocimiento de que la mujer, de 51 años, es objeto de una Notificación Roja de Interpol y es buscada en México por abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia en relación con un incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC.
La confirmación de su proceso de deportación se da después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informara la semana pasada que su gobierno pedirá la extradición a México de Téllez Nieves.
Sheinbaum hizo el anuncio luego de que padres de las víctimas y supervivientes informaron que la mexicana estaría solicitando asilo político en EE.UU., bajo el argumento de que su vida corre peligro en México.
Téllez Nieves es señalada como socia dueña de la Guardería ABC. En 2016 fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel, pero tras varias apelaciones y amparos su condena fue reducida a 5 años y 7 meses de cárcel, aunque se encontraba prófuga de la justicia.
Cuenta con una orden de reaprehensión vigente desde febrero de 2022.
El 5 de junio de 2009 en Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada por IMSS.
En el incendio fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, y sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.
La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.
