Jonathan Calixto / CONECTA ARIZONA
Los cambios recientes en las políticas migratorias han generado preocupación sobre la transparencia y la colaboración entre agencias estatales y locales con autoridades federales de inmigración, en un momento en que los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se han más que triplicado en el estado desde el año pasado.
“Entendemos que detrás de cada cambio de política hay un impacto real en familias reales”, dijo Sena Mohammed, directora ejecutiva de Our Voice, Our Vote Arizona, en un comunicado a Conecta Arizona.
Como parte de una organización liderada por inmigrantes afrodescendientes, Mohammed señaló que es urgente prestar atención a los cambios a nivel estatal y federal que afectan a inmigrantes de todas las razas, etnias y estatus migratorios, “cuyas propias vidas están siendo politizadas y criminalizadas bajo la administración actual”.
Un conjunto de datos sobre arrestos nacionales por ICE recolectados por Deportation Data Project, obtenidos mediante una demanda de FOIA contra ICE presentada por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA, revela los arrestos realizados por ICE entre septiembre de 2023 y junio de 2025.
Comparando los arrestos entre el 20 de enero, cuando inició el segundo mandato del presidente Donald Trump, hasta el 26 de junio, al mismo periodo del año pasado, los arrestos aumentaron 239%.
A las pocas horas de iniciado su segundo mandato, el presidente firmó órdenes ejecutivas que endurecieron la seguridad fronteriza, eliminaron protecciones a ciertos estatus migratorios e impusieron nuevas restricciones a las leyes federales de inmigración. Sus acciones estuvieron dirigidas tanto a personas recién llegadas como a inmigrantes que ya residían en Estados Unidos
Los datos muestran que, para el 26 de junio, los arrestos de ICE en Arizona alcanzaron los 2 mil 743. En los primeros seis meses de 2025 sólo se registraron 810 arrestos.
Los arrestos de ICE en Arizona han sido más visibles este año a través de videos difundidos en redes sociales que muestran operativos en condados como Maricopa y Yuma, así como en lugares de trabajo liderados mayoritariamente por inmigrantes, como las granjas.
Cambios en el Departamento del Sheriff del Condado de Pima
El 21 de mayo, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD, por sus siglas en inglés) modificó su política para dejar de requerir que los agentes documenten cuándo y por qué llaman a las autoridades federales de inmigración.
A pesar de que la normativa sigue vigente en sus reglamentos y procedimientos operativos publicados en línea, PCSD había dejado de registrar llamadas a autoridades federales de inmigracion desde junio de 2023. La política fue cambiada días después que Arizona Luminaria revelara la falta de documentación por dos años.
La supervisora del Condado de Pima, Jen Allen, del Distrito 3, le dijo a Arizona Luminaria: “Mientras la administración Trump demoniza y promueve desapariciones ilegales de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, necesitamos confiar en que la policía local sigue reconociendo y protegiendo nuestros derechos constitucionales”.
De acuerdo con documentos de la agencia obtenidos por Arizona Luminaria, durante un periodo de 18 meses, de enero de 2022 a junio de 2023, el Departamento del Sheriff entregó, al menos, a 16 migrantes indocumentados a la Patrulla Fronteriza.
Organizadores como Mohammed dijeron que la decisión del Departamento del Sheriff del Condado de Pima de modificar su política sólo aumenta a la desconfianza continua entre las comunidades y las autoridades: “La falta de transparencia es un problema persistente en la aplicación de la ley migratoria, especialmente en cuanto a la manera en que la policía local coopera con ICE. Todas las personas inmigrantes son seres humanos, y nuestras comunidades merecen total transparencia y el compromiso de nuestros funcionarios electos de que protegerán nuestros derechos humanos y civiles”.
En enero, tres días después del inicio del segundo mandato de Trump, se presentó la Ley de Cooperación y Cumplimiento de Inmigración de Arizona (AZ ICE Act, por sus siglas en inglés). La iniciativa establecía un marco para que las agencias policiales estatales y locales cooperaran con autoridades federales de inmigración, exigiéndoles firmar acuerdos con agencias federales como ICE, cumplir solicitudes de detención migratoria y prohibir políticas que limiten la cooperación con la aplicación federal de leyes migratorias.
El proyecto fue aprobado por la Legislatura el 15 de abril, pero la gobernadora Katie Hobbs lo vetó tres días después.
Hobbs señaló en una carta de veto: “Seguiré trabajando con el gobierno federal en una verdadera seguridad fronteriza, pero no debemos obligar a los funcionarios estatales y locales a seguir órdenes directas de Washington D.C.”
Actualmente, las agencias policiales estatales y locales no están legalmente obligadas a cooperar con ICE más allá de lo que exige la ley federal. Sin embargo, muchas jurisdicciones de Arizona colaboran voluntariamente con ICE a través de programas carcelarios, especialmente en condados con acuerdos 287(g) vigentes, lo que permite que ciertas agencias estatales y locales estén certificadas para hacer cumplir aspectos de la ley migratoria.
En Arizona existen actualmente ocho acuerdos 287(g): el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona (ADCRR, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de Mesa, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal, la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai, la Oficina del Sheriff del Condado de La Paz —que cuenta con dos acuerdos— y, como nuevas incorporaciones este año, la Oficina del Sheriff del Condado de Navajo y la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma.
El jefe de la Policía de Phoenix dice que el departamento no debe involucrarse en temas migratorios
Matthew Giordano, el recién elegido jefe de la Policía de Phoenix, ha sido claro sobre la relación entre el departamento y las autoridades federales de inmigración.
“No tenemos ningún papel en inmigración desde la perspectiva de la policía local”, dijo Giordano en un foro público para finalistas a jefe de policía en junio.
Al hablar de su experiencia como excomandante en el Departamento de Policía de Phoenix con 20 años en la fuerza, Giordano mencionó la controversial ley SB 1070, que autorizaba a oficiales a perfilar racialmente a los residentes: “Vi el miedo y la desconfianza que creó en el vecindario, y fue preocupante. Cada vez que un miembro de nuestra comunidad no se siente seguro al llamar al 911, hemos fallado. Y les fallamos.”
Giordano reconoció que sigue en marcha el proceso de reconstruir la confianza entre la comunidad y el departamento, pero pareció referirse a las deportaciones masivas bajo la administración Trump cuando dijo: “Ahora parece que estamos retrocediendo, y eso me entristece. Y no quiero que volvamos a ese camino”.
Organizadores que trabajan en las comunidades ven la designación de Giordano como una oportunidad para el cambio.
“Las personas inmigrantes en Phoenix viven con el temor constante de que una simple parada de tráfico pueda resultar en la desaparición o deportación de un ser querido, o de ser detenidas al llamar al 911 en una emergencia. Esperamos que este compromiso se traduzca en acciones para que nuestras comunidades sean más seguras para todos”, dijo Mohammed.
Giordano será el primer jefe de policía permanente en Phoenix desde 2022.
