Entre 2020 y 2024, el Consejo Mexicano de Negocios otorgó donaciones por 678 millones de pesos a think tanks, ONG y fundaciones opositoras a la 4T, como México Evalúa, IMCO, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Mexicanos Primero Visión 2030 AC, Signos Vitales. Fundado en 1965, el CMN concentra actualmente a 55 empresas de capital nacional, genera 1.6 millones de empleos y concentra el 17 por ciento del PIB nacional. Cuenta entre sus filas a los más ricos de México. Entre sus beneficiarios destaca el financiamiento a tres think tanks en Estados Unidos: Council on Foreign Relations, Baker Institute y Brookings Institution
En México existen asociaciones civiles ligadas a un grupo empresarial opositor a la llamada cuarta transformación –desde el comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, que contó con financiamiento de agencias del gobierno de Estados Unidos como la USAID, la NED y la Oficina para América Latina del Departamento de Estado. Pero también obtuvo recursos a cuenta del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que entre 2020 y 2024 otorgó 678 millones 816 mil 595 pesos.
El Consejo Mexicano de Negocios concentra a los principales grupos empresariales mexicanos, entre los que destacan: Grupo México de Germán Larrea, Grupo Kaluz de Antonio del Valle, Kimberly Clark de Claudio X González Laporte, Televisa de Emilio Azcárraga Jean.
Como se aprecia en la siguiente gráfica, 2021 –año electoral– fue uno de los años en que más financiamiento otorgó el CMN. Hacia los últimos dos años del gobierno de López Obrador, cuando más álgida fue la lucha de clases por la continuidad del proyecto político-económico y por el tipo de reformas que se plantearon, el financiamiento del CMN aumentó. En 2023 fue por 159.2 millones de pesos y en 2024 por 174.5 millones de pesos.
Destacan varios financiamientos a grupos opositores que operan como think tanks. En el caso del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad recibió en 2020, 22 millones 500 mil pesos; en 2021, 27 millones 450 mil pesos; en 2022, 21 millones 615 mil pesos; en 2023 y en 2024, 19 millones 999 mil 999 pesos, respectivamente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aglutina, a su vez, a varios empresarios del CMN y cuenta con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, así como de la McArthur Foundation y Hewlett Foundation. El IMCO recibió del Consejo Mexicano de Negocios en 2020, 15 millones 750 mil pesos; en 2021 y 2022, 20 millones 4 pesos, por cada año. En 2023 y 2024, 21 millones 224 mil 4 pesos, respectivamente.
El IMCO es un caso particular, pues es uno de los think tanks que se han opuesto sistemáticamente a la política energética de los gobiernos de la 4T, a proyectos de reformas en materia de seguridad y economía y porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto acompañó las reformas estructurales, entre ellas, la reforma energética. Entre sus filas este instituto cuenta con empresarios como Valentín Diez Morodo, quien es parte de grupos empresariales como Grupo Ferroviario Mexicano, Citigroup, Alfa, Kimberly Clark México, Avantel.
Según la misma página del Consejo Mexicano de Negocios, quienes forman parte del IMCO son: Antonio del Valle, Daniel Servitje Montull y Emilio Carrilo Gamboa, este último está en los consejos de administración de Grupo Posadas, Kimberly Clark México, Southern Cooper Corporation, The Mexico Found y Grupo México.
Le sigue otro think tank que al igual que el IMCO destaca por su abierta oposición a las reformas del Plan B, Plan C y particularmente a la reforma al Poder Judicial. México Evalúa recibió del CMN en 2020, 2021 y 2022, 15 millones de pesos por cada año; en 2023 recibió 15 millones 14 mil 308 pesos, y en 2024, otros 15 millones de pesos.
Otro beneficiario del CMN es el Centro de Competitividad de México, que en 2020 recibió donaciones por 12 millones 500 mil pesos, y en 2021, por 14 millones 14 mil 960 pesos.
A éstos se suma el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC, que recibió 10 millones de pesos entre 2021 y 2022, y otros 6 millones entre 2023 y 2024. Como detalló en su momento Contralínea, esta ONG de Alejandro Joaquín Martí García [ya fallecido] a su vez otorgó donaciones a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X González Guajardo.
El Consejo Mexicano de Negocios también ha financiado al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Éste recibió 6 millones entre 2020 y 2021.
