Alejandro Matty Ortega
Ciudad de México.- Ya 11 años han transcurrido desde el peor desastre ambiental en la historia reciente de México y las heridas que dejó el derrame tóxico de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, siguen abiertas.
“Seguimos tomando agua contaminada, sin acceso a un sistema de salud especializado y con una remediación ambiental que nunca llegó”, denuncia Fernanda Hopenhaym Cabrera.
En conferencia de prensa, la coeditora de la Organización PODER, resalta “las promesas se repiten pero las acciones brillan por su ausencia”.
El 6 de agosto de 2014, más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) fueron vertidos al Río Bacanuchi en Cananea, alcanzando rápidamente el cauce del Río Sonora y afectando directamente al menos 25 mil habitantes en ocho municipios.
El desastre
El accidente contaminó uno de los principales afluentes del noroeste del país.
El Río Sonora, con una longitud de 420 kilómetros, nace en la confluencia de los ríos Bacanuchi y Bacoachi, en la sierra de Cananea y Arizpe y desemboca en Bahía de Kino.
El río cruza comunidades como Bacoachi, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.
Desde los primeros días tras el derrame, se reportaron casos de dermatitis, gastroenteritis y otras afecciones gastrointestinales, asociadas al contacto y consumo de agua contaminada.
Estudios posteriores revelaron altas concentraciones de metales pesados como arsénico, aluminio, cadmio, cromo, manganeso, hierro, cobre y plomo en el agua y los suelos de la región.
El impacto
Más allá de las enfermedades, las consecuencias han sido devastadoras para la economía y el ecosistema local.
Agricultores y ganaderos reportaron pérdidas en cosechas y muerte de animales, mientras que el entorno natural del Río Sonora sufrió una alteración profunda, difícilmente reversible.
A pesar de la magnitud del desastre, tanto el Gobierno federal como Grupo México sólo reconocen oficialmente a 381 personas afectadas.
Esta es una cifra muy por debajo de lo documentado por comunidades, médicos y organizaciones civiles.
Río de promesas
Como respuesta inicial, se anunció la creación del Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2 mil millones de pesos destinados a la remediación ambiental, atención médica y compensación económica a los afectados.
Sin embargo, hoy, a 11 años de la tragedia, persiste la opacidad en el manejo de los recursos.
De acuerdo con diversas denuncias, sólo mil 250 millones de pesos fueron utilizados, mientras que el destino de los 750 millones restantes sigue sin esclarecerse.
Aunque directivos de Grupo México aseguran que el total del fondo fue entregado a dependencias federales como Semarnat, Conagua y Profepa, no existe transparencia sobre su aplicación final.
Además, la construcción de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), anunciadas para monitorear la salud de los habitantes, permanece inconclusa.
En comunidades como Ures, donde se detectó presencia de plomo en sangre de varios residentes, los servicios médicos son aún inexistentes o ineficientes.
La corrupción
El Fideicomiso del Río Sonora, lejos de representar una solución, se convirtió en un nuevo foco de corrupción.
Testimonios recogidos por el reportero indican que hubo cobros indebidos, personas que simularon tener hijos, terrenos o empleos para recibir compensaciones, e incluso ciudadanos de Hermosillo, ajenos al área de afectación directa, se beneficiaron económicamente.
Las acusaciones también alcanzan a funcionarios estatales y federales.
Esto, incluso a familiares del empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, señalados por haber desviado parte del recurso originalmente destinado a los damnificados.
Amenaza latente
A pesar del escándalo y las múltiples promesas, el riesgo no ha desaparecido.
Especialistas y organizaciones civiles alertan sobre la posibilidad de un nuevo derrame.
Lo anterior, dada la falta de medidas estructurales preventivas en las operaciones de Grupo México y la ausencia de sanciones firmes.
Mientras tanto, los 322 pozos y norias ubicados a menos de 500 metros del río, de uso agrícola, pecuario y doméstico, siguen sujetos a restricciones impuestas por Conagua, ante la sospecha de contaminación persistente.
Llamado urgente
Hoy, 6 de agosto de 2025, a 11 años de la tragedia, las comunidades del Río Sonora exigen justicia, transparencia y reparación integral.
Exigen respuestas claras sobre el destino de los fondos, atención médica efectiva y remediación ambiental real.
Sobretodo, medidas que garanticen que un desastre de esta magnitud no vuelva a repetirse.
La historia del derrame del Río Sonora no es sólo un accidente ambiental.
La contaminación ambiental es un símbolo de impunidad, corrupción y negligencia institucional, cuya cicatriz aún duele y cuya herida sigue supurando.
