Es el primer centro de educación superior público víctima de los ataques del Gobierno republicano por las políticas progresistas
Luis Pablo Beauregard
La Administración de Donald Trump busca que la Universidad de California (UC), uno de los centros de educación superior más destacados de Estados Unidos, desembolse 1.000 millones de dólares por supuestamente tolerar actos antisemitas y por otras violaciones de derechos civiles. Se trata de un nuevo capítulo en la pugna entre la Casa Blanca del republicano y las universidades. La UC es la primera red educativa pública atacada por Trump. “Un pago de este tipo devastaría completamente nuestro sistema e infligiría un enorme daño a nuestros estudiantes y a toda California”, ha señalado el rector James Milliken en un comunicado dirigido a la comunidad en el que critica la ofensiva. Gavin Newsom, el gobernador de California, ha ido más allá y ha calificado la maniobra como “extorsión”. El político demócrata promete luchar en los tribunales.
La medida y el monto han sido confirmados por una fuente anónima de la Casa Blanca a la agencia AP. El Gobierno ha congelado los recursos federales a universidades privadas, especialmente a centros de élite como Harvard y Columbia. La pausa al financiamiento también amenaza ahora a centros como la Universidad de Virginia y la George Mason, en el mismo Estado. La Universidad de Pensilvania capituló el mes pasado ante las presiones de Washington por temas de discriminación positiva.
El Ejecutivo ha prometido combatir las políticas progresistas que han marcado tendencia en las universidades estadounidenses en los últimos años. Ya sea la defensa de los derechos de los transgénero en las competencias deportivas o de la libertad de expresión de los estudiantes en las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza.
La Administración Trump busca con su amenaza que la universidad elimine toda iniciativa de discriminación positiva para contrataciones y admisiones, acciones que han beneficiado a las minorías para que tengan acceso a una educación superior de calidad. Este tipo de iniciativas fueron tocadas de muerte hace dos años en un polémico fallo adoptado por la mayoría conservadora del Supremo estadounidense. El Gobierno afirma que está vigilando que los centros respeten la decisión del Tribunal Constitucional.
La UC es una red de 10 campus entre los que se encuentran instituciones reputadas como Berkeley (San Francisco), UCLA (Los Ángeles) y UC San Diego. Tiene cerca de 300.000 estudiantes, lo que lo convierte en uno de los sistemas públicos más grandes e importantes de Estados Unidos.
Algunas de estas sedes sirvieron el año pasado de epicentro para algunas de las protestas más significativas contra el genocidio en Gaza en California, el Estado más poblado del país. Algunas de estas manifestaciones fueron reprimidas con fuerza por los cuerpos policiales de los centros con la anuencia de las autoridades universitarias.
Trump acusa que las protestas californianas albergaron sentimientos antisemitas contra los estudiantes judíos. Por ello, su Administración ha congelado la entrega de 584 millones de dólares en recursos que serían empleados para la investigación y desarrollo científicos en el sistema, considerado una potencia nacional que produce más conocimiento que los Institutos Nacionales. La red recibe cerca de 6.700 becas federales y contratos gubernamentales que ascienden a los 3.850 millones de dólares.
La Administración Trump busca que la UC modifique sus normas internas para que prohíba expresamente las manifestaciones que interrumpan las actividades dentro de sus campus. También exige la creación de una figura que informe de avances y cumplimientos al Gobierno federal.
El gobernador Newsom, protagonista ya de varios enfrentamientos directos con el presidente, ha adelantado este viernes que no cederán ante lo que considera un nuevo chantaje de Trump. “No seremos cómplices de este tipo de ataques a la libertad académica de una institución extraordinaria”, aseguró el demócrata. Este prometió demandar al Gobierno federal para que los tribunales no condicionen los montos destinados a la investigación. Newsom asegura que el centro no pactará con el Gobierno, como lo han hecho otras universidades como Brown y Columbia.