A la lista se agrega la organización Signos Vitales, otra opositora a los gobiernos de la cuarta transformación que publicó el artículo “El legado de López Obrador”, que recibió 4.5 millones de pesos entre 2023 y 2024. El presidente es Enrique Cárdenas y el director ejecutivo y prosecretario es Carlos Lascurain. Además, en el Comité Ejecutivo se encuentran personalidades como María Amparo Casar, Julio Frenk, María Elena Morera, Alejandra Palacios, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez-Vélez, Duncan Wood del think tank estadunidense Wilson Center.
Dicho think tank se opuso a la política energética del gobierno de López Obrador. Por otra parte, en el Wilson Center confluyen otros personajes importantes de la política mexicana del viejo régimen y de ONG financiadas por Estados Unidos. Y algunos de sus elementos, como Julio Frenk, ahora se oponen a la designación del doctor Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, encargo que recién le encomendó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, el CMN financió a Mexicanos Primero, Visión 2030 –asociación civil ligada a Claudio X González Guajardo–, que recibió 3 millones 886 mil pesos.
También dio recursos a México Unido Contra la Delincuencia por 2.8 millones de pesos. Esta última organización, además, es de las opositoras que recibe financiamiento de la Open Society Foundation, NED, Fundación Kaluz entre otras.
Financiamiento al sector empresarial
Los informes fiscales del Consejo Mexicano de Negocios, consultados por Contralínea, revelan que además otorgó recursos a otro tipo de instituciones vinculadas al sector empresarial. Es el caso del Consejo de la Comunicación, AC (Voz de las Empresas), que recibió recursos por 166 millones 333 mil 943 pesos entre 2020 y 2024. Esta asociación civil –presidida actualmente por el Ingeniero José Carlos Azcárrraga– cuenta entre sus asociados a la American Society México, US-MX Business Association, así como a las cámaras empresariales más importantes de México, y a grandes rotativos de circulación nacional como aliados.
El Consejo Mexicano de Negocios también financió al Consejo Coordinador Empresarial (CEE) por 5 millones 441 mil 576 pesos en 2020 y en 2021 por 6 millones 656 mil 59 pesos.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología fue financiado por 10 millones de pesos entre 2020 y 2024. Recibió 2 millones anuales. En su consejo directivo nacional se encuentran Valentín Diez Morodo (presidente honorario), Sergio E Pérez Contreras (presidente ejecutivo), Altagracia Gómez (presidenta) y Eugenio Madero Pinson (presidente ejecutivo).
Think tanks estadunidenses opositores
El CMN no sólo financió think tanks mexicanos, también lo hizo con sus contrapartes en Estados Unidos. Son tres tanques de pensamiento que desde 2021 recibieron financiamiento y que, además, constituyen una parte de una red de think tanks de gran relevancia por las redes de poder que se establecen entre ellos y con la política norteamericana. Además, constituyen un gran ejemplo de la puerta giratoria (revolving door).
Cuadro 1. Think tanks en EU financiados por el Consejo Mexicano de Negocios
| Think tanks | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total general |
| The Brookings Institution | 6,776,182 | 6,893,760 | 6,196348 | 19,866,290 | |
| Council on Foreign Relations | 6,227,809 | 3,147,766 | 9,375,575 | ||
| James A. Baker III Institute for Public Policy | 2,078,407 | 1,904,000 | 1,680,323 | 5,662,730 |
El think tank con más financiamiento fue The Brookings Institution, que obtuvo del CMN 6 millones 776 mil 182 pesos en 2021; 6 millones 893 mil 760 pesos en 2022; y en 2023, 6 millones 196 mil 348 pesos. Este tanque de pensamiento fue un abierto crítico a diversas políticas de México en el gobierno de López Obrador.
Por ejemplo, en 2023 Valeria Wirtschafter y Arturo Sarukhan (exembajador mexicano en Estados Unidos entre 2007-2013) publicaron el artículo “México da otro paso hacia su pasado autoritario”. Criticaron las reformas político-electorales del Plan B. Obviando la historia reciente de México en donde sucedieron tres fraudes electorales en 1988, 2006, 2012 en dos de los cuales el INE, antes IFE dio legalidad de las elecciones, ambos autores escribieron: “A pesar de la corrupción, la violencia y la desigualdad, México ha funcionado como una democracia electoral durante casi tres décadas, con competencia política y una sociedad civil vibrante. Gran parte de ese éxito se debe al INE”.
