La sanción por un tuit sin insultos desató un repudio digital global y un debate sobre libertad de expresión y violencia política de género
Porfirio Escandón
El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó a Karla Estrella Murrieta, ama de casa sinaloense, a publicar diariamente durante 30 días una disculpa pública en X por un tuit sin insultos, ha provocado un estallido digital sin precedentes en el país. En las primeras 24 horas tras hacerse pública la sentencia, el caso acumuló más de 120 mil menciones en la red social, de las cuales el 95,1 % fueron negativas. Es decir, una proporción de 19 comentarios negativos por cada uno positivo (19 : 1), según datos de la plataforma Social Listening LATAM.
A nivel global, solo tres escándalos políticos en redes sociales han superado ese umbral de rechazo inicial:
- Silicon Valley Bank (marzo 2023): 21 : 1, primera hora tras anunciar quiebra.
- Cambridge Analytica (abril 2018): 22 : 1, primeras 12 horas tras revelarse el uso indebido de datos.
- Brexit (junio 2016): 13 : 1, una hora después del referéndum.
Con su ratio 19 : 1, el caso “Dato Protegido” —como se ha viralizado por la forma en que el TEPJF censuró el nombre de la legisladora que presentó la denuncia— se sitúa entre los cinco casos de mayor repudio digital mundial en crisis de naturaleza política o institucional. Y más allá del dato frío, la indignación ciudadana se ha tornado narrativa: memes, hilos, videos, foros y hasta parodias han convertido el caso en símbolo de la distancia entre el poder judicial y la ciudadanía.
¿Quién es quién?
Karla Estrella Murrieta, arquitecta y madre de familia, ha usado redes sociales durante más de 15 años. En marzo de 2024 publicó un tuit donde cuestionó el ascenso político de la diputada Diana Karina Barreras —legisladora por el PT en Sonora y pareja del morenista Sergio Gutiérrez Luna— insinuando que su candidatura estuvo influida por esa relación.
El tuit no contenía lenguaje ofensivo, pero fue clasificado por el tribunal como “violencia política de género”. La sanción incluyó asistir a un curso de perspectiva de género y publicar el mismo mensaje de disculpa cada día durante un mes, en un caso sin precedentes contra una ciudadana sin fuero ni cargo público.
El tuit que debe replicar Karla Estrella
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/07/18/disculpa-karla-estrella-tepjf-sancion.jpg)
“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.
La mano del TEPJF y el rol de Mónica Soto
La sentencia fue votada por mayoría en la Sala Superior del TEPJF, con la magistrada presidenta Mónica Soto defendiendo públicamente el fallo. Soto justificó la resolución como una medida necesaria para proteger a las mujeres en política, aunque evitó pronunciarse sobre la desproporcionalidad del castigo frente al contenido original del tuit.
Esta postura generó críticas por el uso selectivo del enfoque de género, en especial cuando se aplica contra ciudadanas sin influencia institucional y a favor de figuras del poder político.
El mensaje presidencial: reprimenda sin rodeos
La presidenta de la República rompió el silencio en el sexto día de la sanción. Aunque sin mencionar nombres, se refirió directamente al caso en su conferencia matutina, calificando de “excesiva” la medida y llamando a los magistrados del tribunal a ser “más conscientes del poder que tienen”:
“Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia. No está bien esta exigencia. Si puede haber una sanción del Tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya disculpa pública y bueno, se hace disculpa pública”, señaló.
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/07/18/diana-karina-barreras-defensa-derechos-mujeres.jpg)
La voz de Karla Estrella: entrevista exclusiva
Ivonne Melgar entrevistó a Karla Estrella para las páginas de Excélsior, aquí un extracto:
—¿Conoce usted a la diputada denunciante?
“No. No tengo relación con ella ni con su familia. No somos del mismo círculo social”.
—¿Cuál fue su intención al publicar el tuit?
“Ninguna personal. Solo cuestioné cómo funcionan los vínculos de poder. Si había algo que aclarar, Twitter era el medio y el momento. Ya llevarlo a una demanda legal me parece un exceso”.
—¿Cómo vive esta experiencia?
“Con ansiedad, sobre todo. Me siento abrumada. Pero también más fuerte de lo que pensaba —dice citando a Álex Syntek—. Me da miedo tanta atención, pero después de ver el apoyo y la indignación de la gente, decidí seguir usando mi voz. Seguiré cuestionando a los políticos que yo crea conveniente”.
