La molestia del gobierno de EU se incrementó porque detectaron que Audomaro Martínez les había proporcionado a los espías rusos los nombres de agentes de inteligencia estadounidense operando en territorio mexicano
Algo no cuadra. Si el gobernador de Tabasco, Javier May, compañero de lucha del expresidente Andrés Manuel López Obrador por más de 30 años, fue quien detonó la crisis política en la que se encuentra el senador Adán Augusto López, el operador designado por Palenque, ¿es acaso que estamos viendo, como se planteó en este espacio, la agudización de las contradicciones en el núcleo del poder del régimen?
Hay nueva información que apunta a que, aunque por diferentes razones, no fue mal visto ni en la finca de singular nombre ni en el Zócalo que el descrédito por el caso de la persecución judicial del exjefe de policía en Tabasco, presuntamente vinculado al crimen organizado, se concentre en el senador, aunque para efectos prácticos, parezca un chivo expiatorio.
Es cierto que el senador es amigo desde hace tres décadas del expolicía perseguido, Hernán Bermúdez Requena, a quien la fiscalía tabasqueña acusa de dirigir al principal grupo criminal del estado, La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que lo nombró secretario de Seguridad cuando llegó a ser gobernador.
Sin embargo, información que se procesó y ocultó en el gabinete de seguridad de López Obrador a la que se ha tenido acceso, el principal padrino de Bermúdez Requena es el general Audomaro Martínez, dedicado a los negocios de seguridad privada que fue construyendo en los últimos 15 años, y que durante el gobierno anterior fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El nombre de Martínez no había salido en el episodio que tiene como protagonista central no a Bermúdez Requena, sino a Adán Augusto López, pero de acuerdo con la información, en donde deberían enfocarse las líneas de investigación es sobre el general, amigo, escolta y confidente de López Obrador desde que se conocieron en los 80 en Tabasco, cuando era mayor de Caballería en la 30 Zona Militar en Villahermosa, y el expresidente era delegado del Instituto Nacional Indigenista.
Martínez fue un hombre muy poderoso en el sexenio anterior, apoyando los ataques políticos y difamatorios de López Obrador contra quien se le cruzara en el camino, utilizando los recursos de espionaje del Estado mexicano para que se difundieran de manera ilegal. López Obrador lo protegió siempre, por lo que los reportes en el gabinete de seguridad que prendían alertas sobre el general, siempre fueron desoídos, pese a que llegó a comprometer la seguridad nacional mexicana.
Como director del CNI, de acuerdo con información que ha trascendido y que fue corroborada por funcionarios del actual gobierno, Martínez, autorizado por López Obrador, le abrió la puerta a espías rusos, convirtiendo a México en el país con el mayor número de agentes en el mundo, como reveló en 2022 el entonces jefe del Comando Norte, el general Glen D. VanHerck. López Obrador respondió en ese momento de manera lacónica y desenfadada, argumentando que México era un país libre y soberano. No negó nada y, al año siguiente, la experimentada corresponsal en Washington, Dolia Estévez, documentó un aumento de casi 60% de diplomáticos rusos en México, una buena parte bajo sospecha de ser espías.
La molestia del gobierno de Estados Unidos se incrementó porque detectaron que Martínez les había proporcionado a los espías rusos los nombres de agentes de inteligencia estadounidense operando en territorio mexicano, lo que provocó una protesta formal, pero fuera de los canales institucionales. La respuesta de López Obrador, contada de manera no textual por personas que conocieron del episodio, fue que no le parecía importante porque los agentes se conocían bien entre ellos. La preocupación de Washington en ese momento no consideraba lo que en las áreas de seguridad mexicanas se comenzó a mencionar: que el general también le había dado la misma información al crimen organizado.
No hay evidencia de que, de haber sido ese el caso, los cárteles hubieran tomado una acción contra agentes estadounidenses, presuntamente señalados por el director del CNI, pero se comenzó a acumular información en el gabinete de seguridad sobre acciones sospechosas del general, que tenía un papel decisivo sobre el nombramiento de secretarios de Seguridad en buena parte del país. El caso del padrinazgo de Bermúdez Requena, por cuanto a funcionarios estatales controvertidos, no fue el único.
En la información que se manejó en el gabinete de seguridad mostraban la dimensión alcanzada por Bermúdez Requena, quien, de acuerdo con esos reportes, extendía su control criminal a Chiapas y Tabasco. La primera información sobre sus vínculos fue detectada por los servicios de inteligencia del Ejército, que comenzaron a informar de ellos en 2019 y se hicieron públicos cuatro años después por el hackeo de los servidores por parte del grupo anónimo Guacamaya. El general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, justificó que no se alertó al gabinete de seguridad porque se trataba de “información bruta”, que es como llega la inteligencia, sin explicar por qué nunca la procesaron ni la analizaron para determinar su validez.
Lo que dijo el general, si es cierto lo que afirma públicamente, en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía de Tabasco, es una admisión de omisiones y negligencia. Pero también se puede plantear que, ante la protección que le daba el presidente a Martínez, entendieron que sólo iba a confrontar al exsecretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, con el general Martínez, que estaban enfrascados en un conflicto personal.
La información que tenía el gabinete de seguridad mostraba que el control criminal de Bermúdez Requena en el Golfo de México estaba ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encontrando nexos similares con secretarios de Seguridad y fiscales impuestos por Martínez en el Estado de México, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas.
Lo que políticamente no cuadra, se entiende si se trata, en el fondo, de proteger a Martínez. La información que tenía el gabinete de seguridad, no prueba una culpabilidad automática del exdirector del CNI por los nexos criminales de varios de sus protegidos, aunque tendría que ser investigado como una de las hipótesis de la expansión del CJNG. El problema, que es mayor, es que todo lo que impacte negativamente al general, repercutiría en López Obrador. Así las cosas, mejor ni averiguar.