Por otra parte, criticaron también la reforma energética. En 2022 The Brookings Institution publicó el texto de Lourdes Melgar (quien fuera consejera directiva de Pemex en 2014, previamente subsecretaria de Hidrocarburos entre 2014-2016 y antes subsecretaria de Electricidad entre 2012-2014) “La contrarreforma energética de México podría descarrilar las perspectivas de una América del Norte próspera”. El texto concluye: “las implicaciones de la reforma energética son profundas. De aprobarse en sus términos e implementarse, la competitividad de México se vería comprometida debido al aumento de las tarifas eléctricas y al incremento de los apagones debido a la escasez de suministro, lo que pondría en riesgo la recuperación económica del país. Las inversiones no fluirían a México debido a la falta de un suministro seguro de energía limpia. Es probable que las empresas con compromisos de cero emisiones netas trasladen sus operaciones al otro lado de la frontera”.
A tres años de esta última publicación de Melgar, dicha conclusión quedó alejada de la realidad: ni se aumentaron las tarifas, ni se fue la inversión, ni hubo apagones. Sin embargo, sí constituyó parte de la manufacturación de consenso contra la reforma. Manufacturación que en su momento se denunció pues hubo un gran cabildeo en contra de la soberanía energética de México.
El otro think tank es el Council on Foreign Relations (CFR), uno de los think tanks con más peso por su importancia política, sus vínculos con políticos estadunidenses y porque en uso de la puerta giratoria alberga a ex funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
El CFR fue financiado por el Consejo Mexicano de Negocios por 6 millones 227 mil 809 pesos en 2021, en 2022 por 3 millones 147 mil 766 pesos. Este think tank por ejemplo, criticó las reformas del Plan B y abonó a la retórica del debilitamiento institucional y erosión democrática que hizo desde 2019 una de sus investigadoras, Shannon K. O’Neil.
En 2023 Elliot Abrams quien fuera encargado para Venezuela del primer gobierno de Donald Trump, un experto en golpes de Estado y con experiencia en la contrainsurgencia en Centroamérica, escribió el artículo “Regreso al futuro en las relaciones entre Estados Unidos y México”. Ahí mencionó que “la desaparición o el debilitamiento del Estado de derecho en México, incluyendo la erosión de los derechos de propiedad y contractuales, y la pérdida del control de regiones enteras del país a manos de grupos criminales, perjudicará a Estados Unidos de una forma que no habría sido en la década de 1980. Y los derechos humanos, tanto en la retórica como, a menudo, también en el fondo, han adquirido un papel más importante en la política exterior estadunidense”.
Pero quizá el texto que deja ver la ideología, mentalidad y la política pública que esperaban de la administración del expresidente Joe Biden es el que escribió Shannon K O’Neil en 2022, justo cuando se plantearon reformas del Plan B y las dos reformas energéticas.
O’Neil, fiel al pensamiento injerencista escribió: “el apoyo de Estados Unidos a la democracia de México debe ir más allá de las palabras y las reuniones. USAID y otras organizaciones gubernamentales deben seguir apoyando a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos de los ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las fundaciones con sede en Estados Unidos deberían seguir su ejemplo y volver a centrarse en México después de años de disminución de la atención, a medida que mayores conexiones y recursos transfronterizos aumentan la visibilidad, los recursos y la influencia de las ONG y organizaciones locales que buscan mantener la línea democrática”.
Esa “línea democrática” quizá es la de los fraudes electorales como en 1988 o en 2006, o la de la constante injerencia vía USAID, NED, Departamento de Estado y varias agencias de seguridad de Estados Unidos que tuvieron presencia en México por fuera de controles democráticos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. O es la de las represiones como en Aguas Blancas, Nochixtlán, Ayotzinapa o Acteal y muchas otras que sucedieron entre los gobiernos de Carlos Salinas al de Peña Nieto.
Por último, está el James A Baker III Institute for Public Policy que fue financiado por el Consejo Mexicano de Negocios por 2 millones 78 mil 407 pesos en 2021, por un millón 904 mil pesos en 2023 y con un millón 680 mil 323 pesos en 2024.
Al igual que The Brookings Institution, en el James Baker Institute se encuentra Lourdes Melgar con el cargo de Nonresident Fellow. Este think tank tiene a su vez el Centro para Estados Unidos y México, en el que Claudio X González tiene un becario.
En abril de 2025, este think tank criticó la retórica de la reforma al poder judicial. En el estudio “Unpacking the Rhetoric Behind Mexico’s Judicial Reform” (Descifrando la retórica detrás de la reforma judicial de México), menciona que entender las retóricas es “esencial no sólo para entender la actual remodelación del poder judicial de México y sus impactos en la democracia constitucional del país, sino también para comprender otras instancias de erosión democrática en las Américas”.
Antes, en 2023, publicó el análisis “AMLO Is Undermining What’s Left of Mexico’s Favorable Investment Climate” (AMLO está socavando lo que queda del clima favorable para la inversión en México), en el que intentó hacer un balance de cómo será recordado el gobierno de López Obrador.