—¿Y qué opina de tener que tomar un curso de reeducación?
“Mandarme a reeducar me parece excesivo. No hice apología del odio. Hice una crítica política. Me parece injusto y desproporcionado”.
Comentario editorial
Excélsior, en su edición del 16 de julio, abordó el tema de la siguiente manera;
Calladita… La ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el TEPJF y obligada a disculparse públicamente durante 30 días con la diputada del PT Diana Karina Barreras, pareja del diputado plurinominal Sergio Gutiérrez Luna. ¿Su “delito”? Un tuit sarcástico contra los influyentes de Morena. La escena raya en lo grotesco: un tribunal ordena disculpas diarias y, al mismo tiempo, oculta el nombre de la “víctima” como “Dato Protegido”, cuando cualquiera con acceso a X sabe de quién se trata. ¿Y las feministas de ocasión? Silencio. Ni Citlalli Hernández ni @mujeresgobmx han dicho esta boca es mía. La doble moral no se disculpa, se aborrece.
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/07/18/frentes-politicos-karla-estrella-tepjf.jpg)
¿Hacia dónde va esto?
La sanción contra Karla Estrella ha reabierto el debate sobre libertad de expresión contra discurso de odio, y ha dejado en evidencia una peligrosa ambigüedad legal: si un ciudadano común no puede cuestionar la trayectoria política de una figura pública sin exponerse a represalias legales, ¿dónde queda el derecho a la crítica democrática?
Por ahora, lo que sí queda claro es el mensaje de la sociedad digital: la represión simbólica se paga con repudio viral. En este tablero, el TEPJF —y en particular la magistrada Mónica Soto— juegan bajo el ojo público de una ciudadanía más crítica y con más memoria de lo que el poder esperaba.
N. de la R. El caso conocido como “Dato Protegido” ha abierto una discusión jurídica, política y social sin precedentes en México sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia política de género en el entorno digital. Aunque la sentencia del TEPJF se basa en criterios establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, varios juristas y especialistas han señalado que el castigo impuesto a Karla Estrella Murrieta podría ser inédito en su desproporcionalidad frente al contenido publicado.
Cabe destacar que, según datos del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CEIG) de la Cámara de Diputados, la violencia política en razón de género ha ido en aumento: en el proceso electoral 2020-2021 se registraron 448 casos con denuncias formales ante órganos electorales, pero la mayoría involucró a funcionarios o actores políticos, no a ciudadanos sin cargo público.
El TEPJF ha emitido desde 2020 más de 400 sentencias relacionadas con violencia política de género; sin embargo, según el seguimiento de la organización Integralia Consultores, menos del 5% de estas sentencias han impuesto medidas de disculpa pública obligatoria y diaria como ocurrió en este caso, y ninguna a ciudadanos sin influencia política directa, lo que vuelve este fallo especialmente polémico.
En cuanto al papel de la magistrada Mónica Soto Fregoso, es relevante subrayar que ha impulsado con firmeza la transversalización del enfoque de género en el ámbito electoral, pero también ha sido señalada por organizaciones civiles como Artículo 19 y Redes feministas por aplicar criterios dispares según el perfil del denunciado, lo que alimenta la percepción de una “justicia selectiva”.
Finalmente, el hecho de que el nombre de la diputada denunciante haya sido censurado oficialmente en el texto de la sentencia —bajo el argumento de proteger sus derechos político-electorales—, mientras que el de Karla Estrella se ha hecho público, también ha sido cuestionado por expertos como Javier Martín Reyes, investigador del CIDE, por generar un desequilibrio entre la protección de figuras públicas y la exposición de ciudadanos comunes.
A la fecha de redacción (julio de 2025), el hashtag #ConKarlaEstrella acumula más de 14 millones de visualizaciones en TikTok, mientras que el término “Dato Protegido” se ha posicionado en Google Trends México como uno de los 10 temas más buscados del mes. La viralización del caso refuerza el debate sobre la capacidad del Estado mexicano para equilibrar el combate a la violencia de género con la garantía de los derechos fundamentales, en particular, la libertad de expresión.
Fuentes: TEPJF, INE, CEIG, Digital Planet, Excélsior, CIDE, Artículo 19, Google Trends.
Enlace: https://www.excelsior.com.mx/hacker/dato-protegido-ratio-repudio-digital-global/1727834
