IPG, sancionada por la SEC en 2011, aparece como compradora de Vector Global. En el mercado hablan de un lavado de cara orquestado por Romo.
Redacción
En el mundo financiero no pasó desapercibido el anuncio: Investment Placement Group (IPG), una firma de inversión con base en San Diego, comunicó su intención de adquirir la operación internacional de la casa de bolsa Vector. Operadores del mercado describen esta compra como un intento de lavado de cara, a casi una semana de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denuncie a la filial mexicana de Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
La lectura en el sector es clara: la operación excluye la parte más comprometida del grupo, o sea la mexicana. El negocio que IPG busca adquirir es la estructura internacional -Vector Global Wealth Management-, la cara más prolija del holding. Por eso, entre los ejecutivos circula la idea de que se trata de una maniobra más formal que real, sin un traspaso genuino del control.
La operación fue anunciada por IPG en un comunicado en el que confirmaron haber firmado una carta de intención con Vectormex International Inc. La compra, que aún depende de un proceso de due diligence y aprobación regulatoria, fue presentada como un paso más en la expansión regional de IPG. “Esto nos permite continuar nuestra expansión en Estados Unidos y América Latina”, declaró su CEO, Adolfo González-Rubio Beckmann.
Pero IPG no es un jugador cualquiera. Fundada en 1983 en California por un grupo de inversores mexicanos, se presenta como una firma de inversión con enfoque en family offices gestión patrimonial y fondos de inversión para clientes de alto patrimonio. Su CEO es Adolfo González-Rubio Beckmann, quien lleva décadas al frente de la empresa y tiene negocios paralelos en Baja California ligados a leasing y venta de autos.
En 2011, la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos sancionó a la firma y a González Rubio por no haber supervisado adecuadamente a un empleado que ejecutó un esquema fraudulento junto a la firma mexicana InvesTrust, que perjudicó a fondos de pensiones mexicanos.
Según un documento oficial de la SEC al que accedió LPO, el ejecutivo Aurelio Rodríguez, entonces empleado de IPG, interponía de manera innecesaria a la casa de bolsa mexicana en transacciones con la firma InvesTrust. Esa maniobra permitía inflar los precios de ciertos instrumentos financieros -principalmente notas vinculadas a crédito-, generando sobrecostos por unos 65,000,000 de dólares para los clientes mexicanos. IPG y los involucrados obtuvieron más de 6,000,000 de dólares de ganancias con este mecanismo.
El caso no terminó en juicio, pero derivó en un acuerdo administrativo con sanciones económicas y disciplinarias. IPG debió pagar una multa de 260,000 dólares, más la devolución de 3.57 millones en ganancias y otros 240,000 en intereses. González-Rubio fue suspendido por tres meses de cualquier rol de supervisión en firmas financieras. Los acusados no admitieron ni negaron los hechos, pero aceptaron el acuerdo.
El correlato de la operación deja un mensaje cada vez más nitido en el sector financiero: despúes de las acusaciones del Tesoro, aquellos que son señalados, casi no tienen chance de recuperarse del daño reputacional y operativo y por eso se aceleran las conversaciones de fusiones u adquisiciones.