En ese texto menciona que “históricamente, es probable que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador sea recordada desfavorablemente por reducir el poder de las agencias gubernamentales independientes, invadir otras instituciones democráticas, alentar la intromisión de los militares en muchos aspectos de la vida mexicana, no combatir eficazmente la corrupción, poner a México en camino de incumplir sus obligaciones ambientales del Acuerdo de París y permitir que los cárteles de la droga actúen con total libertad”.
A la luz de dos años de dicho análisis, la respuesta del pueblo de México fue contundente: casi 36 millones de votos que le apuestan a la continuidad de la 4T, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Con estabilidad macroeconómica, con derechos sociales y económicos garantizados constitucionalmente. Con órganos autónomos que combatan realmente los monopolios, ajenas a poderes fácticos como sí sucedió con el INE, Cofece, Inai, principalmente. Y con un nuevo poder judicial electo por el pueblo.
Este tipo de lecturas de think tanks que, además de tener conferencias y reuniones públicas con congresistas estadunidenses, son ampliamente retomadas por la prensa nacional en México. Esa es la doble funcionalidad que cumplen los think tanks, proveer una “voz experta” y manufacturar consenso. Es eso lo que financia el Consejo Mexicano de Negocios con más de 678 millones de pesos en los últimos cinco años del gobierno de López Obrador.
El CMN y el poder económico
Desde su creación en 1965, el Consejo Mexicano de Negocios ha concentrado a los principales grupos empresariales mexicanos que, bajo el modelo económico construido desde 1940 hasta 1970 fortaleció industrias y empresarios como parte del modelo de sustitución de importaciones.
Tras las distintas crisis económicas y el cambio del modelo económico mexicano, las 55 empresas que conforman el CMN crecieron hasta concentrar –según datos del mismo portal de internet del Consejo– el 17 por ciento del PIB, con 1.6 millones de empleos y operaciones en 87 países.
Además, cuenta entre sus filas a los principales grupos empresariales que se opusieron a la transformación que implicó la llegada del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, destaca Grupo México de Germán Larrea, Grupo Kaluz de Antonio del Valle, Kimberly Clark de Claudio X González Laporte, Televisa de Emilio Azcárraga Jean, por mencionar sólo algunos.
Según los datos consultados por Contralínea, en 2024 el órgano de gobierno del Consejo Mexicano de Negocios estuvo constituido por Rolando Alberto Vega Saenz (presidente), como vicepresidentes figuran Juan Ignacio Garza Herrera, José Antonio Pérez Anton, Jorge C Esteve Recolons, Laura Renee Diez Barroso Azcárraga; y como tesorero, Valentín Diez Morodo. Los datos a los que accedió Contralínea no mencionan que el órgano de gobierno reciba algún tipo de remuneración.
Sin embargo, como se muestra en el Cuadro 1, en 2020 el órgano de gobierno sí recibió un salario y estuvo integrado por otros perfiles. Por ejemplo, destaca el caso más alto el de Fausto Gerardo Gurrea Martínez (gerente), con un salario de 5 millones 999 mil 619.53 pesos; seguido por Regina Gándara Mendoza (directora), quien recibió 3 millones 765 mil 164.16 pesos.
Cuadro 1. Salarios del Órgano de Gobierno del Consejo Mexicano de Negocios en 2020
| Nombre | Monto | Cargo |
| Regina Gándara Mendoza | $3,765,164.16 | Directora |
| Fausto Gerardo Gurrea Martínez | $5,999,619.53 | Gerente |
| María Zimbron Alva | $1,110,237.60 | Coordinadora |
| Gabriela Cortés Green | $1,397,667.90 | Coordinadora |
| Miztli Cecilia Ríos González | $1,021,259.00 | Coordinadora |
| Mayra Patricia Garza Martínez | $414,864.38 | Coordinadora |
| Margarita Vargas Flores | $180,305.95 | Administradora |
| Norma Marcela Cerón Gómez | $314,111.85 | Administradora |
| Judith Dehesa Quezada | $83,538.00 | Administradora |
En la página del CMN figuran otros perfiles como el de Ana M Aguilar, Enrique Zambrano Benítez, Antonio del Valle, Daniel Servitje Montull, Emilio Carrillo Gamboa y Regina Gándara Mendoza. En el diagrama siguiente, se muestra la amplia red de miembros del Consejo del órgano de gobierno con distintos grupos empresariales e incluso dos think tanks opositores al gobierno de México en la actualidad y que, además, reciben financiamiento del gobierno Estados Unidos.
