Vamos partiendo de una obviedad: desde su llegando a la gubernatura el Dr. Alfonso Durazo manifestó su interés por aportar a la certeza jurídica de la vivienda; por lo menos nosotros si lo tomamos muy en serio.
También es otra obviedad que el gobernador es insistente para que sus colaboradores cumplan con sus tareas, pero tampoco no se trata de simular avances para presumir que son funcionales a las demandas sociales, así como a los anhelos del mandatario; y esto es precisamente lo que ha pasado con algunos funcionarios y particularmente con Pedro Fontes, Director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES); veamos:
Para no darle muchas vueltas, resulta que hace casi cuatro años el gobernador entrego 100 escrituras y con puros pretextos innecesarios el actual director no ha sido capaz de entregar esos lotes, pero no solo eso, sino que a la mujer que amenaza, vende y despojo lotes la tomo como aliada y ahora sin nada cambio pretende entregarle 70 lotes sin entregar los terrenos indebidamente ocupados.
¿Por qué hace esto el director? Porque pretende hacerle creer al gobernador que está avanzando en una regulación artificial para “demostrar” que es funcional, ya que entregada las escritura… cito textual “que hagan lo que quieren entre ellos”, es decir, crear condiciones para que los pobres se enfrenten con otros pobres porque dos mujeres se empeñan en hacer negocio de los terrenos del gobierno del estado y un funcionario quiere presumir un avance en la regularización, aunque este implique crear una alteración social.
Cualquier persona, grupo, organización o gobierno sabe que en cualquier conflicto una de las bases de cualquier negociación es ceder las dos partes, en este caso no le pidió o exigió nada a Sara Valenzuela ni a Elizabeth Díaz Romero porque vio más factible llegar acuerdos con ellas, y sobre todo con Sara para presumir la falsa regularización.
Olvidemos de la filosofía de la ciudad o del urbanismo ideológico o de un programa de gobierno o sus lineamientos, no hay nada de eso, es solo un pragmatismo irresponsable cuyo objetivo es solo presumir ser funcional como burócrata; qué triste papel confrontar pobres con pobres para que dos mujeres inescrupulosas y un burócrata pragmático lleguen a la conclusión que el fin justifica los medios.
Una de ellas, Sara Valenzuela, ha vendido 678 lotes, algunos hasta tres veces, y la otra, Elizabeth Díaz Romero acaparó dos hectáreas para su familia, y además es funcionaria del Gobierno del estado de Sonora; pero con una de ellas Pedro Fontes tiene un romance metafísico con interés que nada tiene que ver con la subjetividad histórica sino con individual interests, que traducido en español es simplemente intereses de unos cuantos.
Dentro de este inaceptable panorama, también el presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez, debe rescatar las calles y áreas verdes que tiene acaparada Elizabeth Díaz funcionaria del Gobierno del estado.
Podemos decir que conceptualmente y en la praxis hay muchos activistas mucho, mucho, más capaces que varios burócratas, entre ellos Pedro Fontes, pero siempre hay una necedad de creer que tener el poder es la analogía del saber, y claro que no es cierto.
También es cierto que hay gente preocupada por la justicia social y a pesar del complicado social que implica tratar entre la precariedad que agradece como insulta de acuerdo y presionado por sus necesidades, al final si hay un extremo grado de filantropía y esto permite colaborar con funcionarios, aunque no comprendan esta realidad.
Si se tuviera la tranquilidad, el sustento legal y la lectura correcta de la dinámica social, estos elementos podrían abonar en una praxis novedosa y talentosa, pero no, siempre están pensando en tratar de aparentar ser funcionales, aunque el costo lo paguen quienes la vida no les dio su mejor sonrisa.
Todavía hay tiempo que entreguen sus lotes a esas cien familias sin pretextos, ni trampas, ni malabarismo; porque además hay otros cientos de familias que también deben beneficiarse.
Esperemos que la sensatez impere.
