Razones para cambiar el sistema electoral o la composición del Congreso hay muchas. Pero también interrogantes a considerar: ¿para conseguir qué? ¿Y se definiría cómo? Es decir, ¿qué se pretende con el nuevo sistema y cómo haremos para diseñarlo?
Comencemos por esto último. La presidenta Claudia Sheinbaum ha elegido un procedimiento que le asegura mantener el control sobre la propuesta, con una comisión formada exclusivamente por funcionarios del Poder Ejecutivo, todos bajo sus órdenes. Y se supone que la 4T tiene las mayorías constitucionales para convertir en ley tal propuesta. Es comprensible que lo anterior tenga a la oposición con los nervios de punta.
Sin embargo, habría dos matices importantes que, si bien no invalidan este temor, debemos tener en cuenta. Uno, la convocatoria lanzada permitiría foros de discusión abiertos para criticar y proponer sugerencias. En principio eso no asegura nada, porque son meramente deliberativos y el ejercicio pasado sobre la reforma judicial mostró que sirvieron para muy poco. Pero también es cierto que una y otra vez la propia Presidenta ha intervenido sobre los proyectos legislativos para modificar o suavizar algunos aspectos controvertidos. Normalmente lo hizo para evitar que la clase política mantuviera privilegios o en respuesta a la inconformidad manifiesta de la opinión pública. Temas como la prohibición del nepotismo o la no reelección lo muestran.
Se dirá que hizo muy poco para intervenir en el tema de la elección popular de los jueces, cuya primera versión dejó mucho que desear, pero también habría que decir que fue un proyecto nacido y ejecutado bajo la lógica de su predecesor. Y con esto no pretendo sostener que Sheinbaum sea contraria a la reforma judicial aprobada en el periodo de López Obrador, simplemente asumo que en una versión “segundo piso” el diseño y la logística habría sido menos improvisada y arbitraria.
Una razón para asegurar una comisión tan cerrada en esta ocasión, es también una manera de evitar “colados” de otras corrientes, incluso de Morena que en el pasado han metido autogoles. Buscaría tener, al menos, una propuesta inicial a su satisfacción, aunque luego sea ajustada en cámaras. La reforma electoral y política llevará su sello personal en todos los sentidos.
Y el segundo matiz es que no todo depende de la voluntad de Palacio Nacional. Morena necesita de los partidos aliados para conseguir la mayoría constitucional que exige esa reforma. En condiciones normales la tiene asegurada. Pero ahora se trata del interés de los propios aliados, toda vez que Sheinbaum no ha escondido que desea disminuir presupuesto a los partidos y eliminar el reparto gangsteril que hoy hacen las dirigencias de las plurinominales. Tras la propuesta que envíe el Ejecutivo, habrá luego una negociación de pronóstico reservado.
Eso por lo que toca al procedimiento. Pero más importante que el cómo será el qué; el resultado final. Los críticos temen que la reforma político electoral tenga por objetivo garantizar el poder absoluto para la primera fuerza política. Y no dudo que más de un cuadro obradorista está convencido de que hay una legitimidad ética para hacerlo así, bajo el argumento de que un gobierno en favor del pueblo necesita tiempo para conseguir la transformación del sistema.
Sin embargo, la Presidenta y las corrientes más modernas del movimiento sostienen que el saneamiento de las estructuras políticas es necesario para destapar el control que la partidocracia ejerce en el sistema de representación y en el proceso electoral. Cualquier diagnóstico, superficial o profundo, daría la razón a esta primicia inicial. Las elecciones en México son singularmente caras y han dado lugar a una partidocracia engordada y parasitaria; las 200 curules y 32 escaños plurinominales, en teoría diseñados para representar a las minorías, en realidad están controlados por las dirigencias de los partidos y el cuatismo político. Urge cambiarlo.
Pero el problema no es sencillo. Todas las sociedades políticas batallan para encontrar solución a un problema ancestral: cómo conseguir un sistema capaz de representar a la comunidad (balance entre intereses mayoritarios e intereses minoritarios) y una operación política y administrativa con mínimos de gobernabilidad. Todavía no existe una fórmula para conseguirlo, solo aproximaciones.
Un simple ejemplo muestra tal dificultad. La oposición se queja de que Morena y sus aliados con 53% de los votos de los mexicanos terminaron con 72% de los diputados. Parecería un absurdo. Pero bien mirado no lo es tanto si consideramos que ganó en 85% de los 300 distritos en disputa. En la mayoría de los países eso le habría proporcionado 85% de los escaños (así sería en Estados Unidos, por ejemplo). Las plurinominales intentan corregir eso, pero lo hacen a medias porque son solo 200. Amén de que cuando el PRI gobernaba decidió que también el partido mayoritario obtenía parte de las pluris. El resultado es un engendro. Y, por lo demás, como se ha señalado, acaban siendo repartidas a criterio de los dirigentes de los partidos de oposición, que suelen premiar a sus cuadros para asegurar el control. Muy poco que ver con el espíritu original de dar representación al interés de las minorías.
Sheinbaum ha hablado de eliminar las pluris como tales, pero considera otorgar escaños para los segundos lugares más votados por los ciudadanos, sin la intervención arbitraria de los dirigentes. Eso permitiría la representación de los intereses de otras corrientes políticas, además de la mayoritaria.
Se trata de uno de los muchos puntos que incluiría esta reforma, pero ilustra la complejidad del tema. Habría que insistir en que ninguna fórmula es perfecta en la medida en que el gobierno del pueblo para el pueblo, definición de la democracia, es una meta indicativa, no una descripción logística.
México buscará una nueva versión que, esperemos, constituya un avance razonable sobre lo que hoy tenemos. Ciertamente puede entenderse la desconfianza de la oposición, aunque en parte nace del temor a perder sus propios intereses y privilegios. En todo caso, no vale para justificar toda resistencia a cambiar lo que funciona tan mal. Razones para intentarlo hay muchas. Peligros también, por las tentaciones de los que hoy gobiernan para convertirlo en un candado para perpetuar su poder.
Por capacidad, profesionalismo y laboriosidad no se ponen en duda las virtudes de Sheinbaum como una administradora pública de primer nivel mundial. En ese sentido, México está en buenas manos. Pero ahora se pondrá a prueba algo distinto, su calidad de fondo como jefa de Estado. Morena ha sido el canal que expresa la voluntad de cambio de las mayorías, pero no necesariamente equivale al pueblo. Y desde luego no para siempre. Esperemos que la Presidenta logre contener a los muchos que han preferido confundirlo.
