El objetivo es reducir la violencia en las comunidades, mejorar las condiciones humanitarias de la población y bajar su nivel de vulnerabilidad, explican
EL UNIVERSAL
Alrededor de 40 curas y 30 laicos de Matamoros, Ciudad de México, Acapulco, Morelia y Guadalajara participan en el Taller para el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes y agentes, en la Universidad Pontificia de México, los días 14 y 15 de julio, con el objetivo de prepararlos para dialogar con miembros de grupos criminales, a fin de reducir la violencia en sus comunidades, mejorar las condiciones humanitarias de la población y reducir su nivel de vulnerabilidad.
Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, dijo que el objetivo es acercarse a los integrantes del crimen organizado para construir la paz, y “ayudar a que el delincuente se rehabilite, el objetivo es que la Iglesia colabore con las autoridades y con la sociedad civil.
“Hablar de acuerdos pastorales o de posibilidades es que, por ejemplo, un sacerdote que tiene su parroquia en la sierra, en Guerrero, o en la Montaña, tiene que tener alguna forma de acuerdo de paz con la delincuencia… para poder pasar uno con la seguridad mínima de que no va a tener agresión o riesgo de andar en los terrenos de la delincuencia organizada”, comentó a EL UNIVERSAL.
Entre los materiales que estudiarán los sacerdotes están la investigación Negociando con grupos criminales violentos (marzo de 2021), del Institute for Integrated Transitions, que sostiene que se deben identificar lecciones prácticas sobre cómo reducir los riesgos y aumentar los beneficios de las negociaciones con organizaciones delictivas “que puedan darse, ya sea de forma pública o secreta, ahora o en el futuro”.
“El hecho de que las negociaciones con grupos criminales puedan colapsar, producir resultados negativos en su implementación o generar riesgos mortales en el camino, no implica que deben descartarse a priori como herramienta para mitigar el delito o la violencia. Problemas similares o peores pueden surgir de la perpetuación de políticas públicas, de aplicación de las leyes agotadas e improductivas que no logran frenar la violencia y que, por el contrario, condenan a las comunidades a un sistema de violencia y gobernanza criminal, y no responden de manera innovadora a las circunstancias cambiantes”, refiere el documento.
El arzobispo Garfias Merlos manifestó que ya existen experiencias similares de negociación con grupos criminales o violentos en otros países, como en la Diócesis de San Buenaventura, en Colombia, y México podría basarse en ellas.
Los sacerdotes también analizarán la investigación La construcción de paz horizontal: un nuevo concepto desde la experiencia de Colombia (abril de 2023), en la que se detalla que esa nación vive un proceso de construcción de paz, derivado del acuerdo firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, que permitió el desarme y la salida del conflicto de cerca de 13 mil combatientes.
Propone activar esfuerzos de prevención de conflictos en el interior y entre comunidades para incentivar la paz horizontal, es decir, iniciativas locales de paz propuestas por actores sociales para visibilizar patrones y tendencias criminales y violentas.
“[El objetivo es] posicionar acciones conjuntas, promover diálogos sobre detonantes de los conflictos, movilizar a la ciudadanía en función de la prevención y el rechazo a la violencia, y contribuir a posicionar el valor de la vida como elemento unificador”, refiere el documento.
Los sacerdotes también analizarán el conflicto entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa que sumió en una “creciente violencia homicida” a La Laguna (los municipios de Torreón y Matamoros en Coahuila, así como Gómez Palacio y Lerdo en Durango) entre 2008 y 2013, incluido en el folleto Banco de experiencias para la construcción de paz en México, de marzo de 2022.
“Generaron un círculo virtuoso de contención y reducción de la violencia, un modelo de articulación e innovación en la acción colectiva que algunos autores han denominado el modelo de Coahuila, una especie de fórmula aprobada y replicable, de superación de las deficiencias en la articulación institucional y de activación social en el combate contra el crimen organizado”, refiere.
El taller fue organizado por el Instituto para la Paz, Diálogo Nacional por la Paz, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Dimensión Fe y Compromiso Social, la Universidad Pontificia de México y el Centro Lindavista.
