La cúpula chavista de Venezuela resta importancia a la decisión de Washingon y Sheinbaum insiste en que no habrá intervención en suelo mexicano
Luis Pablo Beauregard
Tensión en América Latina. La orden de la Casa Blanca al Ejército estadounidense para combatir a los carteles en el extranjero propaga por la región ondas sísmicas que amenazan con alterar, todavía más, las relaciones de la Administración de Donald Trump con sus homólogos. La escalada de su Gobierno en la narrativa en la lucha contra el crimen trasnacional aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y al Ejecutivo mexicano de Claudia Sheinbaum, sobre el cual ha planeado el fantasma de la intervención militar desde antes de que el republicano regresara a Washington a su segunda presidencia.
“Estamos jugando con mano dura. Pronto podremos elaborar más al respecto”, aseguró Trump brevemente este viernes sobre la iniciativa, que fue adelantada en exclusiva por The New York Times. Estaobligó a Sheinbaum a responder rápidamente. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión”, subrayó la presidenta en su conferencia matutina. La mandataria insiste en este discurso desde hace meses a pesar de las señales de la Casa Blanca. Esta designó en febrero como organizaciones terroristas internacionales a seis cárteles mexicanos (el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, el Cartel del Noroeste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana) y dos pandillas, Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Sobre estas y sus operativos pesa ahora más presión que nunca.
No se conocen detalles sobre la orden de Trump. Ni cuándo fue adoptada ni si se han sugerido al Pentágono golpes específicos, aunque estos planes ya están siendo diseñados por autoridades militares, de acuerdo a lo que pudo conocer el rotativo estadounidense. El Times desconoce si otras agencias del Ejecutivo, como el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado han desaconsejado estas acciones.
La iniciativa, no obstante, responde a un viejo reclamo del sector más duro del partido republicano. Las operaciones militares estadounidenses contra los narcotraficantes, señalados por Washington por inundar las calles del país con el fentanilo que ha creado una epidemia nacional con más de 70.000 muertes al año, han sido un reclamo de los congresistas de la ultraderecha desde hace años. La política se coló al centro del partido republicano al menos desde 2023, cuando los principales rivales de Trump a la presidencia, como el gobernador floridense Ron DeSantis, también prometían intervenir militarmente con drones en territorio mexicano.
La escalada del Gobierno de Trump ha sido revelada en medio de señales de enfriamiento económico y de presión por el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Por ahora, la decisión parece apuntar directamente al sur de Estados Unidos. Especialmente a Venezuela, donde, al menos desde 2020, las autoridades estadounidenses siguen la pista a los vínculos del presidente Nicolás Maduro y 14 funcionarios de su régimen con el crimen organizado.
Durante la primera presidencia de Trump fueron anunciados cargos penales contra el presidente venezolano y sus alianzas con las FARC, una relación que se origina supuestamente al menos desde el Gobierno de Hugo Chávez. Este año se cumplen dos décadas desde que el caudillo venezolano suspendió la cooperación antidroga con Estados Unidos con el argumento de que la DEA, la agencia antidrogas de Washington, era una herramienta de injerencia extranjera.
Pero Trump 2.0 ha redoblado su apuesta contra Maduro. Pam Bondi, la fiscal general, anunció el jueves que el Gobierno ha aumentado hasta los 50 millones de dólares la recompensa que ayude a la detención de Maduro. La funcionaria acusa al líder sudamericano de colaborar con el Tren de Aragua, una organización nacida en Venezuela hace quince años que operó desde la cárcel de Tocorón, en el centro del país, con la anuencia de las autoridades. La banda se ha expandido a nivel global con el éxodo masivo de venezolanos gracias a la trata de personas, narcotráfico y extorsión.
Maduro es también vinculado por el trumpismo con el Cartel de los Soles, una organización criminal responsable de traficar drogas a Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sumó a finales de julio a la banda delictiva a la lista de organizaciones terroristas globales por sus actividades. En la declaratoria, las autoridades vincularon además a este grupo con el poderoso Cártel de Sinaloa.
El Cartel de los Soles, más que una organización formal, está conformado por varios grupos de poder dentro del Gobierno, con los militares a la cabeza, que favorecen, protegen y se benefician de esta actividad ilícita en Venezuela. El nombre de la organización hace referencia a las insignias solares que adornan los uniformes de los altos mandos militares.
Washington ya había puesto precio a la cabeza de Maduro —15 millones de dólares— en el primer Gobierno de Trump. “Maduro y otros corrompieron las instituciones venezolanas y brindaron protección política y militar a los narcoterroristas (…) Maduro y los demás acusados pretendieron expresamente inundar Estados Unidos de cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”, decía la primera acusación formal contra el presidente, firmada por el fiscal Geoffrey Berman, de Nueva York. Estados Unidos mantiene hoy una narrativa similar contra los capos mexicanos y su deliberada decisión de traficar fentanilo a la nación.
El chavismo siempre ha negado esas acusaciones. “Estas desesperadas ofertas al estilo de western hollywoodense representan un acto de injerencia”, declaró el viernes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. “Nos declaramos en alerta permanente para disuadir y neutralizar cualquier acción contra la paz y la salvaguarda del territorio”, agregó. Otros altos funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, también rechazaron los señalamientos: “Cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen de jefe del cartel de los Soles”.
Aunque el chavismo cortó los vínculos de cooperación con la DEA en 2005, Caracas ha dedicado los últimos años a publicitar sus operaciones de desmantelamiento de laboratorios de droga y el derribo de 312 aviones usados por narcotraficantes desde 2012. El ministro Padrino ha recalcado este viernes que las autoridades venezolanas han decomisado en lo que va del año 51 toneladas de droga.
En México, Sheinbaum, también ha optado por hacer más visibles los resultados de sus operativos contra las mafias del narcotráfico. Sobre todo cuando las voces de los republicanos le reclaman su falta de atención en el tema. “Se ha trabajado mucho en la caída de homicidios, en la incautación de drogas, en la frontera norte y se ha reducido un 50% el paso del fentanilo por la frontera”, dijo con cierto hartazgo a mediados de julio la mandataria. Además, su Gobierno entregó a Washington en febrero a 29 capos de alto perfil para que estos sean enjuiciados en los tribunales federales.
Estados Unidos también considera que los antiguos funcionarios del chavismo son clave para obtener información sobre los supuestos actos delictivos de Maduro y sus colaboradores. En este contexto puede enmarcarse la detención en España de Hugo Carvajal, antiguo jefe de inteligencia de Hugo Chávez, quien fue extraditado a Estados Unidos. El militar retirado se declaró culpable en junio de los cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para el narcoterrorismo y otros dos relacionados con posesión de armas. Conocido como El Pollo, Carvajal es señalado por la justicia estadounidense como líder de Cártel de los Soles. Trump estrecha el cerco sobre este grupo criminal.
