Las instalaciones que ofrecían la certificación y rehabilitación de embarcaciones cerraron hace dos años, lo que incrementó los costos para los pescadores de altamar
Los Mochis, Sin.- Hace dos años cerró la oficina de certificación y rehabilitación de embarcaciones que operaba un particular mediante una concesión federal en el puerto de Topolobampo. Desde entonces, los armadores se han visto obligados a acudir hasta Guaymas, Sonora, para obtener la certificación obligatoria que les permite salir a altamar cada temporada de pesca, lo que ha incrementado sus costos de operación.
La problemática fue planteada por pescadores de altamar del municipio de Ahome a la diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leyva, quien se comprometió a atender el caso a través de la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión.
“Esto incrementa los costos de operatividad. Todas esas cuestiones las hemos recogido, tuvimos la oportunidad de recibir los documentos que ellos nos entregaron como solicitud, y los llevaremos en este regreso al periodo legislativo en la Ciudad de México. Primeramente, a la Comisión de Pesca, para que por medio de ella se establezcan los diálogos con la Secretaría, porque es aún mejor la viabilidad y el seguimiento que se pueda tener”, declaró.
Además, alrededor de 12 pescadores de camarón de altamar solicitaron a la legisladora apoyo para devolver sus permisos de pesca, con el objetivo de que se les liquide económicamente y así poder retirar sus embarcaciones del muelle de Topolobampo. Argumentan que los gastos de operación los superan y ya no cuentan con los recursos necesarios para rehabilitar las naves.
Ana Ayala explicó a Línea Directa que los hombres del mar consideran que esta actividad ya no les resulta rentable, por lo que buscan recibir una compensación similar a la que se otorgaba en años anteriores a quienes devolvían sus permisos.
Agregó que con el retiro de embarcaciones obsoletas que sólo congestionan el muelle, se liberaría espacio para barcos que sí están en condiciones de operar cada temporada.
“Ellos reconocen que las naves ya no están en condiciones, que no es conveniente para nuestro puerto que estas embarcaciones sigan operando. Además, la actividad no les deja beneficios: sería invertir en la rehabilitación, en la certificación, y no tendrían retorno económico. Por eso prefieren retirarlas”, puntualizó.
